Colombia y Yo

“La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se modifica el Código Penal, aumentando las penas para los delitos de homicidio, secuestro y amenazas, cuando estos se cometan contra defensores y defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la iniciativa, las sentencias pueden alcanzar los 56 años de cárcel”. La anterior información la divulgó la oficina de prensa de la presidencia. La determinación, para todos los colombianos es buena y es algo que se necesitaba. Es buena y altamente positiva. Pero, ante las cosas que ocurren en Colombia la pregunta obligatoria es. “Esta ley será para todos los que delincan sobre esta materia o después el presidente querrá que sus amigos, familiares, paramilitares y fuerza pública, entre otros, no sean castigados de la maneta preestablecida. El presidente de Colombia, cuando vengan las primeras sentencias, saldrá a denigrar de a los fiscales, los jueces y magistrados y a calificarlos como lo peor porque la aplican a los amigos del gobierno y el presidente la ley que propuso el mismo Uribe. Ya son muchas las leyes que inventa y hace aprobar el gobierno a las carreras y a las fuerza, sin darle campo de pensar a los congresista y después, cuando se comienza aplicar el presidente se enfurece y sale por televisión con sus bravateadas rodeado de generales.

De acuerdo con el Viceministro de Justicia y del Derecho, el proyecto presentado por el gobierno de, Álvaro Uribe, como una panacea, “busca incluir en la normatividad penal aquellas conductas que atentan contra las personas que con su invaluable trabajo coadyuvan con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, promoción y protección de los derechos fundamentales. El Gobierno Nacional es consciente de las situaciones de riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos”. A pesar de todo lo que ocurre a lo largo y ancho del país y que ONGs nacionales e internacionales advierten, fuentes del gobierno aseguran que, “por eso viene haciendo un esfuerzo sin precedentes en la protección a la vida e integridad de los defensores de derechos humanos, para proteger el invaluable trabajo que realizan en defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales”. El proyecto de ley fue radicado ante el Congreso de la República el pasado 28 mayo.

Como lo importante no es tener leyes por montones, sino pocas pero aplicadas a todos los colombianos y extranjeros dentro del territorio colombiano, el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, denunció que las amenazas contra los defensores de los Derechos humanos continúan sin cesar. “En un comunicado de un grupo denominado Comando Conjunto de Limpieza amenaza con exterminar a quienes, según el grupo ilegal, se oponen al desarrollo y seguridad del país al estilo Uribe”. Según el Cinep, dentro de las 17 ONGs amenazadas se encuentran, el centro de investigación, el Servicio Jesuita de Refugiados, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y varias organizaciones sindicales, de mujeres, de víctimas de crímenes de Estado, de desplazados y de defensa de los derechos humanos. El Cinep, le exigió al gobierno que identifique e investigue a los culpables, procese a los responsables. El gobierno está en mora definir con claridad las medidas de protección y garantías que ofrece a las organizaciones de Derechos Humanos y sindicatos entre otras”. Mas que leyes aumentando penal urge voluntad política para frenar las amenazas, especialmente aquellas que en forma velada defienden furiosamente la gestión del gobierno.

De la misma forma, es interesante conocer que, “La Defensoría del Pueblo alertó sobre las amenazas contra dirigentes políticos, congresistas y defensores de derechos humanos en el occidente del país. En un panfleto que circula en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Huila, un grupo denominado, Autodefensas Unidas de Colombia – Bloque Central, se declara objetivo militar a defensores de derechos humanos, partidos políticos, miembros del Congreso de la República, periodistas, docentes y contra algunos servidores de las Defensorías Regionales”. Leyes hay, pero los responsables de las amenazas y crímenes contra defensores de los Derechos humanos se ríen de ellas. Para que leyes como la que acaban de aprobar en primer debate si cuando se llega en momento de una sentencia, el propio presidente sale enloquecido a los medios de comunicación a intimar impunidad a favor de quienes violaron los derechos humanos de los colombianos. “Las autoridades están en mora para que se evalúen las amenazas y se apliquen medidas urgentes de protección”. Lo único que hacen con gran énfasis es rechazar y decir que son mentirosos los informes de organismos nacionales e internacionales sobre Derechos humanos”. Esto si lo hace con exageración y resonancia.

“Las amenazas conocidas en último año han sido proferidas contra representantes de organizaciones sociales, tales como: Codhes, la Onic, Corporación Nuevo Arco Iris, el CRIC y Asfades. Contra algunos dirigentes políticos de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Huila, y contra los periodistas Rosa María Agudelo (Cali), Fredi Calvache, Gustavo Valencia, Ricardo Motta (Cauca), Luz Adriana Morales (Buenaventura), Rodolfo Pantoja (Nariño), Hugo Abdón Zambrano y Hernán Estupiñán (Putumayo)”, afirma la Defensoría del Pueblo. El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, “el año pasado las víctimas solo fueron 28 sindicalistas”. Contrario a lo que pidió Uribe, el Ministro del Interior y de justicia informó que se buscarán estrategias que lleven al esclarecimiento de hechos, identificación de autores y participes de desapariciones forzadas y desplazamiento, además de imposición de penas por estos delitos. ¿ O van o vienen?

No revivir odio con lo sucedido en la retoma del palacio de Justicia, pidieron ciudadanos al presidente Uribe. El mandatario puede hacer intervenciones públicas todos los días hasta el final de su gobierno, pero esto no obligará a los jueces ni autoridades judiciales a echar pie atrás con la sentencia del Coronel Plazas. Tampoco los asusta por más generales que ponga a su alrededor en una especie de demostración de poder. Lo hecho en la televisión la noche anterior nos es más que un Show mediático que en nada incide en la determinación jurídica pero que posiblemente estimule deseos de venganzas, acciones de violencia y desconocimiento de la ley. La responsabilidad de la vida e integridad de la juez que dicto sentencia es directa del presidente a través de sus subalternos. Uribe está alborotando el avispero y por ese motivo podría salir mal librado el ex presidente Belisario Betancur a quien no puede proteger con discursos no acordes con la constitución y las leyes.

Luego de conocer la condena al Coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de 11 civiles del Palacio de Justicia y por la decisión de la juez de compulsar copias para que se investigue a Belisario Betancourt, presidente de la época, el representante Gilberto Rondón aseguró que si existen nuevas pruebas que impliquen alguna responsabilidad del ex mandatario en los hechos, el proceso debe reabrirse. Hace tan sólo 15 días archivó el caso por considerar que no existía delito alguno por parte de Betancourt y por la inexistencia de de pruebas o evidencias que indicaran que él participó de las desapariciones que se cometieron en el Palacio de Justicia. “Si hay nuevas evidencias que digan que la situación del ex presidente Belisario Betancourt cambia, es decir, que si hubo responsabilidad penal por parte del presidente habrá la necesidad de reabrir la investigación. La Comisión se esperan los oficios que envíe la juez para actuar en el caso. Recibiremos el oficio que envíe la juez y se le responderá que ya la investigación está archivada, salvo que existan nuevas pruebas que cambien la situación jurídica del presidente Betancourt, de lo contrario no se puede hacer nada”.

Otty Patiño, quien hizo parte de la Dirección Nacional del M-19, en épocas pasadas, pidió al Presidente Álvaro Uribe que, “en el debate desatado por la toma del Palacio de Justicia asuma un actitud de distensión y acatamiento a las leyes y no encienda los odios. No le produce ni alegría ni tristeza la condena a 30 años del Coronel Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia porque se trata de un fallo judicial al que se llego luego de una larga y minuciosa investigación penal. Desde hace varios meses he venido recibiendo rumores según los cuales sectores militares quieren atentar contra quienes fueron miembros del M-19 y por eso le surgieron al Gobierno bajar los ánimos”. Después de su intervención por televisión, Álvaro Uribe Vélez rechazó la condena en contra del coronel (r) Alfonso Plazas Vega y señaló que “por este hecho ninguno de sus autores está preso”, en alusión al M19, en su época como senador redacto e hizo aprobar una proposición. “para que el indulto aplicado durante el proceso de paz con ese grupo subversivo, incluyera los delitos tipificados en el holocausto de la Corte”. Si no hubo cárcel para el M19 fue porque Uribe lo propuso y consiguió que su idea fuera aprobada por el congreso. En las actas de plenaria que datan del 20 de mayo de 1992, la proposición No. 161 dice textualmente lo siguiente: “Desígnese por la Mesa Directiva una Comisión Accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la buscará un acuerdo con el Gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido de que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyan aquellos delitos tipificados en el holocausto de la corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total a favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional. 20 de mayo de 1992 Álvaro Uribe Vélez”

Los familiares de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia le pidieron al presidente Álvaro Uribe respeto por su dolor y por las decisiones judiciales, el poder judicial en Colombia sigue siendo atacado e irrespetado con la intervención del Presidente de la República. “Nosotros responsabilizamos de lo que le pase a la juez, de lo que le pase a los abogados, o de lo que le pase a cualquiera de los familiares de los desaparecidos directamente a las fuerzas militares de Colombia en cabeza del Presidente Álvaro Uribe”, El fallo contra el Coronel Plazas Vega no es suficiente, para los familiares de los desaparecidos, quienes siguen reclamando la verdad y sobre todo saber en dónde están sus cuerpos.

El abogado, Hugo Quintero, quien acompañó este jueves a la juez del Coronel Plazas para solicitar nuevas medidas de protección relató que, “Hay unas coincidencias muy extrañas de una gente que terminó donde ella estaba, luego ella se desplazó a un lugar lejano donde iba a almorzar con su hijo y allá llegaron y eso fue dos semanas antes del fallo”. La primera vez que se pidieron medidas de protección ante un juez con funciones de Control de Garantías, fue en enero de este año, debido a la posibilidad de un atentado contra su vida revelado por un fiscal antiterrorismo, sin embargo, desde septiembre de 2009 comenzaron a llegar sufragios contra la juez Jara. “El sufragio anuncia misas por el eterno descanso de su alma, e involucran a su hijo menor, y le anexan un anónimo que firma supuestamente ‘Comando Vladimir Baquero’, que es de ingrata recordación para la rama judicial porque fue uno de los primeros comandantes paramilitares que perpetró la masacre de La Rochela”, sostuvo el jurista. El presidente Uribe pidió “a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los Derechos Humanos”. Un pedido muy similar al hecho 20 de mayo de 1992, al congreso para conseguir un indulto aplicado para el M-19. Que no haya castigo y que la fuerza pública haga lo que haga siempre se le aplauda. En honor a la democracia lo que sí sabemos es que el fallo judicial no cambiará el presidente con discursos a través de los medios de comunicación. No es el lugar no la forma legal, constitucional y adecuada.

Acompañada por un grupo de cerca de cincuenta jueces de control de garantías y de conocimiento, la juez 52 penal de control de garantías Yenny Jiménez, protestó con el presidente. “Mis actuaciones solo deben ser cuestionadas y verificadas en el marco de los términos judiciales que presupone la ley”. En esta misma protesta le acompañaron más de 25 mil funcionarios judiciales en todo el país. De esa forma rechazaban la absurda posición del presidente, Álvaro Uribe, quien desconociendo todas las normas constitucionales y legales agredió al Poder Judicial, por un fallo en contra de un amigo suyo y que no le gustó. “Uribe quiere una justicia especial para sus allegados en donde él señale cómo debe ser el fallo”, dijo un diario europeo. Durante la protesta se reconoció que, “los jueces no son infalibles porque son humanos, pero tampoco se le puede agredir como la hecho el mandatario, Álvaro Uribe. Todas las decisiones tomadas en la rama judicial deben ser verificadas por el principio de contradicción y de doble instancia, si hay un error jurídico para eso existe mi superior jerárquico, para que las verifique”, dijo la juez quien advirtió que no entrará en polémica con nadie porque todas las decisiones tomadas por ella y desconocidas por Uribe, “son ajustadas a derecho”. La asociación que aglutina a los empleados del Poder Judicial en Colombia, Asonal, precisó que, ª…son múltiples las llamadas telefónicas que incluyen amenazas de muerte contra la jueza 52 que encarceló legalmente al ex Director de la Uiaf. Las iban en aumento luego de cada una de las agresiones presidenciales”. Los operadores judiciales responsabilizaron al presidente, Álvaro Uribe, de tener un alto grado de responsabilidad.

Unos 25.000 funcionarios del Poder Judicial de Colombia salieron en defensa de la autonomía con una jornada de protesta contra el presidente Álvaro Uribe por las diatribas desobligantes del gobernante. La movilización logró una parálisis de tres horas en los despachos judiciales del país. La convocatoria la realizó la Asociación Nacional de Empleados y Funcionarios de la Rama Jurisdiccional (Asonal Judicial). La juez agredida por el presidente, explicó que, “Estoy protegida por mis compañeros que me están acompañando, doy gracias por esa solidaridad de género y estoy atenta a la atención que se pueda presentar más adelante”. La jornada reunió a fiscales, jueces y empleados judiciales. El responsable de Asonal Judicial dijo esperan que esta protesta sirva para, “sentar un precedente de respeto a los fundamentos de la democracia, del Estado Social de Derecho y para que el presidente (Uribe) cese en sus agravios a los jueces de Colombia. Nos parece que este desconocimiento a la estructura misma de una sociedad democrática, de un Estado democrático, muestra una vez más el talante dictatorial y autoritario del actual presidente quien echó por la borda la Constitución con sus afirmaciones irresponsables al tratar a los jueces de tinterillos al servicio del terrorismo, hecho verbal que pone en riesgo mayor la vida y la integridad personal de los mismos. En un país donde hay tanta conflictividad social y donde existe tanta organización armada al margen de la ley imbuidos en el fanatismo… las frecuentes alusiones del gobernante a casos que implican a funcionarios o ex funcionarios suyos en procesos de mucha connotación es algo supremamente grave y constituyen una interferencia, una intervención ilegal en asuntos que son competencia de otras ramas del Poder Público… El ataque desmesurado por parte del presidente Álvaro Uribe contra miembros y decisiones de las cortes y la Fiscalía son una insinuación al crimen”.

Asonal, como entidad gremial tiene conciencia de que, “el mandatario rompen el equilibrio entre los tres poderes, constituyen una intervención directa en las investigaciones que llevan funcionarios judiciales y colocan a éstos en una situación de grave riesgo o peligro debido a que en medio de conflicto interno del país cualquier sector puede tomar sus propias retaliaciones. Este país, donde operan numerosos grupos violentos y la polarización política es total, las palabras de un Presidente de la República pueden convertirse en una orden velada para cometer atentados contra funcionarios judiciales”. En Colombia han sido asesinados este año dos jueces, uno en Medellín y otro en Bogotá, mientras que un magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue víctima de un atentado, del que salió ileso, también en la capital colombiana. La organización sindical tiene documentadas en los últimos cuatro años 727 denuncias por amenazas a operadores judiciales. Los hostigamientos y agresiones de todo orden contra los servidores judiciales, no cesan. Por el contrario, se incrementan de manera considerable en los últimos dos años, desde que se iniciaron las investigaciones contra los parapolíticos. Ejerce a través de los medios de comunicación y valiéndose de su poder indebida presión sobre los jueces, fiscales e investigadores a cargo de los asuntos que afectan al Ejecutivo, es un acto de cobardía”. Finalmente se anunció que fue enviada a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial una nota informativa para que se pronuncie públicamente sobre la situación de la justicia colombiana.