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El diálogo nacional toma forma real

Viernes, Junio 25th, 2010

“El (nuevo) Gobierno convocará a un diálogo nacional para concertar políticas sobre tierras, agua y víctimas”. Es un anuncio que sorprende, casi asusta por la calidad y beligerancia sus protagonistas. Acostumbrados que estamos los colombianos a los fieros ataques del presidente Álvaro Uribe y sus ministros contra quienes militan en la “oposición”, un evento de esta naturaleza llama a la sana incredulidad. El nuevo mandatario definitivamente se va a distanciar de la forma de gobernar su antecesor, tendrá muy poco parecido en más del 80%, será demócrata y administrará a Colombia para que todos sus habitantes alcancen servicios y beneficios. Parece que quiere quitarse de encima ciertos rótulos que su estadía en el gobierno actual le impusieron. Busca limpiarse pecados mortales situación que lo obligará a ser totalmente diferente. Ese fenómeno se puede deducir de su comportamiento después que fue declarado triunfador de las elecciones presidenciales. Todo lo que sea democracia y búsqueda de armonía y entendimiento es bueno. El senador, Gustavo Petro, uno de los tres blancos nacionales favoritos de Uribe para sus embestidas furiosas y demoledoras, porque se atrevían a contradecirlo o porque ejercían el control político ordenado por la Constitución Nacional, se reunió protocolariamente con Juan Manuel Santos y le hizo la propuesta de “un diálogo nacional con temas específicos”. No demoró mucho en aceptar la inquietud de la oposición. Uribe hubiese respondido con una andanada de epítetos y le hubiese dicho que, “era un guerrillero, terrorista y enemigo del desarrollo nacional y de la patria”.

Gustavo Petro anunció que el Gobierno electo se comprometió a convocar un diálogo nacional “para concertar políticas sobre tierras, agua y víctimas de la violencia”. Los tres temas que más le fastidiaban a Uribe. “La entrega de tierras a los campesinos, un estatuto para consagrar el agua potable como derecho constitucional y una ley humana y real para las víctimas de la violencia y el desplazamiento, dejadas a su suerte en pueblos y ciudades”. Según precisó Petro, Santos también suscribió el compromiso de mejorar “el clima entre Gobierno y oposición para generar garantías diálogo democrático”. ¡Dios lo ilumine y lo lleve a buen puerto, ya que bastante estamos necesitando los colombianos de este comportamiento democrático y civilizado! Nunca las relaciones oposición gobierno fueron llevadas a un grado tan degradante como lo hizo Uribe. “…yo continúo con mi oposición, pero espero se logre una concertación nacional en esos temas”, fue el argumento de Petro. La propuesta gira a “lograr un acuerdo con los diversos sectores políticos sobre asuntos fundamentales entre ellos, separar las mafias de la tierra que siempre fueron de cultivo y del poder político que enarbola el más alto grado de corrupción y general una política social de la lógica del mercado que sea real y aplicable irradiando beneficios para todos por igual”. Para algunos analistas, la salid de Petro fue audaz pues así probará si la propuesta de Santos de hacer un acuerdo nacional por la unidad era simple retórica burocrática o si de verdad estaba dispuesto a incluir temas que la izquierda democrática ha defendido con ahínco. Petro ha propuesto que el diálogo se haga con organizaciones campesinas, sociales y de derechos humanos en las regiones. Lo que aún no se conoce es en qué términos se dará y como se desarrollarán en hechos.

Santos acordó instalar tres mesas para discutir los temas planteados.
“Esta es una nueva forma democrática de discrepancia, donde se han encontrando puntos alternativos en común”. Reconocen politólogos reconocidos que Colombia no puede seguir en el estilo político establecido por Uribe de atacar fieramente a quien no piense como él. Se puede discutir y hacer planteamientos sin insultar ni satanizar al contrincante ideológico. “Del choque de ideas, crítica, duda, oposición, contradicción y análisis nace el verdadero y único desarrollo de los pueblos. De no ser así, la humanidad estaría con taparrabos en las cavernas obedeciendo solo al jefe de la tribu como zombis. Otro punto importante ofrecido por Juan Manuel Santos a los sectores que no piensan como él, se `mejorarán las relaciones entre Gobierno Nacional y oposición. “Mejorar, porque no se puede acabar su existencia como quiso el presidente saliente”. Gobierno oposición, es como blanco a negro, alto a bajo, alegre a triste, etc. “Polo hará oposición a Juan Manuel Santos” y eso es sano y muy necesario en nuestra democracia. Polo no renunciará a sus puntos de vista ya que una verdadera unidad nacional debe estar a favor de todos los colombianos y no de los partidos políticos, familias económicas o de unos pocos colombianos”.
“Me parece que la actitud de Gustavo Petro es la de un colombiano que ama a su tierra y a su gente y quiere velar desde cualquiera instancia porque se realicen los ideales en beneficio de todos”, dijo un politólogo santandereano. Su modelo de oposición estará centrado en propuestas y en determinados temas que puedan llegar a un acuerdo con el gobierno entrante. Como es natural en Colombia Petro debe esperar ataques de dentro y fuera de Polo, esa es nuestra idiosincrasia”, leí en un diario europeo. El dialogo nacional de santos tiene la oportunidad de tomar forma real.

Tapando el sol con un dedo

Jueves, Abril 8th, 2010

El problema de los desplazados parece estancado y sin soluciones a la vista en Colombia. Desde que el país apareció en las estadísticas internacionales ocupando el segundo puesto mundial, de este flagelo humano, ha permanecido quieto. Ha habido tentativas de soluciones pero muy pocas y de aplicación paquidérmica. La procuraduría y las Altas Cortes insisten en que el gobierno ha incumplido sistemáticamente con los desplazados, pero los altos funcionarios se rasgan las vestiduras y afirman que nunca como ellos en la historia de Colombia habían dado tanto. El gravísimo problema del maquillaje de las cifras, agudiza más la situación y le hace daño a irreversible a las victimas.

Mientras Acción Social de la Presidencia asegura que el fenómeno de desplazamiento se redujo en un 56 por ciento, la organización Codhes dice que las estadísticas son manipuladas. En el país muchas entidades privadas creen en lo mismo. La incertidumbre sobre la cifra correcta de las víctimas es parte del problema, no parará hasta que llegue a su final este gobierno, el siete de agosto. Mientras la Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado (CODHES), tasa en 4 millones a los desplazados, la oficina de Acción Social de la Presidencia de Colombia dice que en sus registros que soplo aparecen 2.6 millones inscritos. La diferencia es brutal.

Al complejo y doloroso panorama humanitario colombiano el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, le agrega la existencia de 100 mil minas antipersonales sembradas por casi todo el país. Colombia ocupa otro vergonzoso segundo lugar. “The Landmine Monitor en su último reporte sostiene que durante los últimos años Colombia ha ocupado el segundo lugar del mundo en mutilados por esos artefactos, después de Afganistán”. El reclutamiento masivo de menores de edad para la guerrilla, los paramilitares ennegrecen aún más el paisaje. Las mujeres, niñas y niños y adolescentes siguen siendo la mayoría de las personas desplazadas en Colombia. Son como dicen los muchachos ahora, “las que más llevan del bulto”. Durante el período 2002-2009, del gobierno de Uribe, “la cifra de desplazados fue de 2 millones 412 mil 834 personas”. Aquí se teje una de las polémicas más agrias entre ONGs y Gobierno. Ha sido la causa de infinidad de discursos agresivos de los funcionarios del alto gobierno en donde hizo carrera negarlo todo si los autores no admiten maquillaje de la oficina de prensa de la Casa de Nariño.

Sobre los desterrados en Colombia, a enero pasado, había documentado sobre un saldo de cinco millones 915 mil 579 casos de personas que han sido desplazadas por la fuerza durante los últimos 25 años. En su informe más reciente, las Naciones Unidas, (de enero 27 de 2010), sostiene que de ellas, “49 por ciento fueron desplazadas de sus tierras desde que se inició, (en agosto de 2002), el gobierno de Álvaro Uribe Vélez”. Solamente en 2009, en Colombia fueron desterradas por efecto de la guerra civil y otras manifestaciones de violencia 286 mil 389 personas. Aquí se observa una disminución de 24 por ciento respecto de 2008 cuando los desplazados sumaron al menos 380,863 personas. Afectó al 69 por ciento del total de los municipios, es decir, llegó a 773 de los 1.119 que componen el territorio nacional”. En el 2009, “tuvieron ocurrencia siete eventos de desplazamiento masivo que afectaron a 19.181 personas en 12 departamentos de los 32 en que se divide la geografía nacional. Mientras el gobierno quiera tapar el sol con un dedo, la cuestión seguirá sin solución. De esos desplazamientos masivos de población 83 por ciento de las víctimas pertenecen a los grupos étnicos más rezagados y vulnerables del país, las comunidades negras e indígenas.

380 mil familias campesinas fueron despojadas de 5.5 millones de hectáreas. Todo esfuerzo para que se les devuelvan sus propiedades han resultado inútiles y cada vez que hay presiones y movimientos de protesta, el ejecutivo reacciona violentamente o distrae la atención ciudadana con temas diferentes. Casi todas esas tierras están en poder de cultivadores industriales de palma de aceite y caucho. Solo un uno por ciento de las gentes desplazadas ha regresado a su lugar de origen y otro tanto ha regresado al desplazamiento porque en Colombia no existen políticas agrarias serias respaldadas con crédito de fomento para el campesino. Esa cantidad, a pesar que el gobierno la usa como ejemplo de la labor presidencial en su favor, a otros niveles se le califica como una cantidad ínfima e irrisoria. Entre las cifras maquilladas están aquellas que advierten el gran crecimiento del empleo en el campo, cuando la realidad establece que, “por lo menos 994.000 personas que integran 198.800 familias campesinas abandonaron el campo y la producción agropecuaria entre 2005 y 2009 ya no están en ello. En cinco años la población rural colombiana habría disminuido en un millón de personas, al pasar de 10.3 a 9.3 millones”. Otra de las verdades inocultables: “Muchos de los programas de ayuda a los millones de desplazados en Colombia se han convertido en un negocio ”filantrópico” para calmar conciencias y crear burocracias inútiles, para pagar favores políticos”. Aunque es imposible, el gobierno de Colombia si cree que está tapando el sol con un dedo.

Sobre la mujer colombiana

Martes, Marzo 9th, 2010

 

De los 22 millones 150 mil mujeres que hacen parte de la población nacional, una gran mayoría se siente marginada y discriminada en materia política, económica y social.

El 55,6 por ciento de las consultadas considera como insuficiente la participación que tienen las mujeres en cargos de elección popular.

El 30 por ciento de los aspirantes a las curules del Congreso son mujeres, lo que es aún una participación muy baja del género en la contienda política.

El 59,6 por ciento de las mujeres encuestadas dijo que en las elecciones siempre vota; el 26 por ciento algunas veces y el 14,2 por ciento que nunca .

75% de las féminas cree que en el futuro mediato Colombia tendrá una mujer presidenta.

El 55,2 por ciento de las demás colombianas tiene el hábito de lectura de libros mientras que en los hombres se ubica en el 48,9 por ciento.

La esperanza de vida de la mujer al nacer es de 77,5 años en promedio y la tasa de fecundidad es de 2,45 hijos cuando está en edad fértil. 

Las principales causas de mortalidad de las mujeres están relacionadas con enfermedades del corazón, cerebro vascular y crónicas respiratorias.

El 51,9 por ciento de las mujeres lee periódicos mientras que los hombres lo hacen en un 62,3 por ciento.

El país se comprometió en el 2005, (Conpes 91) a incrementar la participación de la mujer en las actividades oficiales. Todo se lo llevó el viento.

La esperanza de vida de la mujer al nacer es de 77,5 años en promedio y la tasa de fecundidad es de 2,45 hijos cuando está en edad fértil.

El 56,8% de las mujeres colombianas son jefas de hogar, es decir,  más de 12 millones de ellas llevan las riendas de una familia en lo económico.

El nivel de desocupación de la mujer colombiana es del 15,8 por ciento. El 41,9% de están ocupadas en múltiples oficios y profesiones.

El 33,2% de ellas trabaja en servicios comunales, sociales y personales, mientras que el 31,4% en actividades comerciales, restaurantes y hoteles.

Asimismo, un 14,8% de la población femenina ocupada labora en industrias manufactureras de todo tipo y el 7,6% en empresas inmobiliarias.

Las mujeres en edad de trabajar son el 78,9% de la población femenina.

El 15,8% no goza hoy de un empleo, ni bueno ni malo.

La tasa de analfabetismo femenina es del 1,57%, el índice de analfabetas hombres es del 2,45%.

La edad media de fecundidad es de 27,5  años. Es la edad media de las madres al de nacer sus hijos. La tasa global de fecundidad por mujer 2,45 bebés por mujer.

En Colombia hay 1,6 millones de mujeres desplazadas en Colombia por la guerra interna

Cerca de 500 mujeres mueren al año en Colombia por causas evitables durante el embarazo o el parto.

La discriminación, agresiones físicas, abuso sexual, psicológico y verbal, dependencia económica, exclusión y pobreza son situaciones que afrontan las mujeres colombianas.

Muchas de ellas no tienen acceso a la salud y a servicios de planificación familiar efectivos y de calidad, sobre todo las adolescentes y jóvenes”.( ONU)I.

Un 55% de las mujeres considera muy alta la intensidad de discriminación en Colombia especialmente en el marcado de trabajo (92%), seguida de la que afecta a su libertad sexual (83%), a la política (81%), a la vida familiar y al acceso a la justicia (78%) y en los medios de comunicación (62%).

Las mujeres que se siente muy discriminada viven en zonas rurales o pertenece a los estratos urbanos más humildes.

Los pecados del gobierno hacia la mujer: la desatención a las mujeres desplazadas, la reparación a las víctimas del conflicto armado y la prevención del embarazo adolescente.

Solo una mujer de cada cuatro considera que acceder a la justicia es fácil.

En todo el país, las mujeres se enfrentan diariamente toda clase de violencias física y violación de sus derechos humanos.

En diciembre de 2008 se promulgo la ley 1257 que a la fecha no se aplica porque la están implementando…

Las mujeres están dispuestas a dar más tiempo, energía, amor y recursos económicos a sus hijos antes que a sus compañeros sentimentales.

Con el dedo sobre una llaga maloliente

Jueves, Febrero 4th, 2010

Human Rights Watch, acusa:”El gobierno de Uribe no ha abordado el surgimiento de los grupos sucesores del paramilitarismo con la seriedad que amerita este problema”.  Ellos han cometido masacres, ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, al igual que durante 20 años lo hicieron sus predecesores. Las víctimas de los ataques suelen ser defensores de los derechos humanos, sindicalistas, víctimas de los paramilitares que exigen justicia y miembros de la comunidad que no aceptan sus órdenes. Los abusos son “generalizados” y “es poco el esfuerzo del Estado colombiano para enfrentar a las nuevas bandas criminales”. El gobierno no está garantizando los recursos que requieren las unidades de la Policía que combaten a los grupos aludidos ni para los fiscales que investigan los casos criminales. El gobierno ha toma el camino más fácil: “lo asume como un informe elaborado por una entidad que tiene intenciones políticas y no acepta el documento porque  no lo deja maquillar por la oficina de prensa”.

 

Las cifras más conservadoras de la Policía Nacional revelan que estos grupos armados cuentan con más de 4.000 miembros en  150 municipios  de 24 de los 32 departamentos colombianos. El gobierno tiene una obligación jurídica para enfrentar a los grupos sucesores de los paramilitares y proteger a los civiles de sus acciones, no se trata de una generosidad del presidente. “Estos grupos sucesores cometen gravísimas atrocidades y deben ser detenidos”. El hecho que un documento llegue a tenga contenido político, no es motivo justo ni válido para que el gobierno lo desconozca olímpicamente, frunza los hombres y mire parea otro lado. “No debe minimizar el impacto que tienen actualmente para los Derechos Humanos en Colombia el actuar de esas bandas criminales”. Eso es un comportamiento grotesco e irresponsable de los funcionarios frente a las víctimas. “Independientemente de cómo se les llame a estos grupos, paramilitares, bandas criminales u otra denominación es lo mismo, violadores de los derechos humanos cuyo impacto brutal se ve más en Medellín, el Urabá chocoano y los departamentos de Meta y Nariño.

 

“Los grupos sucesores cometen habitualmente masacres,  ejecuciones, desplazamientos forzados, violaciones sexuales y extorsión, y generan un clima amenazante en las comunidades que están bajo su influencia”. El Gobierno ha tomado algunas medidas para enfrentarlos, pero no en forma sostenido y de manera significativa para proteger a los civiles, investigar las redes criminales de estos grupos e identificar a sus cómplices y bienes”. Ha sido insuficiente la presencia del gobierno en su lucha por erradicarlas. El problema grave que hay ahora es que,  “No desarticuló las redes criminales de la coalición paramilitar durante el proceso de desmovilización desarrollado entre 2003 y 2006”. El resurgimiento de los paras era predecible y de esperarse. Indudablemente que el gobierno ha hecho más politiquería y populismo para hacer ver a Uribe como un “Dios que todo lo dispensa y todo lo soluciona” que contra los nuevos paramilitares.

 

Los grupos sucesores representan un creciente torrente de amenaza para el goce de los derechos humanos en la sociedad colombiana y sobre todo para la estabilidad democrática del país. Existen denuncias de, “supuesta tolerancia de algunos funcionarios del estado. Existen vínculos con la fuerza pública, Fiscalía, Policía, DAS. Se mueven como pez en el agua. Cualquier operativo, les avisan y se van de la zona.  Eso impide que se hagan capturas. Tienen una red de informantes muy compleja, desde la señora de la tienda hasta el mototaxista. Con una llamada telefónica, basta. Están muy fortalecidos en las zonas”, señalaron a Human Rights Watch”. El gobierno de Uribe no ha asegurado que las unidades de policía encargadas de combatir a estos grupos ni los fiscales responsables de investigarlos cuenten con recursos adecuados. Se ha demorado en financiar el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo. En ocasiones, organismos del estado se han negado a registrar el desplazamiento de civiles que denunciaban haber sido desplazados por grupos sucesores. Y el gobierno no ha tomado medidas efectivas para identificar, investigar y sancionar a funcionarios del estado que, según se informa, tolerarían a los grupos sucesores.

 

El ministro de defensa, Gabriel Silva, señaló que el informe es equivocado. “Human Rights Watch tiene una posición ideológica, (diferente a la de Uribe), y no acepta la revisión de información por parte nuestra. (Aplicar Maquillaje a los contenidos). El gobierno vuelve y cae en la de siempre, creer que solo a lo que Uribe le da el visto bueno es verdad. No admiten que otro obtenga corolarios porque posiblemente le dañan la imagen de que Uribe es un “Dios” que todo lo soluciona y que fuera de él no hay sino confusión y tinieblas. Si el mundo estuviera supeditado a una sola posición o creencia, estaríamos todavía en las cavernas o usando guañuco. Grave daño que le hacen a la Patria al no aceptar las llagas sociales mal oliente que son los paramilitares y sus herederos,  la violación de los derechos humanos a que los colombianos tenemos derecho. Son llagas sociales y morales  los guerrilleros y los narcotraficantes por igual.

Aporte a la democracia Colombiana

Miércoles, Enero 27th, 2010

Un grupo de Parlamentarios españoles llegó a Colombia con el propósito de  supervisar la situación de los derechos humanos. Tratarán de detectar el grado de vulnerabilidad en algunos sectores del país a causa del conflicto armado. Le pondrán especial atención a aéreas importantes de nuestra nacionalidad como las mujeres, los sindicalistas, activistas de DDHH  y periodistas, entre otros. Sus conclusiones serán divulgadas a su regreso en toda Europa.  Son siete los visitantes quienes han destacado su intención es tener “los ojos bien abiertos, los oídos bien atentos y escuchar tanto a sociedad civil como instituciones, (…) sin ningún tipo de prejuicio”. La imagen de Colombia ha venido en detrimento en materia de Derechos Humanos en los últimos seis años y las víctimas de los grupos violentos y sectores bien definidos del gobierno han sido por miles. La diputada Balear de Ibiza, por el Cambio (Eivissa pel Canvi), Marián Suárez, dejó entrever que “es de gran interés poder verificar sobre el terreno cuál es la situación de los derechos humanos”.

¿Quiénes son los diputados europeos que verificarán el respeto a los derechos humanos? Además de Marián Suárez, integran la misión Jordi Pedret, del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Inés Sabanés, de Izquierda Unida (IU),  Francesc Canet  de Esquerra – Republicana de Catalunya (ERC), Carles Campuzano de Convergència i Unió (CiU),  Mikel Basabe de Aralar  y el senador de Iniciativa per Catalunya-Esquerra Unida i Alternativa (ICV-EUiA) Joan-Josep Nuet. Obsérvese que se trata de personas que llevan a representación de los sectores sociales y de izquierda española. Los Colombianos que tienen ideas similares han sido satanizados y perseguidos por diferentes sectores del gobierno.  El presidente ha dicho, palabras más… palabras menos, que no se les puede permitir un respiro, que son subversivos  o terroristas malos e indeseables y que hay que exterminarlos.  En Europa, integrada por los países más civilizados del mundo, al contrario de Colombia,  se respeta el pensamiento humano bien sea de derecho, izquierda o centro. Por eso tienen paz. Benito Juárez dijo: “el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Aquí estamos a considerable distancia de la verdadera esencia y sabor de la democracia. En Colombia la limitan como legítima y válida a los sectores de derecha y a obedecer los poderes económicos.  “La negociación del Tratado de Libre Comercio de Europa con Colombia, hacen de la situación real de los derechos humanos en este país, un elemento fundamental (…) en la agenda política”. Durante su estadía en el país, se profundizará en cuestiones sensibles a la conciencia humana como los llamados “falsos positivos”, (Casos de asesinatos de civiles por parte de militares para hacerlos pasar por guerrilleros muertos en combate y obtener así beneficios de la superioridad). Los ataques a la Corte Suprema de Justicia y que no han parado desde que surgió la parapolítica y  la reactivación de grupos paramilitares, (oficialmente desarticulados entre 2003 y 2006). Profundizarán en ataques a los defensores de los derechos humanos, el desplazamiento de la población rural, las supuestas a escuchas ilegales a magistrados, opositores, activistas y periodistas por parte del servicio de inteligencia, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), etc.

Se reunirán con el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), con diferentes agencias de Naciones Unidas que trabajan en Colombia,  Fiscalía General; y con coordinadoras de víctimas del conflicto armado. El movimiento de mujeres, la organización Colombianos y Colombianas por la Paz (mediadores con las FARC para la liberación de rehenes), la Comisión de Derechos Humanos del Senado,  el Alto Comisionado para la Paz, el Programa Presidencial de los Derechos Humanos, la Vicepresidencia de la República y todos los partidos de oposición. Irán a Medellín y Cali, donde se reunirán con la guardia indígena de los departamentos de Cauca y Nariño. Así le fastidie el gobierno y sus fanáticos seguidores, es una buena lección de tolerancia y democracia  para Colombia  que se hace realidad  en el momento oportuno, cuando nos disponemos a cambiar congreso, presidente y vicepresidente. Cuando estamos listos darle otra cara a Colombia, la del país social y democrático que como advierte la Constitución Nacional tiene que ser. ¡Una patria de todos para todos sin discriminaciones!

Nota.- Los uribistas  aspiran a crear para Colombia, “un Congreso sin debate ni ideas o propuestas políticas, llevar candidatos carentes de  identidad y voluntad propia,  a mantener un país político con las prácticas  dañinas de la politiquería. La meta  son votos al costo que sea para llegar al Congreso.  Degradante que los seguidores del presidente Uribe  abracen  como como alternativa la compra de votos y  desechen de plano propuestas programáticas”.

Brutales contrates en el campo colombiano

Martes, Diciembre 22nd, 2009

La Procuraduría señaló que la propuesta presentada por el Gobierno Nacional sobre la política de tierras y territorios para la población desplazada no es integral. La afirmación fue hecha a Corte Constitucional que le pidió al gobierno una propuesta sobre la disposición de tierras para desplazados. El ministerio público señala que las políticas de gobierno no hacen referencia al restablecimiento de las condiciones anteriores al despojo ni de los bienes que fueron abandonados. Da la impresión que el ejecutivo este de acuerdo con los abusos cometidos por los paramilitares, guerrilleros y militares, principales responsables del desplazamiento de más tres millones y medio de campesinos. Como si su propuesta quisiera decirle a la Corte que, “borrón y cuenta nueva” olvidar el pasado y no tentar a los actuales dueños de los predios que antes eran de los campesinos que para salvar sus vidas huyeron a las ciudades. El gobierno esta ofreciendo lo que llaman los jóvenes de ahora “un contentillo” y los viejos “una manadera de gallo”.

 

La Procuraduría señaló que en la propuesta del presidente Uribe, “no hay políticas especiales para mujeres y minorías étnicas ni proyectos para la mujer rural, la cual hasta la fecha ha sido desconocida en los diferentes programas y solo se le otorga un puntaje extra por esta condición. Este documento de política pública social no contempla el procedimiento del Subsidio Integral de Tierras (SIT), que en la actualidad se constituye en el instrumento de política mediante el cual se adelantan en el país los programas de reforma agraria”. Los desalojados son discriminados frente a los beneficios que otros colombianos están recibiendo y en ocasiones perseguidos por reclamar sus derechos. La Corte Constitucional en repetidas ocasiones se ha visto obligada a llamarle la atención al presidente porque no cumple un fallo de hace varios años ganaron los desplazado. Trata por todos los medios de desconocer la jujsticia. Este incumplimiento y discriminación ha sido la acusa para protestas y mítines en diferentes partes del país, particularmente en Bogotá en donde se han tomado parques y edificios públicos. La responsabilidad del cumplimiento de los derechos constitucionales de los desplazados la tiene el ejecutivo en cabeza del presidente. Siempre ha tratado de recortar y minimizar esta obligación jurídica, social y moral.

 

En constarte con lo anterior surgió una noticia que señala para los próximos días decisiones del despacho del Fiscal General de la Nación, relacionadas con las investigaciones por las irregularidades en el programa Agro Ingreso Seguro. En este programa el gobierno derrochó montañas de dinero que fueron repartidas gratuitamente entre gente pudiente, funcionarios, políticos y hasta reinas de belleza. Fuentes oficiales confirmaron que, “los fiscales encargados del caso en la Unidad Anticorrupción, decidieron citar a interrogatorio a 87 personas, entre beneficiarios y funcionarios públicos que tuvieron relación con la entrega de dineros del controvertido programa. 41 de esos beneficiarios recibieron los subsidios no reembolsables del ministerio de Agricultura. La mayoría de este paquete de ciudadanos pertenecientes a familias prestantes de Magdalena y otros departamentos de la costa Atlántica. Los demás citados son funcionarios públicos pertenecientes al ministerio de Agricultura y al ICA”.

 

Una vez estalló el escándalo, el presidente Álvaro Uribe pretendió defender el reparto de dinero gratis entre los poderosos y multimillonarios del agro, familias de alta sociedad y funcionarios públicos, entre otros. Como le fue imposible tapar el escándalo y el Congreso la Fiscalía, Procuraduría y Contraloría metieron la mano en el asunto, cambio de criterio. Como es su costumbre dio orden, por los medios de comunicación, a su ministro de agricultura, blandiendo las manos en forma amenazante, para que recogiera en dinero que había regalado impunemente, apelando a utilizar métodos legales o extralegales. Nadie le prestó atención al presidente, desconocieron al mandatario. Las semanas pasan y no se ha podido recuperar ni un solo centavo. ¿Quién va de volver esos dineros que les dieron gratis… ya los tienen investidos en autos lujosos, yates y todo menos en el agro? La desigualdad y desequilibrio del proceder del gobierno en materia social es monstruoso. El problema que se le presenta al gobierno es que la tierra de los desplazados está en poder de poderosos económicamente, de sus familiares y amigos políticos sembradas de palma de aceite, caucho o tras cosas que servirán de materia prima a la industria, pero que a la larga, estría amenazando la seguridad alimentaría del país. Brutales contrates en el campo colombiano en donde el dolo sirve de herramienta. ¡El crimen si paga!, al menos en este caso de corrupción administrativa.

 

Nota.- Los interrogatorios a los ricos empresarios que recibieron dinero gratis del gobierno, son asimilables a las indagatorias en el antiguo sistema penal colombiano. Los 87 citados tendrán que responder un amplio cuestionario realizado por los fiscales, para establecer la forma en que se repartieron los subsidios de Agro Ingreso Seguro, los requisitos necesarios para acceder a los dineros, la forma como se invirtieron, los empleos creados en forma permanente, entre otras preguntas importantes para determinar el rumbo de las investigaciones. Hasta ahora las cosas van bien para llegar a la verdad. Algunos ante los fiscales han cantando más que Plácido Domingo.

No es un buen gobierno

Viernes, Noviembre 27th, 2009

Bucaramanga.

El desempeño social del Estado, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, “está en deuda con el país”. El Contralor General de la república manifestó que, “los resultados de la acción en materia social siguen siendo preocupantes”. Al presentar al Congreso de la República su “Informe Social 2008″, argumentó que el presidente se raja. Un ejemplo lo centró en el Área Salud en donde “no se ha hecho efectivo el principio de universalidad y persisten las inequidades… el principio de universalidad en salud no solo no se ha hecho efectivo sino que además se ha promovido una abierta segmentación de la población según su capacidad de pago.” En educación, “se observan logros pero los esfuerzos son insuficientes y resulta grave que la mayoría de los jóvenes colombianos solo reciban una educación mínima, pues abandonan las aulas antes de ingresar a los dos últimos grados del bachillerato. La educación superior sigue siendo restrictiva. Se ha llegado al punto que solo uno de cada cinco jóvenes entre los 18 y 24 años tiene acceso a algún tipo de educación postsecundaria”. La realidad colombiana, que difiere grandemente de los discursos presidenciales en los escenarios políticos, no  ajusta a lo que podría  asegurar, es palabrería de los altos funcionarios en transe de elección, mentiras monstruosas sin piedad ni conciencia.

 El contralor  aseguró a los congresistas que, “Persiste el alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza, los ricos son más ricos y los pobres más pobres… En Colombia la brecha entre ricos y pobres se amplió, persiste la exclusión social, la desigualdad en la distribución del ingreso se mantiene muy alta. El gobierno no está haciendo lo necesario para reducir la pobreza y la indigencia… Los más pobres son también afectados por problemas alimentarios y nutricionales y se evidencia exclusión en la atención en la población adulta mayor… los bajos ingresos de casi la mitad de la población colombiana continúan siendo uno de los determinantes más importantes de la exclusión social en Colombia…”. El presidente al defender la gestión social con niveles tan asociales está ratificando  que su gobierno tiene  como meta fundamental  ampliar los beneficio para las minorías económicamente pudientes, 

 ”Se ha avanzado en la lucha contra la pobreza y la desigualdad pero menos de lo necesario y de lo que correspondería dado el nivel de desarrollo alcanzado por el país”, destaco el contralor. En otras palabras: Mientras para proteger al poderoso política y económicamente, se dan cien pasos adelante para proteger al desvalido solo se dan uno o dos, a lo sumo. En el gobierno de Uribe los logros en materia de atención a la población desplazada son escasos, mientras la concentración de la riqueza nacional es del 85%, en un grupo de no más de 80 familias cuyos integrantes no pasan de dos millones de personas. “Persiste el alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza… asistencia para la población desplazada, aún no se ha logrado garantizar su atención integral y los logros aún son escasos”, ratifica el Contralor.

 Léase despacio: El gobierno de Álvaro Uribe, ha perdido mucho tiempo y esfuerzo en su afán de ser reelegido y  no ha querido, trabajar para eliminar las desigualdades acumuladas… por el compromiso entre el presidente y quienes lo han reelegido concentra más la riqueza nacional en pocas manos. El principio de universalidad no sólo no se ha hecho efectivo sino que se ha promovido una abierta segmentación de la población según su capacidad de pago. Además, el Contralor trata de acercarse a la verdad cuando cree que son apreciables, muy grandes y sobresalientes las barreras económicas para que los pobres puedan acceder a una patria generosa. “Colombia presenta un notable atraso frente a países desarrollados y aun frente a países de condiciones similares”. Su exclusión o marginalidad social y económica, la problemática de violencia, guerra interna y delincuencia están intactas.

 El gasto público en educación básica como porcentaje del PIB ha decrecido. En 2001 alcanzó el 3,3%, en 2004 descendió al 3,1%, y desde 2006 hasta 2008 ha estado en el 3%.  La participación de los aportes de la nación a las universidades públicas como porcentaje del PIB muestra un descenso constante: en 2000 era el 0,52%, en 2004 el 0,48% y en 2007 el 0,35%. “La pobreza, al menos la de ingresos, que se deriva de la concentración del ingreso y la riqueza y de la ausencia de oportunidades, genera un círculo vicioso y perverso de menos oportunidades de salud, educación, esparcimiento, vivienda y crédito para los pobres, que a su vez los hace aún más pobres y prolonga su condición… La alta tasa de pobreza en Colombia está estrechamente relacionada con el alto nivel de desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza… a partir del 2003 se registra una caída de la participación de los ingresos de la población asalariada en el PIB; En 2002 era del 34,6%, en 2007 era del 31,1% y en la misma progresión los siguientes años”. En pocas palabras, el de Uribe, no es un buen gobierno. Crece como el rabo de las vacas, de para abajo.