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Asesinando gentes no se hace Patria

Colombia y Yo — Thu, 15 Jul 2010 03:22:12 +0000

Las cosas que suceden en el país dejan atónitos a nacionales y extranjeros. “Nunca antes ha habido tanta seguridad para el ciudadano y las instituciones como ahora”, predican sin descanso algunos altos funcionarios, pero, la verdad no es esa, la gente tiene que vivir en un ambiente diferente, de miedo y zozobra interminables. Todos los días caen colombianos de distintos niveles económicos, sociales y políticos asesinados. Entre más inseguridad mas se la insiste a los colombianos que vivimos en un recinto de seguridad gracias a las políticas de las armas. El escenario de sangre va desde el campo hasta la ciudad pasando por los pequeños poblados y aldeas ubicadas en los cuatros puntos de la geografía nacional. No se trata de algo ocasional y da la impresión que todo obedeciera que todo es un plan general. La verdad única es que seguridad para los colombianos en forma generalizada no hay, pueda ser que si exista para determinados sectores de la cúpula política y económica, pero para el común no. ¿Cómo se justifica esa cantidad de crímenes y barbarie que registran día a día los medios de comunicación?

El homicidio de siete militantes de partido político Polo Democrático Alternativo, en los últimos tres meses, obligó a su dirigencia a denunciar eso delitos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. El estado de inseguridad y desprecio de las autoridades por frenarla es visible. En el país hay experiencia con otros partidos de izquierda que fueron aniquilados por los sectores de extrema derecha al punto de no dejaron ni el rastro de lo que fueron. Entre ellos la Unión Patriótica. “Contra los integrantes de Polo no cesan las acciones de intimidación. Han recibido amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley, terroristas de extrema derecha, quienes volvieron a pasearse por Colombia, como “Juan por su casa”. Estamos a un nivel similar a de la época bárbaras de Pablo Escobar y del maridaje letal entre políticos corruptos y paramilitares de la ultima tercera parte fin del siglo 20.

La Presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López, anunció la conformación de un Pool de abogados para preparar y presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, una solicitud formal de medidas cautelares para la protección de la vida de los dirigentes y representantes del Partido en los cargos de elección popular. Otro tanto para quienes hicieron dejación democrática de sus posiciones con motivo de las elecciones parlamentarias que acaban de pasar. López Obregón solicitó una reunión con el Ministro del Interior y justicia, “para darle a conocer esa denuncia internacional de los sucesivos crímenes contra sus militantes y realizar el seguimiento al acta de la reunión sostenida con él donde se discutió sobre medidas de protección al candidato Gustavo Petro y al ex Presidente del Partido, Carlos Gaviria. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, estaremos haciendo una solicitud formal de medidas cautelares para la protección de la vida de los dirigentes y representantes del PDA en los cargos de elección popular”. Con darle a conocer el documento al ministro no se le está pidiendo permiso ni cosa parecida, simplemente se le demostrará a los colombianos y al mundo que no es nada secreto ni clandestino. Simple y sencillamente se le pedirá al gobierno aplicar la Constitución Nacional en donde establece que es su obligación imperativa, inaplazable y inexcusable, es garantizare la vida, honra y bienes de todos y cada uno de los colombianos, sin excepción alguna.

Los últimos caídos con balas fratricidas son: Ibio Efrén Caicedo, educador Afiliado a la asociación de instructores de Antioquia, Rogelio Martínez, líder campesino de San Onofre en Sucre, Iván de la Rosa, líder cívico en Barranquilla, comprometido con la campaña presidencial de Gustavo Petro, Rogelio Tunusco líder en Buga en el Valle, Francisco Antonio Abello, líder en San Juan Paprieto en el Magdalena, Carlos Wagner Valencia, Concejal del Municipio de Tulúa e Inocencio Rengifo, Concejal de Cantón de San Pablo, en el Chocó. Un ejemplo de la forma como murieron: “El cuerpo de Inocencio Rengifo, concejal por el municipio Cantón de San Pablo, fronterizo con Panamá, fue encontrado a la orilla de un riachuelo con un impacto de bala en la cabeza”. El concejal “no había informado ninguna amenaza en su contra”, aseguró el oficial y las autoridades dijeron que “desconocen quienes pueden ser los autores del crimen”. Es el típico procedimiento de los paramilitares de otras épocas aciagas para Colombia. Por lo menos un centenar de dirigentes del Polo Democrático que han recibido amenazas de grupos armados ilegales como “Los Rastrojos” y “Águilas Negras”, integradas por narcotraficantes y ex paramilitares, según las autoridades.

Este partido cuenta con unos 3.000 dirigentes en todo el país y la dirección nacional la forman 260 personas. No se necesita ser militante de él para que duelan esos crímenes. Cualquier demócrata recibe el impacto directamente. En Colombia se viene insistiendo, absurdamente, en una democracia de un solo partido como sucede en Cuba y es por eso que las autoridades nacionales no toleran que haya colectividades que actúen y piensen diferente a ellos. Siempre ha sido su política satanizar y señalar a quien abrace partidos de esencia social. Democracia de un solo partido no es democracia, simplemente es una dictadura. Si en Colombia es imposible, está muy ajustado que se encuentre y halle justicia en el exterior en organismos internacionales. Asesinando gente no se defiende ni se hace patria.

El show de Ingrid

Colombia y Yo — Tue, 13 Jul 2010 22:07:46 +0000

El ridículo que acaba de protagonizar la ex secuestrada Ingrid Betancourt rebasa todos los límites de la falta de carácter y personalidad. Después de que entró con toda las fuerza a anunciar que demandaría al estado colombiano por su secuestro y daños que le causó a ella y su familia, reculó para anunciar que ya no iba a proceder de esa forma y que buscaría una conciliación. Los que siembre hablan para todo, con fundamento y sin este, como el Ministro del Interior y un grupo de 5 o 6 funcionarios nacionales, dos generales, tres o cuatro ex magistrados e igual número de senadores y representantes, lo volvieron hacer y la condenaron unos y agredieron otros, algunos en términos duros. Ya para lo último tomó la decisión que, “retiraba la conciliación”. El internet de un momento para otro se llenó de agravios contra la colombo-francesa echando por el suelo el prestigio y admiración que había conseguido como consecuencia de su secuestro y sufrimiento en la selva. “La reacción ciudadana, gubernamental y de los medios en realidad terminó haciendo nugatorios sus derechos y no permitió que hubiera ambiente para que la justicia hubiera determinado si Ingrid tenía la razón”, precisó su abogado. La asustaron, a intimidaron y le doblaron la voluntad inicial de intentar una acción legal, la que de paso sea dicho, está protegida por la Constitución Nacional.

El más nervioso de todos los ministros fue y sigue siéndolo el de Defensa Nacional. ¡No era para menos! En donde la querellante hubiese triunfado, la evolución del tema de los secuestros hubiese sido de por los menos 180 grados. La cascada de demandas o conciliaciones monstruosa e incontenible. De todas formas hay quienes en su sapiencia jurídica creen que podría haber legitimidad en las aspiraciones de los ex secuestrados no murió con la determinación de Ingrid y algunos de ellos creen que, “cada caso es diferente por lo cual intentarán independientemente su propia acción”. Algún hombre dedicado al estudio del derecho señaló que la semilla ya estaba sembrada y que, “son las cortes y no los ministros quienes al final de las cuentas, deben fallar”. El Ministerio de Defensa se notificó de la decisión de Ingrid Betancourt de desistir de una demanda contra el Estado sin demorarse un segundo. Los abogados estuvieron presentes en la Procuraduría durante el desarrollo del protocolo legal del retiro de la conciliación extrajudicial por más de 14.000 millones de pesos, US$ 6,8 millones. El módulo jurídico del gobierno examinará los términos de la decisión y sus alcances jurídicos para establecer si queda cerrada toda aspiración económica de Ingrid Betancourt y su familia o si hay alguna hendija y anunciaron que una vez concluya este examen jurídico se dará a conocer un pronunciamiento oficial.

El ex-diputado Sigifredo López, único sobreviviente de la masacre de once diputados a la Asamblea del Valle a manos de las Farc, en las selvas de Nariño, se constituyó en parte civil dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra del grupo guerrillero. “Mis abogados tienen poder y son parte civil dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía 38 Penal Especializada de Derechos Humanos. Se procura el embargo de algunos bienes que han sido incautados a las Farc, con el fin de lograr una reparación por los perjuicios causados a mí y a mi familia”. De la misma forma recordó que, “existe jurisprudencia del Consejo de Estado en demandas emprendidas por familiares de algunos de los ex-diputados asesinados, donde se confirma que hubo fallas en la seguridad y que se trató de un secuestro anunciado”, lo que permitiría actuar contra el Estado Colombiano. “Cada caso de los secuestrados es diferente, ocurrieron en circunstancias particulares y por ello cada uno ha emprendido sus acciones legales”. Entre esos emprendimientos está el de Ingrid consideran algunas personas, pero el gobierno puso en funcionamiento la aplanadora y la destruyó. Los cuatro congresistas del Huila que estuvieron en poder de las Farc durante seis años empezaron desde el mes de abril del 2010, mediante acción de reparación directa, a buscar indemnizaciones del Estado, recurso que interpusieron ante el Tribunal Administrativo del Huila mucho antes de que se conociera la intención de Ingrid Betancourt. Elevaron este recurso contra el Ministerio de la Defensa, el DAS, la Policía, el Congreso, el Departamento administrativo de la presidencia de la República y el Ministerio del Interior. “Todo eso está dentro de la ley y es perverso que se le atropelle antes que los magistrados fallen”. El senador Jorge Eduardo Géchem demandó a la Aeronáutica Civil porque el avión de aires en que viajaba entre Bogotá y Neiva fue bajado por la guerrilla en la vía, entre los municipios de Gigante y El Hobo para secuestrarlo.

El ex rehén de la guerrilla de las Farc, Ingrid Betancourt, blanco de críticas, iniciadas y estimuladas por el gobierno, por su aspiración a recibir una indemnización del Estado colombiano de unos 8 millones de dólares por su secuestro, retiró este martes esa aspiración cayendo en un gran ridículo por no haber sostenido en su posición. “Después de retirados los documentos, la familia de Ingrid Betancourt no podrá interponer una demanda para pedir su reparación”. El caso de Betancourt es único. “No existe antecedentes de solicitudes de conciliación por parte de otros ex rehenes. Es el único que cursaba en la actualidad”, informó la Procuraduría. Betancourt, de nacionalidad colombiana y francesa, fue secuestrada por las Farc en febrero de 2002 y rescatada por la Fuerza Pública colombiana en julio de 2008 en la cinematográfica ‘Operación Jaque’. Ante una aspiración legal, el vicepresidente Francisco Santos, dijo: “Es un premio mundial a la ingratitud y a la desfachatez. Estoy indignado, triste y desilusionado”. ¿Un atropello? ¿Una acción inducida por el gobierno?

Las Chuzadas y la Casa de Cariño

Colombia y Yo — Fri, 09 Jul 2010 04:12:14 +0000

Hasta hace poco el ministro del Interior, sin fundamentos de ninguna naturaleza, abría toda la boca por los diferentes medios de comunicación de Bogotá para asegurar que ningún funcionario de la Casa de Nariño estaba involucrado en el escándalo de las “Chuzadas” del Das. Daba a entender que los empleados y asesores, especialmente estos últimos, estarían a años luz de que estuvieran envueltos en la violación de los derechos humanos a magistrados, periodistas y políticos por intereses políticos. En otras palabras, que se trataba de “palomitas de Fátima”, llenos de pureza y piedad cristiana”. Hoy los colombianos y los organismos inter nacionales asisten al espectáculo grotesco de los funcionarios altos de la Casa de Nariño, han sido llamados por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación que adelanta por la mas ruin acción de un gobierno en toda la historia de Colombia. Hoy vemos la urgente necesidad que tiene el país de una ley que aplique destitución como mínimo de los funcionarios que como el presidente de la república y sus ministros les mienten una y otra vez a los colombianos. La mentira y el ensaño no pueden seguir siendo el arma de los gobernantes como lo usó Álvaro Uribe.

“Antes de quince días el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, citará al Secretario de Prensa de la Presidencia, Cesar Mauricio Velásquez; al Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo; al Viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, y el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, para que rindan interrogatorio por su presunta responsabilidad en el escándalo de las “chuzadas” del DAS”. Todo parece indicar que fueron estos funcionarios los responsables intelectuales del evento que hizo quedar al país como un zapato viejo frente a los organismos internacionales de derechos humanos y el respeto a la dignidad humana. Fueron estos sujetos fanáticos del presidente Uribe quienes no vieron ningún inconveniente pasar por encima de los acuerdos internacionales, la constitución y las leyes. Estaban totalmente obnubilados y se imaginaron falsamente que Uribe seria para la eternidad, que era un Dios Intocable y que ellos gozaban de los mimos privilegios y que por eso estaba por encima del bien y del mal. No cabe la menor duda, ante la rectitud dignidad de nuestros fiscales y jueces, que estos individuos delincuentes de cuello blanco, les va a pasar lo mismo que a los promotores de la segunda reelección. Se verán acorralados y tendrán que confesar, pedir sentencia anticipada, lo hizo la madre de la yidispolítica.

Parodiando la frase del Comandante del Ejército, pronunciada ayer en la televisión, “Ningún terrorista puede estar blindado en un país que se llame democrático”, nosotros diríamos: “Ningún promotor de la violación de los derechos humanos, (terrorista de extrema derecha), a magistrados, políticos y periodistas puede estar blindado en un país que se llame democrático… Los colombianos saben, los periodistas saben exactamente en donde están los que ordenaron las chuzadas, el gobierno colombiano sabe con precisión, el señor presidente del la República sabe con precisión…”. Una cuestión lógica es la de que los “chuzadores” no actuaron porque se les venía en gana a ellos n i en su beneficio. Eso es imposible en una institución de esta naturaleza en donde todo es programado, ordenado, con disciplina y responsabilidad ante su inmediato superior. Las órdenes salen de la cúpula y van bajando hasta llegar al ejecutante. Pregunta: ¿En el Das de Uribe, cada funcionario podía hacer lo que se le daba la gana o las ordenes venían de la presidencia? Buscar hacer creer a los colombianos y al mundo que en el máximo organismo de inteligencia un país como Colombia, bajo órdenes directas del presidente de la república, cada cual hacia lo que le venía en gana, es un ridículo o una expresión de máxima irresponsabilidad de los jefes. Estamos de acuerdo general, en Colombia no puede haber ningún delincuente, guerrillero o de cuello blanco, que esté blindado, tiene que ser perseguido y reducido a la presión conforme lo señalan las leyes, las que el mismo gobierno y el congreso uribista mayoritario elaboró, aprobó y sancionó.

“Estos funcionarios y ex funcionarios del gobierno que han sido mencionados por la Fiscalía en audiencias contra otros involucrados en el escándalo de las chuzadas, como partícipes en reuniones que se habrían celebrado en la Casa de Nariño y en la que se habría orquestado un plan de desprestigio contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, dicen las noticias más frescas sobre este tema. Cuando el gobierno amenazó acabar con el Das y castigar a los empleados que nada tuvieron que ver con las “chuzadas” comenzaron salir el seno testigos y declarantes idóneos. Se trata de una reacción humana, instinto de defensa. “Unos pocos fueron los responsables de las chuzadas e iban a pagar más de seis mil personas, que trabajaban en secciones diferentes, pero que sabían las cosas que sucedía por estar dentro del Das, que guardaban silencio presionados, pero que no cometieron los delitos”. Las mentiras de Cossio y su amo, el presidente, y de algunos Jefes del Das, hicieron florecer en calidad y cantidad, los testigos de las interceptaciones ilegales. En las chuzadas, el DAS y la Casa de Nariño van por el mismo camino…eso es bueno para la Patria.

Epilogo: La Corte Interamericana de Derechos Humanos elogió el trabajo de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial en Colombia. El que viene desarrollando en la defensa de derechos fundamentales de los colombianos mereció reconocimiento internacional. El tribunal internacional señaló, “con satisfacción que la máxima instancia de la justicia penal ordinaria colombiana ha adoptado la jurisprudencia internacional en defensa de los derechos humanos. Eso se ve reflejado en sus fallos”. Instancias internacionales como la Relatoría para la Defensa de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han dado cuenta de la vulnerabilidad a la que están expuestos magistrados y jueces, tras recibir ataques de parte de integrantes de otras ramas del poder, (presidente). Destacaron las investigaciones que se adelantan por las interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

La iglesia confía… el gobierno no

Colombia y Yo — Fri, 02 Jul 2010 23:25:14 +0000

Es vicio entre los colombianos que no hacer nada para contribuir a solucionar los problemas sociales, pero cuando alguien trata de hacerlo, le caen encima en gavilla y le agreden de forma feroz, casi criminal. En las últimas horas ha surgido una noticia que abre una nueva posibilidad para liberar a los 17 soldados y policías secuestrados por las Farc. En forma automática el gobierno a través de sus voceros y detrás de ellos muchos insensatos e inconscientes, buscan llenar el cerebro y voluntad de a los colombianos de pesimismo y odio. A la senadora, Piedad Córdoba, no soy de su corriente partidista y quede muy claro que no le estoy haciendo el juego político a nadie menos a la guerrilla, no es tiempo para eso, le han denigrado de la manera más infeliz que pueda hacerse con un ser humano. Su pecado, buscar por todos los medios y sin descanso la liberación de los secuestrados. Reconozco, eso sì, que es la única dirigente política en Colombia que trabaja por liberar a esa gente olvidada por el Estado en las selvas y sometidas por las criminales e inhumanas Farc. Los otros senadores y representantes solo esperar posiciones, contratos, puestos y gabelas., No les importa un carajo los soldados y policías caídos en desgracia, no son de su familia. Por eso duele la actitud de los extremistas y terroristas de extrema derecha, tan mala como la extrema izquierda. Córdoba sostuvo que, “”La última carta que llegó a Colombianos y Colombianas por la paz habla de que la guerrilla está dispuesta aplicar el Derecho Internacional Humanitario, que en la época de Marulanda jamás se tocaba. Ahora empieza a verse un escenario muy distinto… el compromiso de las Farc no se reduce a la liberación, también a lo que tiene que ver con el tema de las minas anti personas, de los niños en el conflicto y de acuerdos humanitarios regionales, que son muy importantes”.

Según la Senadora, para lograr estos acuerdos con la guerrilla “se viene trabajando muy fuertemente en una mirada de largo alcance que incluya lograr llegar a una negociación política en este país. En este proceso que se prepara, juega un papel muy importante la Iglesia Católica”. Después de una reunión con la organización social que ella lidera, Colombianos por la Paz y con Monseñor, Leonardo Gómez, obispo de Magangué (Bolívar) y otros voceros de la Iglesia Católica para discernir sobre el tema de los secuestrados, se decidió “reactivar (…) el intercambio epistolar con las Farc y el Eln”. Esto no le ha gustado mucho a los extremistas de derecha liderados desde determinado sector del gobierno de Uribe, que bendito sea Dios, finaliza el siete de agosto. “El jerarca de la Iglesia católica, monseñor Gómez, precisó que “sí hay perspectivas para la liberación de los 19 miembros de la Fuerza Pública que continúan en cautiverio, gracias a los diálogos que ha adelantado la congresista. Lo que se habló la última vez es que entrega individual no habrá, sino que se piensa que sea de todo el grupo, unilateral. No se excluyen otras posibilidades como que las Farc dejaría libres unilateralmente a diecinueve rehenes”. Los familiares de los policías recibieron la noticia como una nueva luz de esperanza, al contrario de las afirmaciones del gobierno.

El don de la palabra que solo lo tenemos los humanos, pero lamentablemente no se ha utilizado en forma adecuada tanto por parte del gobierno displicente como de las criminales Farc. Solo se habla para agredir y polarizar a los colombianos frente a un eventual acuerdo de paz como si lo hubo con los otros salvajes y ultra criminales integrantes de los paramilitares de ayer y de hoy. “Serían condiciones diferentes (para posibles liberaciones), que no voy a mencionar porque creo que no es prudente”, considero la senadora liberal. “En las últimas comunicaciones las Farc han abierto las puertas a una discusión política para la salida del conflicto, que podría incluir el abandono del secuestro como arma de guerra y el respeto del Derecho Internacional Humanitario, las minas antipersonal, los niños en el conflicto”. Gómez Serna, manifestó que, la Iglesia se mantiene en oración para que pronto se den los acuerdos de libertad. Hay que abrir la esperanza y por eso estamos orando”. El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján dio una respuesta que ya habitual cuando se tratan estos temas: “Nosotros tenemos muy poca confianza en supuestos pronunciamientos de las Farc, ustedes saben que el narcoterrorismo se aprovecha para usar a la gente de buena voluntad para engañar al país, lo que más nos duele es que es otro ejemplo del abuso del dolor de las familias de nuestros soldados y policías sometiéndolos a falsas esperanzas. Exigimos nuevamente que liberen a nuestros hombres sin condiciones, ese es el verdadero acto humanitario, lo demás como se dice popularmente es paja”.

El ministro no se quiere separar de la politiquería a pesar que ya la temporada pasó. No nombra ni reconoce la labor de la principal gestora en el proceso de liberación en sus declaraciones. La desconoce en forma grotesca e hiriente. “No tenemos duda de que la Iglesia tiene la mejor intención y la ha tenido, de colaborar, de ayudarnos a recuperar a nuestros hombres, aquí realmente lo que es una infamia es que la Farc se aprovechen de la buena fe de la Iglesia y de otros, y sobre todo le produzca tanto dolor y tanta decepción a las familias engañándolas y creándoles falsas expectativas”. Monseñor Leonardo Gómez, reiteró que confía en que la guerrilla de las FARC libere de manera unilateral a 19 policías y militares que están secuestrados desde hace varios años y que los diálogos que ha realizado la congresista Piedad Córdoba han dado frutos. Desconocernos no es de gente decente. La realidad es que la iglesia católica a través de sus jerarcas confía y el gobierno desconfía.

El gobierno en pecado mortal

Colombia y Yo — Thu, 01 Jul 2010 21:34:17 +0000

El problema del empleo en Colombia, según la Conferencia Episcopal, es “un pecado mortal”. Llamó la atención del próximo gobierno de Juan Manuel Santos para que frene las políticas que en esa materia impuso el gobierno que llega a su final, el de Uribe, a quien siempre la pareció excelentes y que no quiso corregir por simple prepotencia y arrogancia personal. Juan Manuel Santos no puede darle continuidad a este problema y que debe que ser la primera labor a desarrollar desde la Casa de Nariño. Los pobres no pueden seguir subsidiando con su hambre y miseria a los ricos, ahí es donde está el pecado mortal. En toda sociedad justa son los ricos quienes subsidian a los pobres, eso no tiene discusión y los gobiernos no se constituyen para defender a los ricos sino a los humildes. Un país desarrollado y justo es aquel donde el producto del ingreso nacional, beneficia a todos los estratos no solo a determinadas familias en el supuesto que ellos crearan empleo. Un ejemplo muy visible está en la ciudad de Cartagena en donde la gran carga del dinero y los recursos nacionales los invierten dentro de la zona turística para ricos y extranjeros y fuera de ella, donde viven miles de pobres y miserables colombianos, solo dedican centavos. La solución a este problema no son solo palabras melosas en enternecedores discursos o elevar la voz asegurando que ya han hecho mucho y que en el futuro se podría pensar hacer más. ¡Gran pecado Mortal!

Los jerarcas de la Iglesia católica, reunidos en el “Congreso del Bicentenario”, advirtieron marcada preocupación al ver y palpar tanta injusticia en un país tan rico como Colombia. Monseñor Juan Vicente Córdoba, secretario de la Conferencia Episcopal, resumió que no se están cumpliendo con los planes de Dios para los hombres. “Colombia no está repartiendo su riqueza, Colombia no está siendo equitativa y eso, para nosotros los católicos, es un pecado mortal. Mientras haya gente con hambre en un país tan rico es porque estamos pecado por soberbia, egoísmo y codicia”. Los religiosos también llamaron la atención sobre los altos niveles de informalidad que causan preocupación, pues “el trabajo es un derecho y los salarios justos, una obligación del patrón “, indicó Monseñor Héctor Gutiérrez Pabón, obispo de Engativa. Monseñor Luis Augusto Castro, obispo de Tunja, argumentó que, “es injusto que las personas deban recurrir a la creatividad para no morirse de hambre y asumir trabajos inseguros, inestables e injustos, Todos en Colombia esperamos que el nuevo Gobierno cumpla con la promesa de crear dos millones de nuevos empleos”.

Otra voz autorizada es el decano de la facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, quien ve asustado como el aumento del desempleo en Colombia no para y que al cierre de mayo se ubicó en el 12.1 por ciento. Advirtió que la gran paradoja es que mientras la economía viene creciendo a tasas del 4.4 por ciento en el primer trimestre del año la desocupación no cede. Los nuevos empleos que se están generando en Colombia son por cuenta propia y no obedecen a una política gubernamental porque no existe. “La situación es muy preocupante por el aumento del desempleo y la informalidad. Uno de los grandes retos del próximo gobierno será reducir la alta tasa de desempleo con una política sería, real y equilibrada. La inversión extranjera viene creciendo aceleradamente pero que no se refleja en la generación de empleo. Hacen muchas ganancias, se la llevan y aquí no queda nada. ¡Eso para que! Reconoció que sería saludable para la economía colombiana la posibilidad de un restablecimiento de las relaciones comerciales con Venezuela ante una reducción en las exportaciones nacionales a Estados Unidos y Europa”.

Según el Dane, el subempleo en Colombia en mayo registró un fuerte incremento al pasar del 30.3 al 32.8 por ciento. Esto representa un incremento de 2,5 puntos porcentuales en comparación con el mismo periodo de 2009. El subempleo en las trece principales ciudades del país aumento del 27.2 por ciento al 31.4. El desempleo en Colombia al cierre del quinto mes del año se ubicó en el 12.1 por ciento. La informalidad es de 7 millones 92 mil colombianos, con un ajuste nuevo de 725 mil, gentes de carne huso que ingresaron al mercado del denominado rebusque. En las ciudades más importantes del país el número de personas que se encuentra en el rebusque paso de 2 millones 790 mil a 3 millones 278 mil con un aumento de 488 mil. ¿Debemos aplaudir a Uribe? Según el mismo Dane, “el gobierno no tiene mayor información sobre lo que puede estar pasando en el mercado de la informalidad en Colombia”. ¿Nuevos aplausos para el presidente saliente?

Otro problema grave que ronda el empleo, subempleo, hambre y miseria y las políticas oficiales, se fundamenta en que el ministro de Protección Social, quien debiera estar dedicado de tiempo completo a buscar soluciones no lo hace, solo le queda tiempo para defenderse ante los organismos judiciales y la procuraduría de sus acciones descubiertas y denunciadas. La última noticia: “La Procuraduría eleva pliego de cargos contra el ministro de Protección Social. Se le acusa de haber autorizado un millonario contrato de prestación de servicios a una entidad que representaba ciertos intereses particulares”. Según el Procurador se “violó el principio de la moralidad”. Ante todo este triste devenir caótico, criterios serios o superficiales y realidades inocultables que repercute en las gentes, el nuevo vicepresidente, Angelino Garzón ofreció trabajar para que el gobierno no peque mortalmente más. “El Gobierno junto con las centrales obreras se trabajará en las diferentes concertaciones que busquen mejores condiciones de empleo, laborales y salariales en el país” ¡Pueda ser que los dejen!

Un cambiazo en el Inpec

Colombia y Yo — Tue, 29 Jun 2010 04:38:33 +0000

Al presidente Álvaro Uribe no se le puede prestar mucha atención, porque quien lo hace por fanatismo u obediencia ciega termina en la cárcel. Los ejemplos son muchos. Entre ellos están Yidis Medina quien creyó que porque era para el presidente se podía violar la ley impunemente (prevaricato). Más recientemente está el caso de los fanáticos “promotores” de la reelección quienes ya comenzaron a confesar sus crimines para lograr rebaja de pena. Todo por tener contento a Uribe. Funcionarios del Das hay más de una treintena quienes trabajaron personalmente para Uribe sin tener en cuenta las leyes y ahí están de cabeza en las diferentes cárceles del país. Más de una treintena de Representantes son objeto de investigaciones, etc. En las noticias de este lunes se advierte que, ”ante la Fiscalía General de la Nación será denunciado el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Carlos Barragán, por ordenar el traslado del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega a una guarnición militar y no a una cárcel”. Según el denunciante Cesar Rodríguez, familiar de uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia, un cuartel no es una cárcel y la sentencia habla de enviar al coronel a una cárcel. Es la puesta en práctica de la habilidad que tienen los funcionarios del gobierno de Uribe, por orden suya, para hacer ver un gallinazo como una gallina y convencer a la gente que es por el bien de Colombia. De la misma forma precisó que enviaron una comunicación sobre el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El Director del Inpec, Instituto Nacional penitenciario, habría incurrido en el delito de fraude a resolución judicial y este tendría entre uno y cuatro años de prisión”. Él sabe porque es abogado.

René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las 11 Personas desaparecidas en la retoma del Palacio de Justicia califico la medida de esquivar la cárcel por una guarnición militar, como un atropello a la orden de un juez colombiano. El abogado Jorge Molano anuncié que se tomarán “acciones judiciales”, porque el Coronel debe ser recluido en la cárcel, pues en su caso están involucrados “Delitos de Lesa Humanidad” y para estos no procede ningún beneficio judicial”. De por medio entre cumplir y burlarse de la sentencia judicial no hay más que una orden dada por el presidente Uribe cuando por la televisión, hace pocos días apareció rodeado de generales. “No hay razones valederas para que un ex oficial del ejército, condenado a 30 años de cárcel, por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de 11 personas, no sea recluido una cárcel y si lo asignen a pasar la sentencia en un cuartel, donde podrá estar con todos los lujos y comodidades que ofrecen los casinos militares, además de permanecer sin control real de ninguna naturaleza. “Eso no sería castigo, por el contrario sería un premio a las desapariciones forzadas de esas 11 personas, por los delitos de lesa humanidad”.

La reclusión del Coronel Alfonso Plazas Vega en la Escuela de Infantería, fue señalada por los familiares de víctimas del holocausto del Palacio de Justicia como, “una Nueva Interferencia del gobierno y de Álvaro Uribe Vélez por obstaculizar la Justicia”. Hacen lo que en las cárceles llaman el “cambiazo”, el convertir el castigo que ordena la ley y la justicia colombiana por un premio. El escándalo de violación de derechos humanos ya se hizo internacional por lo que urge que la Fiscalía proceda con prontitud a castigue a los responsables del nuevo abuso de poder, comenzando por el director del Inpec, quien indudablemente terminará preso luego que rinda descargos.

Trece días después de que condenaran a 30 años de prisión al Coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de once personas en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, se ordenó su traslado inmediato a la cárcel La Picota. Desde agosto de 2009, Plazas Vega se encentraba interno en el Hospital Militar. Los médicos entregaron un concepto a la juez Tercera Penal del Circuito de Bogotá en el que señalaban que, “a pensar de los trastornos de ansiedad que presentaba, él tenía la capacidad de evaluar situaciones, elegir un curso de acción y hasta dejar constancia escrita de un proceso de decisión, por lo que no había ningún tipo de impedimento para ser trasladado a un centro penitenciario. En este caso, a La Picota”. La juez María Stella Jara notificó al Inpec para que se dé el traslado inmediato de Plazas a la cárcel. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, confirmó haber recibido formalmente la orden de traslado a un centro penitenciario del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega. “En la dirección del INPEC reposa ya la orden de remisión emitida por la jueza tercera especializada de Bogotá, María Stella Jara, y se ejecutará en cualquier momento”, informó el organismo a los medios de comunicación, pero mintieron. Se lo llevaron con todos los honores y privilegios a un cuartel.

¿Quién ordenó cambiar la determinación de la juez, basada y la constitución, las leyes y acuerdos judiciales internacionales? Ya los organismos internacionales comenzaron a pronunciarse y con sobrada razón. “La ONU exhortó al Gobierno a acatar y respetar el fallo contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega al pie de letra como lo produjo la justicia, sin interferencias de ninguna naturaleza”. Esta historia finaliza con las declaraciones del sentenciado: “me siente complacido porque el Inpec acató la orden que había dado la jueza tercera especializada de recluir a su cliente en una guarnición militar, Agregó que según la ley colombiana, el oficial tiene derecho a ese sitio de reclusión…” 11 desaparecidos forzados…delitos de lesa humanidad… por eso urge la intervención de la Fiscalía ahora que esta interina y que ha servido mejor que nunca en su historia…” Patria, te adoro en mi silencio mudo y temo profanar tu nombre santo…

¡Pueda ser que los dejen!

Colombia y Yo — Sun, 27 Jun 2010 16:06:13 +0000

Parece que al nuevo gobierno de Colombia no le gusta el maquillaje en las estadísticas y las noticias que divulgan los medios de comunicación. Prefiere la realidad cruda, las cosas como son. Tampoco está dispuesto a negar en forma sistemática la información, fruto de la dedicación y estudio de las ONGs y organismos internacionales cuando se trate de derechos humanos. El vicepresidente electo, Angelino Garzón, contactó con la Fiscalía para solicitarles informes minuciosos sobre las investigaciones por hechos violentos contra defensores de los Derechos Humanos, sindicalistas, líderes sociales y periodistas entre otros. Así busca conocer el estado exacto de los procesos relacionados con los asesinatos de activistas en cada una de las áreas anotadas. No cree en las estadísticas del gobierno a punto de finalizar. “Frente a los casos denunciados con nombres propios y regiones específicas es importante conocer en qué van las investigaciones, necesitamos que ningún delito, y menos los de lesa humanidad, se quede en la impunidad y este es un propósito fundamental del nuevo Gobierno. El objetivo es facilitar que los jueces actúen pronta y activamente de manera que se pueda enfrentar la impunidad”, dijo el ex líder sindicalista hoy vicepresidente electo de Colombia. Luego de una reunión de la Mesa Nacional de Garantías, consolidó la creencia que “hay nuevas amenazas contra dirigentes indígenas y organizaciones sociales”. Pidió a la policía y al Ejército instalar mesas de diálogo con representantes de la sociedad civil, diferente a los voceros con intereses políticos y económicos. Con gentes afectadas por las agresiones contra sus derechos constitucionales.

En el gobierno de Uribe, este gravísimo problema nacional de los Derechos humanos es un tabú. Cuando una ONG u organismo internacional revelan un estudio realizado por ellos, el presidente y vicepresidente normalmente, los declara mentirosos y enemigos de la estabilidad y el desarrollo, guerrilleros, terroristas y términos por el estilo. Los sataniza en sitio y lugar rechazándolos y no admite sino datos y estadísticas maquilladas por la oficina de prensa de la presidencia, Dane o Planeación. Nunca bajo ninguna circunstancia admiten que fuera de la Casa de Nariño, de ellos, existe algún grado de verdad. El actual vicepresidente, según lo conocido, busca penetrar este tabú y explica que “solo conociendo la verdad de la enfermedad es posible conseguirle curación definitiva”. Se identifica con quienes creen que “agrediendo verbalmente a quienes se dedican al estudio de los derechos humanos y los problemas sociales del país, no se soluciona absolutamente nada, se hacer un show mediático en la televisión no se avanza nada. Este fue uno de los 500 pecados mortales del presidente Álvaro Uribe a donde fue empujado por su orgullo, arrogancia personal e inclinación a desconocer a los demás”.

El presidente electo de Colombia, Juan Manuel Santos, tendrá “cero tolerancia” frente a actos de violencia que afecten a periodistas, sindicalistas y defensores de derechos humanos. Así le fue comunicado al delegado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, Christian Salazar, con quien se reunió en Bogotá. Salazar fue muchas veces satanizado por el alto gobierno que culmina el 7 de agosto. El gobierno de Santos dará “cumplimiento a todos los compromisos asumidos por Colombia con la comunidad internacional en materia de promoción y respeto de los derechos humanos. De la mano con la comunidad internacional se buscará “un diálogo más fluido y más propositivo con los diversos sectores de la sociedad civil en materia de derechos humanos. Bajo ese escenario, el nuevo gobierno apoyará su política que será institucional de cero tolerancia con los crímenes, con la violencia y velará por la protección a dirigentes humanitarios y sindicalistas”. ¡Nada de excusas o justificaciones! ¡El que la hizo, sea quien sea, la pagará como la justicia lo establezca!

“El Vicepresidente electo y el Representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos coincidieron en que el respeto y la garantía de los derechos humanos de todas las personas en Colombia es de importancia fundamental. Garzón señaló que “los grupos armados ilegales son contrarios a la institucionalidad democrática, y se han convertido en los peores enemigos de la sociedad civil y de una política integral de derechos humanos”, (Farc. ELN, Paramilitares y narcotraficantes). Sin embargo explicó que el gobierno Santos/Garzón, estará dispuesto a buscar acuerdos de paz. “Le estamos pidiendo a las Farc que tomen la decisión más revolucionaria en los actuales momentos, de ser capases de pedir perdón a la población, por todo el daño que le han hecho con la violencia, con el terrorismo, con el narcotráfico. Que esas declaraciones sean acompañadas de la libertad sin condiciones de todos los secuestrados y el cese de prácticas criminales como las minas antipersona. Nosotros tendríamos también una actitud en de generosidad para construir procesos de paz y procesos de perdón y reconciliación”, enfocó sobre el tema el Vicepresidente electo. Estas cosas lidas, así sea en forma desprevenida, marcan un margen de diferencia muy grande entre el pensamiento de Uribe que se va del gobierno y Satos que llega lleno de esperanzas. Pueda ser que los dejen actuar porque detrás del poder hay otros poderes demenciales.

El diálogo nacional toma forma real

Colombia y Yo — Fri, 25 Jun 2010 23:43:36 +0000

“El (nuevo) Gobierno convocará a un diálogo nacional para concertar políticas sobre tierras, agua y víctimas”. Es un anuncio que sorprende, casi asusta por la calidad y beligerancia sus protagonistas. Acostumbrados que estamos los colombianos a los fieros ataques del presidente Álvaro Uribe y sus ministros contra quienes militan en la “oposición”, un evento de esta naturaleza llama a la sana incredulidad. El nuevo mandatario definitivamente se va a distanciar de la forma de gobernar su antecesor, tendrá muy poco parecido en más del 80%, será demócrata y administrará a Colombia para que todos sus habitantes alcancen servicios y beneficios. Parece que quiere quitarse de encima ciertos rótulos que su estadía en el gobierno actual le impusieron. Busca limpiarse pecados mortales situación que lo obligará a ser totalmente diferente. Ese fenómeno se puede deducir de su comportamiento después que fue declarado triunfador de las elecciones presidenciales. Todo lo que sea democracia y búsqueda de armonía y entendimiento es bueno. El senador, Gustavo Petro, uno de los tres blancos nacionales favoritos de Uribe para sus embestidas furiosas y demoledoras, porque se atrevían a contradecirlo o porque ejercían el control político ordenado por la Constitución Nacional, se reunió protocolariamente con Juan Manuel Santos y le hizo la propuesta de “un diálogo nacional con temas específicos”. No demoró mucho en aceptar la inquietud de la oposición. Uribe hubiese respondido con una andanada de epítetos y le hubiese dicho que, “era un guerrillero, terrorista y enemigo del desarrollo nacional y de la patria”.

Gustavo Petro anunció que el Gobierno electo se comprometió a convocar un diálogo nacional “para concertar políticas sobre tierras, agua y víctimas de la violencia”. Los tres temas que más le fastidiaban a Uribe. “La entrega de tierras a los campesinos, un estatuto para consagrar el agua potable como derecho constitucional y una ley humana y real para las víctimas de la violencia y el desplazamiento, dejadas a su suerte en pueblos y ciudades”. Según precisó Petro, Santos también suscribió el compromiso de mejorar “el clima entre Gobierno y oposición para generar garantías diálogo democrático”. ¡Dios lo ilumine y lo lleve a buen puerto, ya que bastante estamos necesitando los colombianos de este comportamiento democrático y civilizado! Nunca las relaciones oposición gobierno fueron llevadas a un grado tan degradante como lo hizo Uribe. “…yo continúo con mi oposición, pero espero se logre una concertación nacional en esos temas”, fue el argumento de Petro. La propuesta gira a “lograr un acuerdo con los diversos sectores políticos sobre asuntos fundamentales entre ellos, separar las mafias de la tierra que siempre fueron de cultivo y del poder político que enarbola el más alto grado de corrupción y general una política social de la lógica del mercado que sea real y aplicable irradiando beneficios para todos por igual”. Para algunos analistas, la salid de Petro fue audaz pues así probará si la propuesta de Santos de hacer un acuerdo nacional por la unidad era simple retórica burocrática o si de verdad estaba dispuesto a incluir temas que la izquierda democrática ha defendido con ahínco. Petro ha propuesto que el diálogo se haga con organizaciones campesinas, sociales y de derechos humanos en las regiones. Lo que aún no se conoce es en qué términos se dará y como se desarrollarán en hechos.

Santos acordó instalar tres mesas para discutir los temas planteados.
“Esta es una nueva forma democrática de discrepancia, donde se han encontrando puntos alternativos en común”. Reconocen politólogos reconocidos que Colombia no puede seguir en el estilo político establecido por Uribe de atacar fieramente a quien no piense como él. Se puede discutir y hacer planteamientos sin insultar ni satanizar al contrincante ideológico. “Del choque de ideas, crítica, duda, oposición, contradicción y análisis nace el verdadero y único desarrollo de los pueblos. De no ser así, la humanidad estaría con taparrabos en las cavernas obedeciendo solo al jefe de la tribu como zombis. Otro punto importante ofrecido por Juan Manuel Santos a los sectores que no piensan como él, se `mejorarán las relaciones entre Gobierno Nacional y oposición. “Mejorar, porque no se puede acabar su existencia como quiso el presidente saliente”. Gobierno oposición, es como blanco a negro, alto a bajo, alegre a triste, etc. “Polo hará oposición a Juan Manuel Santos” y eso es sano y muy necesario en nuestra democracia. Polo no renunciará a sus puntos de vista ya que una verdadera unidad nacional debe estar a favor de todos los colombianos y no de los partidos políticos, familias económicas o de unos pocos colombianos”.
“Me parece que la actitud de Gustavo Petro es la de un colombiano que ama a su tierra y a su gente y quiere velar desde cualquiera instancia porque se realicen los ideales en beneficio de todos”, dijo un politólogo santandereano. Su modelo de oposición estará centrado en propuestas y en determinados temas que puedan llegar a un acuerdo con el gobierno entrante. Como es natural en Colombia Petro debe esperar ataques de dentro y fuera de Polo, esa es nuestra idiosincrasia”, leí en un diario europeo. El dialogo nacional de santos tiene la oportunidad de tomar forma real.

¿O van… o vienen?

Colombia y Yo — Wed, 16 Jun 2010 21:36:13 +0000

“La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se modifica el Código Penal, aumentando las penas para los delitos de homicidio, secuestro y amenazas, cuando estos se cometan contra defensores y defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la iniciativa, las sentencias pueden alcanzar los 56 años de cárcel”. La anterior información la divulgó la oficina de prensa de la presidencia. La determinación, para todos los colombianos es buena y es algo que se necesitaba. Es buena y altamente positiva. Pero, ante las cosas que ocurren en Colombia la pregunta obligatoria es. “Esta ley será para todos los que delincan sobre esta materia o después el presidente querrá que sus amigos, familiares, paramilitares y fuerza pública, entre otros, no sean castigados de la maneta preestablecida. El presidente de Colombia, cuando vengan las primeras sentencias, saldrá a denigrar de a los fiscales, los jueces y magistrados y a calificarlos como lo peor porque la aplican a los amigos del gobierno y el presidente la ley que propuso el mismo Uribe. Ya son muchas las leyes que inventa y hace aprobar el gobierno a las carreras y a las fuerza, sin darle campo de pensar a los congresista y después, cuando se comienza aplicar el presidente se enfurece y sale por televisión con sus bravateadas rodeado de generales.

De acuerdo con el Viceministro de Justicia y del Derecho, el proyecto presentado por el gobierno de, Álvaro Uribe, como una panacea, “busca incluir en la normatividad penal aquellas conductas que atentan contra las personas que con su invaluable trabajo coadyuvan con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, promoción y protección de los derechos fundamentales. El Gobierno Nacional es consciente de las situaciones de riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos”. A pesar de todo lo que ocurre a lo largo y ancho del país y que ONGs nacionales e internacionales advierten, fuentes del gobierno aseguran que, “por eso viene haciendo un esfuerzo sin precedentes en la protección a la vida e integridad de los defensores de derechos humanos, para proteger el invaluable trabajo que realizan en defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales”. El proyecto de ley fue radicado ante el Congreso de la República el pasado 28 mayo.

Como lo importante no es tener leyes por montones, sino pocas pero aplicadas a todos los colombianos y extranjeros dentro del territorio colombiano, el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, denunció que las amenazas contra los defensores de los Derechos humanos continúan sin cesar. “En un comunicado de un grupo denominado Comando Conjunto de Limpieza amenaza con exterminar a quienes, según el grupo ilegal, se oponen al desarrollo y seguridad del país al estilo Uribe”. Según el Cinep, dentro de las 17 ONGs amenazadas se encuentran, el centro de investigación, el Servicio Jesuita de Refugiados, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y varias organizaciones sindicales, de mujeres, de víctimas de crímenes de Estado, de desplazados y de defensa de los derechos humanos. El Cinep, le exigió al gobierno que identifique e investigue a los culpables, procese a los responsables. El gobierno está en mora definir con claridad las medidas de protección y garantías que ofrece a las organizaciones de Derechos Humanos y sindicatos entre otras”. Mas que leyes aumentando penal urge voluntad política para frenar las amenazas, especialmente aquellas que en forma velada defienden furiosamente la gestión del gobierno.

De la misma forma, es interesante conocer que, “La Defensoría del Pueblo alertó sobre las amenazas contra dirigentes políticos, congresistas y defensores de derechos humanos en el occidente del país. En un panfleto que circula en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Huila, un grupo denominado, Autodefensas Unidas de Colombia – Bloque Central, se declara objetivo militar a defensores de derechos humanos, partidos políticos, miembros del Congreso de la República, periodistas, docentes y contra algunos servidores de las Defensorías Regionales”. Leyes hay, pero los responsables de las amenazas y crímenes contra defensores de los Derechos humanos se ríen de ellas. Para que leyes como la que acaban de aprobar en primer debate si cuando se llega en momento de una sentencia, el propio presidente sale enloquecido a los medios de comunicación a intimar impunidad a favor de quienes violaron los derechos humanos de los colombianos. “Las autoridades están en mora para que se evalúen las amenazas y se apliquen medidas urgentes de protección”. Lo único que hacen con gran énfasis es rechazar y decir que son mentirosos los informes de organismos nacionales e internacionales sobre Derechos humanos”. Esto si lo hace con exageración y resonancia.

“Las amenazas conocidas en último año han sido proferidas contra representantes de organizaciones sociales, tales como: Codhes, la Onic, Corporación Nuevo Arco Iris, el CRIC y Asfades. Contra algunos dirigentes políticos de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Huila, y contra los periodistas Rosa María Agudelo (Cali), Fredi Calvache, Gustavo Valencia, Ricardo Motta (Cauca), Luz Adriana Morales (Buenaventura), Rodolfo Pantoja (Nariño), Hugo Abdón Zambrano y Hernán Estupiñán (Putumayo)”, afirma la Defensoría del Pueblo. El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, “el año pasado las víctimas solo fueron 28 sindicalistas”. Contrario a lo que pidió Uribe, el Ministro del Interior y de justicia informó que se buscarán estrategias que lleven al esclarecimiento de hechos, identificación de autores y participes de desapariciones forzadas y desplazamiento, además de imposición de penas por estos delitos. ¿ O van o vienen?

No revivir odios piden a Uribe

Colombia y Yo — Fri, 11 Jun 2010 03:02:29 +0000

No revivir odio con lo sucedido en la retoma del palacio de Justicia, pidieron ciudadanos al presidente Uribe. El mandatario puede hacer intervenciones públicas todos los días hasta el final de su gobierno, pero esto no obligará a los jueces ni autoridades judiciales a echar pie atrás con la sentencia del Coronel Plazas. Tampoco los asusta por más generales que ponga a su alrededor en una especie de demostración de poder. Lo hecho en la televisión la noche anterior nos es más que un Show mediático que en nada incide en la determinación jurídica pero que posiblemente estimule deseos de venganzas, acciones de violencia y desconocimiento de la ley. La responsabilidad de la vida e integridad de la juez que dicto sentencia es directa del presidente a través de sus subalternos. Uribe está alborotando el avispero y por ese motivo podría salir mal librado el ex presidente Belisario Betancur a quien no puede proteger con discursos no acordes con la constitución y las leyes.

Luego de conocer la condena al Coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de 11 civiles del Palacio de Justicia y por la decisión de la juez de compulsar copias para que se investigue a Belisario Betancourt, presidente de la época, el representante Gilberto Rondón aseguró que si existen nuevas pruebas que impliquen alguna responsabilidad del ex mandatario en los hechos, el proceso debe reabrirse. Hace tan sólo 15 días archivó el caso por considerar que no existía delito alguno por parte de Betancourt y por la inexistencia de de pruebas o evidencias que indicaran que él participó de las desapariciones que se cometieron en el Palacio de Justicia. “Si hay nuevas evidencias que digan que la situación del ex presidente Belisario Betancourt cambia, es decir, que si hubo responsabilidad penal por parte del presidente habrá la necesidad de reabrir la investigación. La Comisión se esperan los oficios que envíe la juez para actuar en el caso. Recibiremos el oficio que envíe la juez y se le responderá que ya la investigación está archivada, salvo que existan nuevas pruebas que cambien la situación jurídica del presidente Betancourt, de lo contrario no se puede hacer nada”.

Otty Patiño, quien hizo parte de la Dirección Nacional del M-19, en épocas pasadas, pidió al Presidente Álvaro Uribe que, “en el debate desatado por la toma del Palacio de Justicia asuma un actitud de distensión y acatamiento a las leyes y no encienda los odios. No le produce ni alegría ni tristeza la condena a 30 años del Coronel Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia porque se trata de un fallo judicial al que se llego luego de una larga y minuciosa investigación penal. Desde hace varios meses he venido recibiendo rumores según los cuales sectores militares quieren atentar contra quienes fueron miembros del M-19 y por eso le surgieron al Gobierno bajar los ánimos”. Después de su intervención por televisión, Álvaro Uribe Vélez rechazó la condena en contra del coronel (r) Alfonso Plazas Vega y señaló que “por este hecho ninguno de sus autores está preso”, en alusión al M19, en su época como senador redacto e hizo aprobar una proposición. “para que el indulto aplicado durante el proceso de paz con ese grupo subversivo, incluyera los delitos tipificados en el holocausto de la Corte”. Si no hubo cárcel para el M19 fue porque Uribe lo propuso y consiguió que su idea fuera aprobada por el congreso. En las actas de plenaria que datan del 20 de mayo de 1992, la proposición No. 161 dice textualmente lo siguiente: “Desígnese por la Mesa Directiva una Comisión Accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la buscará un acuerdo con el Gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido de que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyan aquellos delitos tipificados en el holocausto de la corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total a favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional. 20 de mayo de 1992 Álvaro Uribe Vélez”

Los familiares de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia le pidieron al presidente Álvaro Uribe respeto por su dolor y por las decisiones judiciales, el poder judicial en Colombia sigue siendo atacado e irrespetado con la intervención del Presidente de la República. “Nosotros responsabilizamos de lo que le pase a la juez, de lo que le pase a los abogados, o de lo que le pase a cualquiera de los familiares de los desaparecidos directamente a las fuerzas militares de Colombia en cabeza del Presidente Álvaro Uribe”, El fallo contra el Coronel Plazas Vega no es suficiente, para los familiares de los desaparecidos, quienes siguen reclamando la verdad y sobre todo saber en dónde están sus cuerpos.

El abogado, Hugo Quintero, quien acompañó este jueves a la juez del Coronel Plazas para solicitar nuevas medidas de protección relató que, “Hay unas coincidencias muy extrañas de una gente que terminó donde ella estaba, luego ella se desplazó a un lugar lejano donde iba a almorzar con su hijo y allá llegaron y eso fue dos semanas antes del fallo”. La primera vez que se pidieron medidas de protección ante un juez con funciones de Control de Garantías, fue en enero de este año, debido a la posibilidad de un atentado contra su vida revelado por un fiscal antiterrorismo, sin embargo, desde septiembre de 2009 comenzaron a llegar sufragios contra la juez Jara. “El sufragio anuncia misas por el eterno descanso de su alma, e involucran a su hijo menor, y le anexan un anónimo que firma supuestamente ‘Comando Vladimir Baquero’, que es de ingrata recordación para la rama judicial porque fue uno de los primeros comandantes paramilitares que perpetró la masacre de La Rochela”, sostuvo el jurista. El presidente Uribe pidió “a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los Derechos Humanos”. Un pedido muy similar al hecho 20 de mayo de 1992, al congreso para conseguir un indulto aplicado para el M-19. Que no haya castigo y que la fuerza pública haga lo que haga siempre se le aplauda. En honor a la democracia lo que sí sabemos es que el fallo judicial no cambiará el presidente con discursos a través de los medios de comunicación. No es el lugar no la forma legal, constitucional y adecuada.