Colombia y Yo

Indudablemente el pueblo es superior a sus dirigentes. La afirmación quedo comprobada en que la población médica del país estuvo por encima de los gobernantes Álvaro Uribe y su ministro de Protección. Solo se requirió la solidaridad. El presidente de la Academia Nacional de Medicina, Gustavo Malangón, reveló que se llegó a un acuerdo con el gobierno para “reversar” el decreto de emergencia social estableciendo sanciones económicas hasta de 50 salarios mínimos mensuales a los médicos u odontólogos que llegasen a formular por fuera del POS establecido. “Los médicos podrán salirse del protocolo impuesto por el gobierno y los estándares  que le quiso dar el carácter infalible y obligatorio cumplimiento serán solo puntos de referencia para su ejercicio profesional. Desaparece la camisa de fuerza que se les quiso imponer en gobierno. Como es cuestión lógica y natural, “un medico está en libertad de salirse de ese protocolo, pero lo debe justificar ante sus pares. Esas sanciones las va a determinar el Tribunal de Ética Medica y no necesariamente serán sanciones económicas, sino sanciones que están previstas como atribución de esos tribunales, puede ser la suspensión del ejercicio profesional por un tiempo, llamadas de atención privadas o públicas”.

Como la canción. Jalisco nunca pierde y cuando pierde arrebata, el ministro de Protección Social,  hizo que muchos millones de colombianos  soltaran la risa al afirme que “no se trata de un “reversazo”, sino de la determinación del gobierno de respetar la autonomía médica y que sean ellos que determinen si es justo el tratamiento que recete el profesional de la salud. La propuesta del gobierno es que sea la Academia  de Medicina y las mismas sociedades las que puedan identificar, en aquellos casos en los cuales la evidencia sea incontrovertible, puedan ellos en su libertad decidir si unos estándares son obligatorios o no para los médicos”. La posición de los médicos, la tomó el ministro como una oferta del gobierno cuando no se dio cuenta que no  tenia para donde más coger, cuando había perdido la jugada.

Los gerentes de los hospitales públicos de Bogotá anunciaron que las medidas de Uribe y su ministro afectarán los logros de la red pública hospitalaria de Bogotá que anualmente realizan cerca de 15 millones de atenciones en servicios salud, con al menos 200 mil urgencias, 30 mil partos, 314 mil atenciones por gratuidad en salud y un millón de remisiones a especialistas. (Este sería el reflejo de lo que ocurriría en el país). En cuanto a su sostenibilidad económica, la red pública hospitalaria, señalaron,  en los departamentos financieros “reposa un alto número de pagarés y letras  de cambio que son el más autentico  indicador del más alto grado de pobreza de nuestra población.  Es imposible pretender que estas personas que no han pagado en el pasado, porque no tienen nada de nada, lo que mas abunda en ellos es el hambre, puedan pagar de su bolsillo los servicios que no están contemplados en el Plan Obligatorio de Salud, convertidos ahora, por gracia de los decretos de Uribe y su ministro, en prestaciones excepcionales”.

El Personero de Cali y actual presidente de la Federación Nacional de Personeros de Colombia liderará un proceso ciudadano en procurá de la revocatoria de los decretos de emergencia social expedidos por el Ministerio de la Protección Social, que según afirmó, “más allá de regular, restringen el derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. Las medidas recientemente expedidas en el marco del Estado de Emergencia Social, son totalmente inconvenientes y ponen en riesgo su vida de millones de seres humanos si no cuentan con los recursos para hacerlo. Es inconstitucional el decreto que somete a los enfermos a disponer de su patrimonio, sus cesantías y ahorros para pagar los costos de su atención médica. Aunque el Decreto 128 de 2010 señala la creación del Fondo de Prestaciones Excepcionales en Salud, Fonpres, para cofinanciar a las personas que no tengan suficiente capacidad de pago los recursos son finitos y sólo podrían cubrir hasta determinada cuantía. Cientos o hasta miles de colombianos de escasos recursos pueden perder hasta su vida por no tener acceso oportuno, de calidad y eficiente, a los servicios de salud que requieren, por lo que en la próxima audiencia pública que convoque la Corte Constitucional para analizar la legalidad de las normas expedidas en desarrollo de la Emergencia Social, solicitaré que se declare inconstitucional esta inconveniente reglamentación”, precisó el Personero de Cali.

La emergencia social simplemente es un esfuerzo del presidente Álvaro Uribe y su ministro para conservar intacto un negocio monetario y que no quieren aceptar que fue u gran negocio que se daño. Los colombianos no se van a aguantar ese fuetazo en las costillas. ¿Cuántos billones de pesos se habían presupuestado como ganancias logradas de las multas a los médicos por recetarle al paciente los medicamentos que necesitaba y que por aquello de la “coima” que pagan los laboratorios no estaban en el Pos? ¿Cuántos billones por la ruina de muchas personas humildes, a quienes les habría tocado que vender sus bienes para pagar una obligación social del Estado Colombiano, tenían computados? Con Uribe la cosa es jodida porque no piensa sino cuantas ganancias deja tal o cual idea, el ser humano como tal, le importa un carajo.