Colombia y Yo

¡Lo que el presidente Álvaro Uribe está pretendiendo hacer con el registrador Nacional es un “falso positivo”. Al presidente le parece mas grave tomarse un wisky, que paramilitares, narcotraficantes y corruptos sean elegidos como congresistas. Una de las perores infamias que se haya visto en Colombia salió de la Casa de Nariño con las sindicaciones del gobierno al registrador. En mandatario de los colombianos lo señala como la peor crápula del país responsabilizándolo de haber violado la ley seca (prohibición de consumir bebidas alcohólicas) y de la demora en algunas facetas de la información electoral. “El presidente y su Ministro del Interior están respirando por la herida que les dejó el recto comportamiento del registrador frente a la reelección y la no expedición de una certificación que esperaban fuera dada por fuera de la ley y la Constitución porque la pedían para Uribe. El propósito del presidente, es claro, busca distraer la atención nacional e internación sobre la calidad de “políticos” elegidos por los partidos adeptos a su administración y que tienen vinculan con paramilitares, corruptos y narcotraficantes. En un malicioso comunicado que leyó el jefe de presa del gobierno nacional se advertía: “Le ruego investigar la denuncia que han hecho varios ciudadanos, según la cual el Registrador Nacional, Carlos Ariel Sánchez, y algunas personas a su alrededor, habrían violado las normas que obligan a no consumir licor el día de elecciones”. En forma automática se vino un aludo de personas que testimoniaron lo contrario al boletín que redactó el presidente Álvaro Uribe. Un diario mejicano señaló: “Magistrados, candidatos y periodistas aseguraron que Registrador no tomó licor en elecciones. Se trata de personas que estuvieron desde las cuatro de la tarde hasta las cuatro de la madrugada alrededor del funcionario acusado. El registrador atendía a los periodistas por lo menos tres o cuatro veces por hora y ninguno lo vio alicorado. Estas personas manifestaron que, “estamos dispuestos a presentarnos ante la Procuraduría para dar fe de la conducta intachable del Registrador”. Un testimonio de gran valor es el de la gerente de la campaña del precandidato conservador Andrés Felipe Arias. Salió en defensa del registrador Sánchez y dijo que, “estuvo en Corferias todo el tiempo. En la oficina la Registraduría para conocer los resultados electorales, de 5 de la tarde a 4 de la mañana, y que, ”jamás vi al Registrador ni a ninguno de los funcionarios de la Registraduría a los que tuve acceso con actitudes irregulares como estar tomando licor”. Como boche de oro están las declaraciones del Procurador: “Yo estuve todo el tiempo en mis funciones de vigilancia y nunca vi que se repartiera o se consumiera licor por parte del registrador o funcionario alguno”. “Uribe creo un falso escándalo alrededor del Registrador para entretenernos y no nos demos cuenta que clase de políticos están formando el nuevo Congreso. Es como para llorar de vergüenza y tristeza que el presidente ande preocupado por cosas imaginarias e hipotéticas consumo de tragos y no se haya pronunciado sobre la hoja de vida de quienes resultaron elegidos. Eso si es preocupante para el mundo, pero para Uribe es placentero. No más cortinas de humo o un falso positivo contra el registrador”. El pecador no es el registrador, es el presidente. El segundo capitulo de la Cortina de humo de Uribe fue echado por tierra por Iván Ribón, director general de Arolen quien reconoció que las fallas de la divulgación de resultados no fue culpa de UNE, ni de la Registraduría, sino de su firma. Denunció ser víctima de ataques informáticos. Contrario a lo afirmado por el presidente, “El proceso tecnológico de las elecciones no fue un fracaso. Hubo un pequeño problema en la divulgación de los resultados en Internet, reconocemos que las fallas se presentaron en el segmento de publicación en Internet y asumimos la responsabilidad. Toda la información electoral que llegó se procesó, se consolido y que a las 6 de la mañana del lunes 15 de marzo, ya había consolidado un 95 por ciento de la información. Los datos nunca fueron alterados y los resultados nunca estuvieron en riesgo”. De la misma manera dijo que hechas investigaciones técnicas de punta, “encontramos que efectivamente el día domingo después de las 4 de la tarde la pagina web de la Registraduría Nacional fue blanco de un ataque concertado, corresponde a un ataque de denegación de servicios, por un poco más de 12 horas… se pudo detectar más de 75 mil hits por segundo, algo así como intentos de ingreso al portal web a la vez, lo que generó fallas en la divulgación de los datos. Esta situación fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación, para que se adelantes las respectivas investigaciones penales”. Se aclaró que este ataque cibernético no fue hecho por el Registrador a quien acusa el presidente fue por gente extraña al sistema electoral colombiano. La Organización de Estados Americanos (OEA) denunció que en las elecciones parlamentarias del domingo hubo compra de votos, problemática que calificó como de “fondo” y una forma de “burlar” normas electorales. Sobre este particular el mandatario de los colombianos. Álvaro Uribe, ha guardado silencio cómplice. “Pagaban 20.000 pesos (un poco más de 10 dólares) y un sándwich por un voto. Los partidos políticos señalados son los de la corriente del presidente… El galimatías de corrupción y ríos de dineros del Estado y del narcotráfico serían el escándalo político de estas elecciones, como lo fue hace cuatro años la parapolítica”. Siendo honrados, en esto de las elecciones parlamentarias tiene más pecado el presidente y sus amigos que el registrador. Uribe quedo con sus malas intensiones como un zapato viejo y roto para tirar a la basura. ¡Colombia merece respeto señor Uribe!

Eso de ejercer vigilancia en torno a las elecciones de congresistas y de presidente es una buena manera de preservar la democracia y la pureza de la voluntad popular. No creo que  a nadie que actúe honestamente le pueda molestar que lo estén observando detenidamente y de cerca. Lo único dudoso es que el Presidente y  el ministro del Interior meta sus narices y sus manos en el procedimiento. De nadie es un secreto que se trata de politiqueros, de esos que les importa un carajo apelar a lo que sea para no perder, imponerse a las buenas o las malas y después “celebrar el triunfo” con muchas alegrías y abrazos. Ejemplos ya hay muchos de su imparcialidad y poca rectitud en sus actuaciones. Uriel, -Unidad de Reacción Inmediata Electoral- será la vigilante de que las elecciones se lleven a cabo con tranquilidad y actuaría en torno a: La Desviación de dineros públicos a campañas. Funcionarios actuando en favor de candidatos. Compra de voto de electores. Inscripción irregular de cédulas de ciudadanía.  “El paramilitarismo y en narcotráfico en la política, hoy está presentes con sus familiares y allegados en partidos con nuevas siglas, como PIN y ADN”.  Es denuncia que hace ampolla física y moral a los colombianos y no se causa de regocijo.

Como es ya tradicional, el presidente de la república en un acto público protagonizado por él, trató de orientar las funciones del organismo de vigilancia e investigación electoral. Les reclamó “poner todas las precauciones, para que en las listas no haya personas que hayan tenido alguna vinculación con grupos criminales o con grupos terroristas. Esto es necesario para que la financiación sea totalmente transparente”. De la primera queja que recibió “Uriel”, no dijo nada.  La radicó un periodista por la aparición en sitio público wn reunión convocada para un supuesto evento gubernamental, del presidente Uribe junto a varios candidatos al congreso del partido de la U y partidos sospechosos de irregularidades como el PIN el ADN en Soacha.

¿Funcionará Uriel como es debido? La Uriel está integrada por el Ministerio del Interior y de Justicia, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, el Programa Anticorrupción de la Presidencia, la Defensoría del Pueblo, la Registraduría Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la Policía Nacional y las Fuerzas Militares. Obsérvese que la mayor parte de los integrantes son personas dependientes y reciben órdenes de la presidente, incluida la procuraduría. No es muy saludable, señalan observadores, que eso funcione en el Ministerio del Interior. Debiera estar en la Fiscalía o la Defensoría para que tuviera confianza y credibilidad ante la gente del común. En un primer informe la Procuraduría anunció, a las 24 horas de estar operando la vigilancia electoral, habían llegado 600 quejas, según lo confirmó la delegada para la función pública. La funcionaria señaló que las quejas más recurrentes son las relacionadas con la financiación de las campañas políticas, compra de votos y participación en política de empleados públicos.

La casi totalidad de quejosos provienen de partidos contrarios al gobierno. Como responsables son señalados partidos uribistas. Sobre este aspecto se conoció que, “Un equipo de la fiscalía y la Policía empezó la investigación por la filtración de dineros irregularmente en las campañas políticas”. Cali, Santander, la Costa son algunas de la regiones donde hay mayor sospechas y dudas y  que en las campañas se ven ríos de dinero que podría provenir del narcotráfico y los paramilitares. Una denuncia concreta señala que “los partidos políticos ADN y PIN están comprando votos en los departamentos de Bolívar y de Santander mediante dos modalidades. Una es a través de los concejales y los ediles y la otra es directamente con los ciudadanos. En el primer caso los candidatos de esas colectividades le estarían pagando a las personas de elección popular sumas que van entre los 18 y los 30 millones de pesos para que sus electores voten a favor del candidato que está efectuando los pagos”. Fue denunciado el, “voto combo, donde ofrecen 50 mil pesos a una persona por un voto a la Cámara y 50 mil por un voto al Senado cuando vayan en fórmula. Le retienen las cédulas a los electores, comprueban que la persona haya votado para devolverles la cédula y dales el dinero que les habían prometido”.

“Cuando a un concejal le ofrecen $30 millones, $15 millones o $10 millones por su caudal electoral, es porque algo grave está pasando… cuando hay afirmaciones de que grupos armados ilegales estarían financiando campañas en partidos como ADN, PIN, Apertura Liberal, la U y Conservador, algo está pasando…”  Indudablemente que el Ministro del Interior  y  la Procuraduría no lo verán nada y menos lo hará Álvaro Uribe. ¿Prueba?  Atreverse en Soacha a presentar en público a los sospechosos de acciones ilegales y antidemocráticas. Por eso quienes  afirman que si Uriel funcionara lejos del Ministerio de Gobierno y la Presidencia de la República, lo haría mejor. Allí hay instituciones respetables como la Fiscalía, la Defensoría, Registraduría y Consejo Electoral que no tienen porqué estar en predios del gobierno. Entre más lejos del veneno, menos posibilidad de intoxicación.