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Monumento a la impunidad

Colombia y Yo — Sun, 25 Jul 2010 03:01:30 +0000

El nuevo presidente de la Cámara, Carlos Zuluaga, anunció “revolcón” en la forma y contenido de Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Dijo que quienes hagan parte de esa célula deben tener mayor experiencia jurídica. No quiere volver a cometer el error de poner de juez del presidente de la república, los magistrados de las altas cortes y del fiscal, a una persona semi analfabeta. El hecho de llegar a ocupar una curul no lo hace doctor ni erudito en nada. Llega a esa posición porque se trata de cumplir un derecho consagrado en la constitución, “elegir y ser elegido”. Si para ser juez de un hampón común y corriente se le exigen a la persona ciertos requisitos, con mayor razón debe exigírsele a quien va a juzgar a la Corte Suprema de Justicia o al presidente de la República. Tiene razón el nuevo presidente de la Cámara. La comisión de acusaciones no pude seguir siendo el lugar donde se concentran los “rezagos de otras comisiones”. Allí deben estar solo eruditos en derecho. La comisión de acusaciones es una vergüenza nacional desde su creación, pero, en los últimos 8 años ha sido el foco del desprestigio del congreso y de la clase política en general. Allí está entronizada la impunidad en la justicia.

Según Zuluaga, al menos en su partido, el conservador, “ya es una obligación que quienes vaya a esa célula legislativa sean los mejores juristas de la colectividad. Yo pido que la Comisiones de Acusaciones no se coja de relleno (…) lo más importante en Comisiones que tiene el Congreso es esa comisión… uno de los recientes presidentes que tuvo e fue el ingeniero, José Gerardo Piamba, quien no tenía ninguna experiencia del sistema judicial del país. Eso es como poner a una gallina a criar patos y no se justifica entre los “Padres de la Patria”. Una situación como esa no puede suceder en una corporación como la Cámara… el llamado a todos los partidos es para no convertir en relleno la Comisión de Acusaciones”. Es increíble que, a manera de ejemplo, Álvaro Alférez Tapias, quien llegó al congreso y a esa comisión por un accidente de la vida, tuviera en sus manos, como “investigador”, más de una veintena investigaciones contra el presidente Álvaro Uribe, Magistrados de las diferentes Cortes, etc. Alférez puede que sea muy bueno “hablando por radio y agrediendo a los políticos santandereanos que no le contribuyan generosamente a su “negocio”, pero como juez y aplicando la ley es una degradación del Estado Colombiano. Hablar hasta por las orejas es un don que Dios le dio, pero sin la virtud de la exactitud. Este ciudadano según sus propios familiares, cuyos nombres reservamos, afirman que no es capaz de escribir un artículo como “periodista” que afirma ser, solo habla y grita, porque su preparación es muy limitada. No paso de la básica primaria en el barrio La Joya de Bucaramanga. De esa forma surge la pregunta: ¿Puede una persona como esta ser juez de los magistrados, del fiscal, del procurador y del presidente? El Estado de las investigaciones a su cargo no pasó de “expediente radicado bajo el número x, Delito por establecer, estado actual: preliminares”.

El presidente de la Cámara de Representantes, pidió a su partido, el Conservador, que “seleccione a los mejores juristas de la corporación para pertenecer a la cuestionada comisión de Investigación y Acusación… Esa comisión tiene que ser la más importante de la Cámara por las funciones que debe desempeñar y tiene que estar compuesta por los representantes más especializados en temas jurídicos. Los conservadores tienen tres miembros. Y confió que en el proyecto de reforma estructural a la justicia que ha anunciado el próximo gobierno, se incluya una reestructuración a la Comisión de Acusación en sus funciones y en sus recursos. Como simple ejemplo s se tiene que en esta comisión hay más de 175 denuncias y demandas contra el Presidente Álvaro Uribe por los muy variados delitos, pero no pasan de ser decepcionadas las quejas y luego archivadas. Es el ejercicio de la impunidad más grosero de cuanto pueda existir en el país. Alguien señalaba que por este motivo los integrantes de la Comisión de acusaciones de los últimos años, han cometido una serie de delitos penales por los que deben responder. Cobraron sus dietas pero no cumplieron con sus funciones de investigar. Esto se llama prevaricato. La célula judicial más inicua e inocua es la Comisión de Acusaciones.

Zuluaga dijo que “a partir de ahora se propone trabajar conjuntamente con las bancadas de la coalición que respaldará al nuevo gobierno y al mismo tiempo ejercer el debido control político. En los últimos 8 años la opinión pública nacional tiene una pésima imagen, perdió credibilidad entre los colombianos al verse sumergido en diversos escándalos, que van desde corrupción y fraude hasta denuncias por vínculos de parlamentarios con grupos paramilitares y servilismo insensato al ejecutivo al puto que perdieron su autonomía e independencia. Era triste ver y escuchar al presidente y al ministro del interior exigiéndole al congreso qué y cómo debía actuar sin salirse del férreo control que ellos ejercían. ¿Tirarán al cesto de la basura las “investigaciones”, que por montones hay contra Uribe, los magistrados y los ex fiscales y otros altos funcionarios de la nación? Hay también investigaciones inmóviles contra Pastrana y Belisario Betancur. ¿Carlos Zuluaga parece que tiene buenas intensiones, le prestarán atención sus colegas, cuestión de la cual dudo que sea así? De todas formas hasta el momento la comisión de acusaciones es una vergüenza para el país hasta el momento, es el mas grande monumento a la impunidad judicial.

Las chuzadas eran del interés de Uribe

Colombia y Yo — Sat, 24 Jul 2010 03:02:25 +0000

“Las intercepciones telefónicas eran de interés de Uribe”, declaró el ex director de inteligencia del DAS a la Fiscalía que lo investiga. Fernando Alonso Tabares precisó, sin darle muchas vueltas al tema, que “los informes iban hacia el secretario general de palacio, Bernardo Moreno”. Le concretó al fiscal investigador que, “recibió órdenes directas de Moreno, así como de la ex directora de la entidad, María del Pilar Hurtado, para adelantar seguimientos a los senadores Piedad Córdoba, Gustavo Petro, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y al periodista Daniel Coronel”. Según este ex funcionario del Das, “los responsables de las chuzadas de DAS son Bernardo Moreno y María del Pilar Hurtado”. Tabares quien garantizó que, “contaré toda la verdad” y reclama beneficios judiciales. Vuelve y se hace realidad el viejo adagio de que “del cielo a la tierra no hay nada oculto”. El secretario general de Palacio está citado a interrogatorio el próximo 28 de julio. ¿Las denuncias de Álvaro Uribe, sobre Venezuela y la guerrilla, buscan esconder las noticias sobre las chuzadas y la proximidad a su despacho? ¿Los periodistas con su atención concentrada en el conflicto internacional olvidarán los vínculos de Uribe y la casa de Nariño con las Chuzadas hechas ilegalmente por el Das? ¿Lo logró? ¿Ese era el afán desesperado por el nombramiento de un fiscal de bolsillo cuando el que está en el cargo lo está haciendo con el grado de excelencia?

El ex director de inteligencia del DAS, Fernando Tabares, declaró a la Fiscalía y por su intermedio a los colombianos y al mundo entero que, “recibió órdenes directas de Bernardo Moreno, secretario de la Presidencia, así como de la ex directora de la entidad, María del Pilar Hurtado”. Afirmó que su historia en las interceptaciones ilegales “arrancó con la llegada de María del Pilar como directora del organismo de inteligencia del Estado”. La orden surgió en una reunión, en la que estuvo presente Hurtado y Moreno. Este último le manifestó “el interés del presidente Álvaro Uribe para que el DAS lo mantuviera informado sobre cuatro temas específicos: Corte Suprema de Justicia, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronell, director de Noticias Uno”. Queda claro que las Chuzadas no se trataban de hechos cometidos por subalternos para provecho propio, como lo había sostenido antes el presidente y varios de sus ministros. “La ex directora me preguntó que si eso era posible a lo que él respondió que, eso ya se venía haciendo con anterioridad a los magistrados y a los senadores Petro y Córdoba. Yo le digo sobre los tres primeros temas: Corte Suprema, Piedad Córdoba y Gustavo Petro no le veía ningún inconveniente porque están enmarcados dentro de nuestras funciones como proveedores de inteligencia para el alto gobierno, pero que en el último tema específico referente a Daniel Coronell lo veía más como una tema personal y que no veía cómo el DAS podía adelantar labores de inteligencia sobre esta persona”. Tabares en la diligencia ante la fiscalía y agregó que, “la ex directora impartió instrucciones para que empezaran a centrar sus labores sobre el requerimiento impartido por Bernardo Moreno”.

De la misma fuente se supo que, “María del Pilar Hurtado, directora del DAS entre agosto de 2007 y octubre de 2008, “ha sido señalada por varios testigos como una de las principales responsables en el escándalo de las chuzadas”, Ya rindió su última diligencia de interrogatorio ante el grupo de apoyo a fiscales de la Unidad Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Las noticias tímidamente publicadas por las grandes cadenas de radio y televisión, sobre Hurtado, advierten que “su situación jurídica será definida por el Fiscal General quien decidirá si le imputa cargos o no. La ex funcionaria sostuvo que, “obedeció órdenes directas de Bernardo Moreno, secretario general de Presidencia para hacer verificaciones tendientes a establecer una presunta infiltración del narcotráfico en la Corte Suprema”. Queda de esta manera claro que desde la Casa de Nariño se violó el código penal y la constitución nacional para beneficiar intereses del presidente Uribe. Se usó al Das como un limpión de la cocina gracias a que hallaron fanáticos que en un momento fueron engañado con el criterio de que Uribe era más que la ley y la constitución. Como viene sucediendo con otros personajes del mismo nivel de estupidez, terminarán en la cárcel. ¿Daba Uribe la orden a su secretario y este la retransmitía al Das?

El personaje de nuestro relato afirmó que, “su historia en las interceptaciones arrancó con la llegada de María del Pilar Hurtado como directora del organismo de inteligencia del Estado, en una reunión en el Metropolitan Club, en la que estuvo presente Hurtado y el secretario general de la Presidencia, Moreno. Este último le manifestó el “interés” del presidente Álvaro Uribe para que el DAS lo mantuviera informado sobre “cuatro temas específicos”: Corte Suprema de Justicia, Gustavo Petro, Piedad Córdoba y Daniel Coronell, director de Noticias Uno. La ex directora me preguntó que si eso era posible a lo que él respondió que, “eso ya se venía haciendo con anterioridad a los magistrados y a los senadores Petro y Córdoba. Yo le digo sobre los tres primeros temas: Corte Suprema, Piedad Córdoba y Gustavo Petro no le veía ningún inconveniente porque están enmarcados dentro de nuestras funciones como proveedores de inteligencia para el alto gobierno, pero que en el último tema específico referente a Daniel Coronell lo veía más como una tema personal y que no veía cómo el DAS podía adelantar labores de inteligencia sobre esta persona”, dijo Tabares en la diligencia. “La ex directora impartió instrucciones para que empezaran a centrar sus labores sobre el requerimiento impartido por Bernardo Moreno”. María del Pilar Hurtado ha sido señalada por varios testigos como una de las principales responsables en el escándalo de las “chuzadas”. La situación jurídica será definida por el Fiscal General quien determinará si le imputa cargos o no. La Fiscalía trabaja para determinar, “si se le se pueda otorgar el beneficio jurídico del principio de oportunidad a favor de Fernando Alonso Tabares. De ser positiva la respuesta, se convertiría en un testigo de cargos.

El show de Ingrid

Colombia y Yo — Tue, 13 Jul 2010 22:07:46 +0000

El ridículo que acaba de protagonizar la ex secuestrada Ingrid Betancourt rebasa todos los límites de la falta de carácter y personalidad. Después de que entró con toda las fuerza a anunciar que demandaría al estado colombiano por su secuestro y daños que le causó a ella y su familia, reculó para anunciar que ya no iba a proceder de esa forma y que buscaría una conciliación. Los que siembre hablan para todo, con fundamento y sin este, como el Ministro del Interior y un grupo de 5 o 6 funcionarios nacionales, dos generales, tres o cuatro ex magistrados e igual número de senadores y representantes, lo volvieron hacer y la condenaron unos y agredieron otros, algunos en términos duros. Ya para lo último tomó la decisión que, “retiraba la conciliación”. El internet de un momento para otro se llenó de agravios contra la colombo-francesa echando por el suelo el prestigio y admiración que había conseguido como consecuencia de su secuestro y sufrimiento en la selva. “La reacción ciudadana, gubernamental y de los medios en realidad terminó haciendo nugatorios sus derechos y no permitió que hubiera ambiente para que la justicia hubiera determinado si Ingrid tenía la razón”, precisó su abogado. La asustaron, a intimidaron y le doblaron la voluntad inicial de intentar una acción legal, la que de paso sea dicho, está protegida por la Constitución Nacional.

El más nervioso de todos los ministros fue y sigue siéndolo el de Defensa Nacional. ¡No era para menos! En donde la querellante hubiese triunfado, la evolución del tema de los secuestros hubiese sido de por los menos 180 grados. La cascada de demandas o conciliaciones monstruosa e incontenible. De todas formas hay quienes en su sapiencia jurídica creen que podría haber legitimidad en las aspiraciones de los ex secuestrados no murió con la determinación de Ingrid y algunos de ellos creen que, “cada caso es diferente por lo cual intentarán independientemente su propia acción”. Algún hombre dedicado al estudio del derecho señaló que la semilla ya estaba sembrada y que, “son las cortes y no los ministros quienes al final de las cuentas, deben fallar”. El Ministerio de Defensa se notificó de la decisión de Ingrid Betancourt de desistir de una demanda contra el Estado sin demorarse un segundo. Los abogados estuvieron presentes en la Procuraduría durante el desarrollo del protocolo legal del retiro de la conciliación extrajudicial por más de 14.000 millones de pesos, US$ 6,8 millones. El módulo jurídico del gobierno examinará los términos de la decisión y sus alcances jurídicos para establecer si queda cerrada toda aspiración económica de Ingrid Betancourt y su familia o si hay alguna hendija y anunciaron que una vez concluya este examen jurídico se dará a conocer un pronunciamiento oficial.

El ex-diputado Sigifredo López, único sobreviviente de la masacre de once diputados a la Asamblea del Valle a manos de las Farc, en las selvas de Nariño, se constituyó en parte civil dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación en contra del grupo guerrillero. “Mis abogados tienen poder y son parte civil dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía 38 Penal Especializada de Derechos Humanos. Se procura el embargo de algunos bienes que han sido incautados a las Farc, con el fin de lograr una reparación por los perjuicios causados a mí y a mi familia”. De la misma forma recordó que, “existe jurisprudencia del Consejo de Estado en demandas emprendidas por familiares de algunos de los ex-diputados asesinados, donde se confirma que hubo fallas en la seguridad y que se trató de un secuestro anunciado”, lo que permitiría actuar contra el Estado Colombiano. “Cada caso de los secuestrados es diferente, ocurrieron en circunstancias particulares y por ello cada uno ha emprendido sus acciones legales”. Entre esos emprendimientos está el de Ingrid consideran algunas personas, pero el gobierno puso en funcionamiento la aplanadora y la destruyó. Los cuatro congresistas del Huila que estuvieron en poder de las Farc durante seis años empezaron desde el mes de abril del 2010, mediante acción de reparación directa, a buscar indemnizaciones del Estado, recurso que interpusieron ante el Tribunal Administrativo del Huila mucho antes de que se conociera la intención de Ingrid Betancourt. Elevaron este recurso contra el Ministerio de la Defensa, el DAS, la Policía, el Congreso, el Departamento administrativo de la presidencia de la República y el Ministerio del Interior. “Todo eso está dentro de la ley y es perverso que se le atropelle antes que los magistrados fallen”. El senador Jorge Eduardo Géchem demandó a la Aeronáutica Civil porque el avión de aires en que viajaba entre Bogotá y Neiva fue bajado por la guerrilla en la vía, entre los municipios de Gigante y El Hobo para secuestrarlo.

El ex rehén de la guerrilla de las Farc, Ingrid Betancourt, blanco de críticas, iniciadas y estimuladas por el gobierno, por su aspiración a recibir una indemnización del Estado colombiano de unos 8 millones de dólares por su secuestro, retiró este martes esa aspiración cayendo en un gran ridículo por no haber sostenido en su posición. “Después de retirados los documentos, la familia de Ingrid Betancourt no podrá interponer una demanda para pedir su reparación”. El caso de Betancourt es único. “No existe antecedentes de solicitudes de conciliación por parte de otros ex rehenes. Es el único que cursaba en la actualidad”, informó la Procuraduría. Betancourt, de nacionalidad colombiana y francesa, fue secuestrada por las Farc en febrero de 2002 y rescatada por la Fuerza Pública colombiana en julio de 2008 en la cinematográfica ‘Operación Jaque’. Ante una aspiración legal, el vicepresidente Francisco Santos, dijo: “Es un premio mundial a la ingratitud y a la desfachatez. Estoy indignado, triste y desilusionado”. ¿Un atropello? ¿Una acción inducida por el gobierno?

Las Chuzadas y la Casa de Cariño

Colombia y Yo — Fri, 09 Jul 2010 04:12:14 +0000

Hasta hace poco el ministro del Interior, sin fundamentos de ninguna naturaleza, abría toda la boca por los diferentes medios de comunicación de Bogotá para asegurar que ningún funcionario de la Casa de Nariño estaba involucrado en el escándalo de las “Chuzadas” del Das. Daba a entender que los empleados y asesores, especialmente estos últimos, estarían a años luz de que estuvieran envueltos en la violación de los derechos humanos a magistrados, periodistas y políticos por intereses políticos. En otras palabras, que se trataba de “palomitas de Fátima”, llenos de pureza y piedad cristiana”. Hoy los colombianos y los organismos inter nacionales asisten al espectáculo grotesco de los funcionarios altos de la Casa de Nariño, han sido llamados por la Fiscalía General de la Nación dentro de la investigación que adelanta por la mas ruin acción de un gobierno en toda la historia de Colombia. Hoy vemos la urgente necesidad que tiene el país de una ley que aplique destitución como mínimo de los funcionarios que como el presidente de la república y sus ministros les mienten una y otra vez a los colombianos. La mentira y el ensaño no pueden seguir siendo el arma de los gobernantes como lo usó Álvaro Uribe.

“Antes de quince días el Fiscal Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Misael Rodríguez, citará al Secretario de Prensa de la Presidencia, Cesar Mauricio Velásquez; al Secretario Jurídico, Edmundo del Castillo; al Viceministro de Defensa, Jorge Mario Eastman, y el ex asesor presidencial José Obdulio Gaviria, para que rindan interrogatorio por su presunta responsabilidad en el escándalo de las “chuzadas” del DAS”. Todo parece indicar que fueron estos funcionarios los responsables intelectuales del evento que hizo quedar al país como un zapato viejo frente a los organismos internacionales de derechos humanos y el respeto a la dignidad humana. Fueron estos sujetos fanáticos del presidente Uribe quienes no vieron ningún inconveniente pasar por encima de los acuerdos internacionales, la constitución y las leyes. Estaban totalmente obnubilados y se imaginaron falsamente que Uribe seria para la eternidad, que era un Dios Intocable y que ellos gozaban de los mimos privilegios y que por eso estaba por encima del bien y del mal. No cabe la menor duda, ante la rectitud dignidad de nuestros fiscales y jueces, que estos individuos delincuentes de cuello blanco, les va a pasar lo mismo que a los promotores de la segunda reelección. Se verán acorralados y tendrán que confesar, pedir sentencia anticipada, lo hizo la madre de la yidispolítica.

Parodiando la frase del Comandante del Ejército, pronunciada ayer en la televisión, “Ningún terrorista puede estar blindado en un país que se llame democrático”, nosotros diríamos: “Ningún promotor de la violación de los derechos humanos, (terrorista de extrema derecha), a magistrados, políticos y periodistas puede estar blindado en un país que se llame democrático… Los colombianos saben, los periodistas saben exactamente en donde están los que ordenaron las chuzadas, el gobierno colombiano sabe con precisión, el señor presidente del la República sabe con precisión…”. Una cuestión lógica es la de que los “chuzadores” no actuaron porque se les venía en gana a ellos n i en su beneficio. Eso es imposible en una institución de esta naturaleza en donde todo es programado, ordenado, con disciplina y responsabilidad ante su inmediato superior. Las órdenes salen de la cúpula y van bajando hasta llegar al ejecutante. Pregunta: ¿En el Das de Uribe, cada funcionario podía hacer lo que se le daba la gana o las ordenes venían de la presidencia? Buscar hacer creer a los colombianos y al mundo que en el máximo organismo de inteligencia un país como Colombia, bajo órdenes directas del presidente de la república, cada cual hacia lo que le venía en gana, es un ridículo o una expresión de máxima irresponsabilidad de los jefes. Estamos de acuerdo general, en Colombia no puede haber ningún delincuente, guerrillero o de cuello blanco, que esté blindado, tiene que ser perseguido y reducido a la presión conforme lo señalan las leyes, las que el mismo gobierno y el congreso uribista mayoritario elaboró, aprobó y sancionó.

“Estos funcionarios y ex funcionarios del gobierno que han sido mencionados por la Fiscalía en audiencias contra otros involucrados en el escándalo de las chuzadas, como partícipes en reuniones que se habrían celebrado en la Casa de Nariño y en la que se habría orquestado un plan de desprestigio contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia”, dicen las noticias más frescas sobre este tema. Cuando el gobierno amenazó acabar con el Das y castigar a los empleados que nada tuvieron que ver con las “chuzadas” comenzaron salir el seno testigos y declarantes idóneos. Se trata de una reacción humana, instinto de defensa. “Unos pocos fueron los responsables de las chuzadas e iban a pagar más de seis mil personas, que trabajaban en secciones diferentes, pero que sabían las cosas que sucedía por estar dentro del Das, que guardaban silencio presionados, pero que no cometieron los delitos”. Las mentiras de Cossio y su amo, el presidente, y de algunos Jefes del Das, hicieron florecer en calidad y cantidad, los testigos de las interceptaciones ilegales. En las chuzadas, el DAS y la Casa de Nariño van por el mismo camino…eso es bueno para la Patria.

Epilogo: La Corte Interamericana de Derechos Humanos elogió el trabajo de los magistrados de Corte Suprema de Justicia y el Poder Judicial en Colombia. El que viene desarrollando en la defensa de derechos fundamentales de los colombianos mereció reconocimiento internacional. El tribunal internacional señaló, “con satisfacción que la máxima instancia de la justicia penal ordinaria colombiana ha adoptado la jurisprudencia internacional en defensa de los derechos humanos. Eso se ve reflejado en sus fallos”. Instancias internacionales como la Relatoría para la Defensa de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, han dado cuenta de la vulnerabilidad a la que están expuestos magistrados y jueces, tras recibir ataques de parte de integrantes de otras ramas del poder, (presidente). Destacaron las investigaciones que se adelantan por las interceptaciones ilegales del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS.

Un cambiazo en el Inpec

Colombia y Yo — Tue, 29 Jun 2010 04:38:33 +0000

Al presidente Álvaro Uribe no se le puede prestar mucha atención, porque quien lo hace por fanatismo u obediencia ciega termina en la cárcel. Los ejemplos son muchos. Entre ellos están Yidis Medina quien creyó que porque era para el presidente se podía violar la ley impunemente (prevaricato). Más recientemente está el caso de los fanáticos “promotores” de la reelección quienes ya comenzaron a confesar sus crimines para lograr rebaja de pena. Todo por tener contento a Uribe. Funcionarios del Das hay más de una treintena quienes trabajaron personalmente para Uribe sin tener en cuenta las leyes y ahí están de cabeza en las diferentes cárceles del país. Más de una treintena de Representantes son objeto de investigaciones, etc. En las noticias de este lunes se advierte que, ”ante la Fiscalía General de la Nación será denunciado el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, Carlos Barragán, por ordenar el traslado del Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega a una guarnición militar y no a una cárcel”. Según el denunciante Cesar Rodríguez, familiar de uno de los desaparecidos del Palacio de Justicia, un cuartel no es una cárcel y la sentencia habla de enviar al coronel a una cárcel. Es la puesta en práctica de la habilidad que tienen los funcionarios del gobierno de Uribe, por orden suya, para hacer ver un gallinazo como una gallina y convencer a la gente que es por el bien de Colombia. De la misma forma precisó que enviaron una comunicación sobre el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “El Director del Inpec, Instituto Nacional penitenciario, habría incurrido en el delito de fraude a resolución judicial y este tendría entre uno y cuatro años de prisión”. Él sabe porque es abogado.

René Guarín, hermano de Cristina del Pilar Guarín, una de las 11 Personas desaparecidas en la retoma del Palacio de Justicia califico la medida de esquivar la cárcel por una guarnición militar, como un atropello a la orden de un juez colombiano. El abogado Jorge Molano anuncié que se tomarán “acciones judiciales”, porque el Coronel debe ser recluido en la cárcel, pues en su caso están involucrados “Delitos de Lesa Humanidad” y para estos no procede ningún beneficio judicial”. De por medio entre cumplir y burlarse de la sentencia judicial no hay más que una orden dada por el presidente Uribe cuando por la televisión, hace pocos días apareció rodeado de generales. “No hay razones valederas para que un ex oficial del ejército, condenado a 30 años de cárcel, por delitos de lesa humanidad, desaparición forzada de 11 personas, no sea recluido una cárcel y si lo asignen a pasar la sentencia en un cuartel, donde podrá estar con todos los lujos y comodidades que ofrecen los casinos militares, además de permanecer sin control real de ninguna naturaleza. “Eso no sería castigo, por el contrario sería un premio a las desapariciones forzadas de esas 11 personas, por los delitos de lesa humanidad”.

La reclusión del Coronel Alfonso Plazas Vega en la Escuela de Infantería, fue señalada por los familiares de víctimas del holocausto del Palacio de Justicia como, “una Nueva Interferencia del gobierno y de Álvaro Uribe Vélez por obstaculizar la Justicia”. Hacen lo que en las cárceles llaman el “cambiazo”, el convertir el castigo que ordena la ley y la justicia colombiana por un premio. El escándalo de violación de derechos humanos ya se hizo internacional por lo que urge que la Fiscalía proceda con prontitud a castigue a los responsables del nuevo abuso de poder, comenzando por el director del Inpec, quien indudablemente terminará preso luego que rinda descargos.

Trece días después de que condenaran a 30 años de prisión al Coronel (r.) Alfonso Plazas Vega por la desaparición de once personas en la retoma del Palacio de Justicia en 1985, se ordenó su traslado inmediato a la cárcel La Picota. Desde agosto de 2009, Plazas Vega se encentraba interno en el Hospital Militar. Los médicos entregaron un concepto a la juez Tercera Penal del Circuito de Bogotá en el que señalaban que, “a pensar de los trastornos de ansiedad que presentaba, él tenía la capacidad de evaluar situaciones, elegir un curso de acción y hasta dejar constancia escrita de un proceso de decisión, por lo que no había ningún tipo de impedimento para ser trasladado a un centro penitenciario. En este caso, a La Picota”. La juez María Stella Jara notificó al Inpec para que se dé el traslado inmediato de Plazas a la cárcel. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, confirmó haber recibido formalmente la orden de traslado a un centro penitenciario del coronel en retiro Alfonso Plazas Vega. “En la dirección del INPEC reposa ya la orden de remisión emitida por la jueza tercera especializada de Bogotá, María Stella Jara, y se ejecutará en cualquier momento”, informó el organismo a los medios de comunicación, pero mintieron. Se lo llevaron con todos los honores y privilegios a un cuartel.

¿Quién ordenó cambiar la determinación de la juez, basada y la constitución, las leyes y acuerdos judiciales internacionales? Ya los organismos internacionales comenzaron a pronunciarse y con sobrada razón. “La ONU exhortó al Gobierno a acatar y respetar el fallo contra el coronel (r.) Alfonso Plazas Vega al pie de letra como lo produjo la justicia, sin interferencias de ninguna naturaleza”. Esta historia finaliza con las declaraciones del sentenciado: “me siente complacido porque el Inpec acató la orden que había dado la jueza tercera especializada de recluir a su cliente en una guarnición militar, Agregó que según la ley colombiana, el oficial tiene derecho a ese sitio de reclusión…” 11 desaparecidos forzados…delitos de lesa humanidad… por eso urge la intervención de la Fiscalía ahora que esta interina y que ha servido mejor que nunca en su historia…” Patria, te adoro en mi silencio mudo y temo profanar tu nombre santo…

Con vinagre no se cazan moscas

Colombia y Yo — Thu, 24 Jun 2010 19:54:02 +0000

Resulta que los magistrados de las diferentes Cortes en Colombia no eran los monstruos terroríficos como los querían pintar algunas personas de alto rango en el gobierno nacional. Tampoco los seres cargados de odios y rencores contra las otras ramas del poder público, se trataba de personas con dignidad y decoro que como es lógico, poco interés tenían de hacer coloquios con quien los había agredido de una forma enfermiza y sistemática. “Luego de una reunión de 45 minutos los presidentes de las cuatro Cortes señalaron que iniciaron con pie derecho las relaciones entre la rama judicial y el próximo gobierno. El presidente electo, Juan Manuel Santos, se comprometió a respetar la independencia y autonomía judicial fundamento de oro de la democracia en cualquier país civilizado del mundo”. El mandatario saliente en una desafortunada intervención pública justificó su proceder, agredir a los jueces cuando se trataba de familiares, amigos suyos y parapolíticos, porque lo estaba haciendo en “bien de la patria”. ¡Como para soltarle la carcajada en la cara! Durante el encuentro no se habló de lo que los medios de comunicación han dado por llamar “choque de trenes”. El nuevo mandatario entiende que se trata de un capitulo poco dignificante y afortunado del gobierno de Uribe y él no estaba interesado en ir a ese paseo.

Santos les dijo a los presidentes de las Altas Cortes que toda reforma a la justicia será concertada con ellos. Nada se hará por la fuerza ni pretendiéndolos desconocer su experiencia y conocimiento en la materia. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jaime Arrubla, sostuvo que fue muy constructivo el diálogo ya que hubo un buen espíritu de amistad y armonía con el presidente Santos a quien consideraron, “un amigo de vieja data. Aunque no se trataron temas a profundidad como la elección del Fiscal, la extradición y la descongestión, si se abonó el terreno para que se dé la armonía institucional que Colombia había perdido”. El presidente del Consejo de Estado, Fernando Álvarez, dijo que el principal logro alcanzado en la reunión radica en que “Santos hizo ante las Cortes el compromiso de consultar cualquier cambio al sistema judicial colombiano”. El primer acuerdo alcanzado tiene que ver con que, “Definitivamente se revivirá el ministerio de Justicia. Lo primero que hará después del siete de agosto será pedirle al Congreso que agilice dicha iniciativa”, garantizó el nuevo mandatario.

Juan Manuel Santo, que diferencia tan grande con el presidente Uribe, expresó su respeto por el poder judicial y dijo que está actuando con sinceridad para. “entablar un diálogo constructivo, respetando la autonomía e independencia de la Rama Judicial. La armonía siempre da mejores resultados. Habrá una ruta de diálogo para que se cumplan los objetivos, porque es importante para la Democracia y el Estado y eso es lo que que cuenta en primer instancia”. Quedan de esta manera echadas las bases para mantener un diálogo permanente entre el Ejecutivo y Judicial, no significando esto sometimiento del uno al otro como desde hace cerca de dos años y medio viene presionando el actual presidente Álvaro Uribe. A partir del encuentro con Santos, todo el poder judicial queda, “dispuesto, abierto y listo para el diálogo y la confrontación civilizada de ideas y propósitos”. El respeto por los demás seres humanos es fundamental en todo momento y para toda actividad. No se puede cazar moscas con vinagre ni llamar al diálogo a las patadas, es una estupidez, es absurdo.

Por el bien de la patria, y la justicia colombiana se le debe poner freno a los abusos. La recomendación, “•no prestarle atención a los agravios de la Casa de Nariño. Toda Colombia sabe que la furia del presidente Uribe contra los jueces, fiscales y magistrados nace como gemelo de la parapolítica. Fue una política de gobierno mal enfocada y dañina plagada de intereses personales y politiqueros con la que se hizo un esfuerzo perverso de eximir a los amigos y familiares del presidente de las responsabilidades penales por sus acciones. “Nunca denunció nada con seriedad”, siempre se fueron temas tratados por las ramas para engañar y despistar pendejos e ignorantes. De 600, fiscales y magistrados jueces denunciados verbalmente por Uribe y sus ministros en sus discursos, ninguno ha podido ser sentenciado porque no hay pruebas, las palabras presidenciales no pasan de ser humo que se desvanece. Uribe nunca buscó dialogo, para qué decirnos mentiras, siempre procuró imponer sus criterios así estos estuvieran por fuera de la ley y la constitución. La oferta del presidente Santos de que, “es amigo de la total independencia y autonomía de la justicia”, satisface y llama a la tranquilidad de la conciencia nacional.

Emerge un nuevo dedo acusador

Colombia y Yo — Thu, 24 Jun 2010 02:39:40 +0000

Apareció un nuevo dedo acusador contra un ex-funcionario del gobierno de Álvaro Uribe, el que finalizara el próximo siete de agosto cuando asuma Juan Manuel Santos. Ahora el señalado es el ex comisionado de Paz a quien, en su tiempo de gloria, el presidente Uribe le oía y le acataba en todo lo que se le viniera a la cabeza. Le consignan a la gestión de, Luis Carlos Restrepo, el haber logrado acuerdo de paz con las ultraderechas y traficantes bandas de los terroríficos narco paramilitares, que aún subsisten con otros nombres. Por lo menos 15 de los más encumbrados jefes paramilitares fueron deportados a Estados Unidos, por cuestiones de narcotráfico, desconociendo la montaña de crimines de lesa humanidad, de los que al parecer el gobierno teme puedan untar a sus integrantes y hasta el propio presidente. A pesar que los medios de comunicación no publicaron la noticia a grandes titulares, se espera una nueva arremetida del presidente Uribe contra el Poder Judicial, agresiones que ya se hicieron habituales cuando investigan familiares, políticos adeptos o funcionarios de su cuerda. Son cosas de iracundo a punto de perder er poder que sustento durante 8 años.

En las noticias escondidas hallamos: “Según el exjefe paramilitar, Fredy Herrera Rendón, alias “El Alemán” en la negociación de Santa Fe de Ralito, Córdoba, hubo muchos acuerdos bajo la mesa entre el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo y los comandantes de Autodefensas. Uno de esos pactos está relacionado con el retiro de Carlos Castaño de esas conversaciones y negociaciones para la desmovilización, y su supuesta entrega a la Oficina de Envigado para que lo asesinara. A juicio de “El Alemán”, el señor Restrepo tuvo alguna relación con la muerte de Carlos Castaño al ordenar el retiro del entonces jefe de las Autodefensas, de las negociaciones, lo cual precipitó el ataque criminal en el que murió el exjefe paramilitar, y luego sepultado en una finca. Fredy Herrera Rendón, “El Alemán”, también denunció que Luis Carlos Restrepo, entonces Comisionado de Paz, habría participado en un atentado en su contra en 2003, y, aunque no suministró detalles, sostuvo que tiene cómo demostrar ese señalamiento y denuncia. Las versiones de alias “El Alemán” fueron entregadas durante una reciente audiencia en el proceso de Justicia y Paz”.

En una página de opinión en Internet desenterramos: “Luis Carlos Restrepo es uno de los muchos bandidos del gobierno de Álvaro Uribe. Es uno de los que tienen o tuvo incrustados en los distintos altos estrato del gobierno con su apoyo económico y moral. Es uno de esos bandoleros a los que ahora el presidente les tiene miedo físico ya que, gracias a la rectitud de la justicia, les está quitando la cobija que tenía tapándolo todo y esquivar responder a la ley sobre los “éxitos de gobierno”. Las declaraciones de El Alemán tienen que ser ciertas, porque solo los criminales de su talla saben quiénes estuvieron o idealizaron los crímenes, qué acuerdos se hicieron y cuáles los beneficios para lado y lado. “Yo te doy, tú me das”. La gente de bien no saben nada de las andanzas del ex comisionado, de los quebrantamientos a la ley solo lo saben solo los criminales de la parapolítica, narcotráfico y el gobierno, Lo sabe El Alemán y sus compinches. A Luis Carlos Restrepo cuando fue comisionado de paz le chorreaba la sangre por las comisuras de los labios, Uribe sabia, pero callaba. ¿Por qué no gotear la de Carlos Castaño? Todo ese acuerdo de paz no fue gratis, espontáneo ni por amor a la Patria. Fue una serie de convenios en donde cada cual iba protegiendo sus intereses económicos, políticos y sobre todo las culpas criminales que debían ser desaparecidas gracias a la impunidad ofrecida por Uribe y su comisionado de paz…”

Para recordar: Carlos Castaño Gil, nació en Amalfi, Antioquia, 15 de mayo de 1965 y murió 16 de abril de 2004. Fue un jefe paramilitar que lideró grupos armados ilegales de extrema derecha ligados al tráfico de drogas en Colombia y cometieron miles de crimen es de lesa humanidad. Se consolidó como líder de grupos criminales al tomar el mando de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá después de la muerte de su hermano Fidel Castaño quien fue su fundador. Era una unidad paramilitar de extrema derecha, la misma orientación política de Uribe, y quienes a través de sus jefes confesaron haber ayudo a establecerse el actual gobierno. A las ACCU adscribía, entre otros bloques, el Bloque Metro de Medellín. Castaño consolidó y conformó las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) de una alianza de grupos paramilitares que tenían por objetivo derrotar a las FARC y el ELN pero nunca lo lograron, pero si estuvieron fuertemente ligada al tráfico de drogas. Proviene de una familia con de ocho hijos hombres y cuatro mujeres, varios de ellos asociados al narcotráfico y al paramilitarismo. Su hermano Fidel era conocido por su cercanía al capo Pablo Escobar a quien después combatió junto con Carlos en la organización conocida como “Los Pepes”. Su hermano Vicente ha sido señalado como el autor intelectual de la muerte de su propio hermano Carlos y de ser el promotor del grupo narco-paramilitar las Águilas Negras surgido tras la desmovilización de las AUC. Carlos Castaño ha sido señalado como responsable de la masacre de cientos de campesinos y el asesinato de líderes políticos y sociales como Bernardo Jaramillo Ossa, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal y el humorista Jaime Garzón entre otros.

Luis Carlos Restrepo es un político y psiquiatra, nació en Filandia, Quindío en 1954. Fue el comisionado de paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez hasta febrero de 2009 cuando renunció para asumir la jefatura del Partido de la U. Doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en Psiquiatría y magister en Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. Como del cielo a la tierra no hay nada oculto y la obligación moral y constitucional de fiscales y jueces es investigar, caiga quien caiga, sea amigo o no del presidente, en poco tiempo brillará la luz de la verdad. El acusado tiene que aclarar que, “hubo muchos acuerdos bajo la mesa entre el entonces comisionado de paz Luis Carlos Restrepo y los comandantes de Autodefensas. “Del cielo a la tierra no hay nada oculto”, dice el adagio popular y es verdad de la que nadie se salva. Los criminales son los que saben de los crímenes por eso bienvenido este y todos los dedos acusadores. A Colombia hay que limpiarla metiendo a todos esos quienes creyeron que política era sinónimo de bandidos.

Muchas gracias, no nos gustan…

Colombia y Yo — Thu, 17 Jun 2010 22:19:33 +0000

“La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó reunirse con el presidente de la República, con el fin de tratar varios temas que han sido motivo de polémica”. Los magistrados creen que como poder público autónomo e independiente, la justicia, nada tiene que acordar con el presidente Álvaro Uribe. De la misma manera los magistrados están profundamente heridos de las absurdas agresiones presidenciales a miembros de la justicia colombiana quienes actuando dentro de la constitución y las leyes han dictado autos contra funcionarios públicos y militares. La extraña teoría de que la armonía de la Justicia y el Ejecutivo dependen de de la obediencia de fiscales, magistrados y jueces a los caprichos de Uribe, no tienen fundamento legal, por lo que no pueden acogerla. La armonía en el funcionamiento de los poderes públicos depende del respeto del presidente por la justicia y sus determinaciones en todo sitio y lugar. “La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia rechazó reunirse con el presidente de la República, con el fin de tratar varios temas que han sido motivo de polémica. Este pronunciamiento fue hecho por le Sala Penal, Civil y Laboral, al estudiar la carta enviada por el Ministro del Interior que requería que todos los magistrados recibieran al jefe del Estado. Es de recordar que la Sala Penal rechazó reunirse con el primer mandatario por considerar que fueron excesivas las afirmaciones en su contra, al haberla señalado de influenciar las determinaciones de jueces de menor jerarquía. En las próximos horas se entregará un escrito en el que se explicará el por qué de la determinación”.

El Poder Judicial espera para las próximas horas otra arremetida presidencial por determinaciones que tendrá que tomar de conformidad con la Constitución y las leyes contra un funcionario del gobierno de Uribe. “Hoy se cumplen los diez días hábiles para que la Agencia Presidencial pague más de 30 mil millones de pesos a 1.554 familias desplazadas por concepto se subsidios que no fueron cancelados, en algunos casos, desde 1997. A pesar de la impugnación interpuesta ante el Tribunal Superior de Bogotá, la entidad tiene la obligación de cancelar esos dineros, o de lo contrario su director, Diego Molano, no sólo deberá cancelar una multa sino que podría ir prisión hasta seis meses, de acuerdo a lo que resuelva un juez de la República ante el incidente de desacato que interponga Edwin Gutiérrez, abogado representante de las familias desplazadas. El fallo de tutela proferido el pasado 1 de junio, ordena que se entreguen las ayudas humanitarias consistentes en subsidios de alimentación, aseo personal, abastecimientos, utensilios de cocina, atención médica y psicológica, transporte de emergencia y alojamiento transitorio en condiciones dignas. Igualmente, critica la deficiente atención que se le brinda a la población desplazada y le ordena a la entidad estatal que elimine prácticas insanas como forzar a las personas a dormir en la calle frente a las oficinas Unidades de Atención y Orientación, para obtener un turno que le permita acceder a la información que allí se ofrece o negar el suministro de la Ayuda humanitaria de emergencia aduciendo extemporaneidad en su cobro”

El abogado de las más de 1.500 familias desplazadas dijo que actuará son miedo y sin contemplaciones y presentará ante el Juez de tutela la queja de desacato. Según lo establecido en todas las normas legales que hacen referencia a este tema, el director de Acción Social podría ser detenido y ahí es donde se espera la próxima explosión de Uribe contra la justicia. “Si no cumple hoy, (jueves 17 de junio), a las 5:00 de la tarde, mañana, a primera hora, estaremos instaurando en correspondiente desacato”. La entidad estaba obligada a hacer efectivo el giro de los dineros adeudados 1.554 familias desplazadas que hacen parte del programa de Ayuda Humanitaria de Emergencia, luego de que el Juez 32 Penal del Circuito de Bogotá comprobara el incumplimiento de ese compromiso por parte del Gobierno y ordenara el pago. “La apelación a la decisión, no entorpecerá el cumplimiento del fallo, pues se trata de la violación de un derecho fundamental que, como tal, debe ser restablecido con urgencia”.

Entendemos que los magistrados le están diciendo formalmente al presidente, Álvaro Uribe, que muchas gracias, pero no son tan tarugos, que no quieren puestos ni contratos y que respetan la Constitución y las leyes por encima de todo deseo personal presidencial y por eso no pueden caer en trampitas planteadas desde el alto gobierno. Que ellos son independientes y autónomos y que por eso seguirán en su tónica porque no van a renunciar a su fuero que hace la diferencia entre una democracia y una dictadura. “muchas gracias señor presidente, no nos gustan esos chicharrones, huelen a feo…”

¿O van… o vienen?

Colombia y Yo — Wed, 16 Jun 2010 21:36:13 +0000

“La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate el proyecto de ley por medio del cual se modifica el Código Penal, aumentando las penas para los delitos de homicidio, secuestro y amenazas, cuando estos se cometan contra defensores y defensoras de derechos humanos. De acuerdo con la iniciativa, las sentencias pueden alcanzar los 56 años de cárcel”. La anterior información la divulgó la oficina de prensa de la presidencia. La determinación, para todos los colombianos es buena y es algo que se necesitaba. Es buena y altamente positiva. Pero, ante las cosas que ocurren en Colombia la pregunta obligatoria es. “Esta ley será para todos los que delincan sobre esta materia o después el presidente querrá que sus amigos, familiares, paramilitares y fuerza pública, entre otros, no sean castigados de la maneta preestablecida. El presidente de Colombia, cuando vengan las primeras sentencias, saldrá a denigrar de a los fiscales, los jueces y magistrados y a calificarlos como lo peor porque la aplican a los amigos del gobierno y el presidente la ley que propuso el mismo Uribe. Ya son muchas las leyes que inventa y hace aprobar el gobierno a las carreras y a las fuerza, sin darle campo de pensar a los congresista y después, cuando se comienza aplicar el presidente se enfurece y sale por televisión con sus bravateadas rodeado de generales.

De acuerdo con el Viceministro de Justicia y del Derecho, el proyecto presentado por el gobierno de, Álvaro Uribe, como una panacea, “busca incluir en la normatividad penal aquellas conductas que atentan contra las personas que con su invaluable trabajo coadyuvan con el Estado en el cumplimiento de sus obligaciones de garantía, promoción y protección de los derechos fundamentales. El Gobierno Nacional es consciente de las situaciones de riesgo que enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos”. A pesar de todo lo que ocurre a lo largo y ancho del país y que ONGs nacionales e internacionales advierten, fuentes del gobierno aseguran que, “por eso viene haciendo un esfuerzo sin precedentes en la protección a la vida e integridad de los defensores de derechos humanos, para proteger el invaluable trabajo que realizan en defensa, promoción y protección de los derechos fundamentales”. El proyecto de ley fue radicado ante el Congreso de la República el pasado 28 mayo.

Como lo importante no es tener leyes por montones, sino pocas pero aplicadas a todos los colombianos y extranjeros dentro del territorio colombiano, el Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep, denunció que las amenazas contra los defensores de los Derechos humanos continúan sin cesar. “En un comunicado de un grupo denominado Comando Conjunto de Limpieza amenaza con exterminar a quienes, según el grupo ilegal, se oponen al desarrollo y seguridad del país al estilo Uribe”. Según el Cinep, dentro de las 17 ONGs amenazadas se encuentran, el centro de investigación, el Servicio Jesuita de Refugiados, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio y varias organizaciones sindicales, de mujeres, de víctimas de crímenes de Estado, de desplazados y de defensa de los derechos humanos. El Cinep, le exigió al gobierno que identifique e investigue a los culpables, procese a los responsables. El gobierno está en mora definir con claridad las medidas de protección y garantías que ofrece a las organizaciones de Derechos Humanos y sindicatos entre otras”. Mas que leyes aumentando penal urge voluntad política para frenar las amenazas, especialmente aquellas que en forma velada defienden furiosamente la gestión del gobierno.

De la misma forma, es interesante conocer que, “La Defensoría del Pueblo alertó sobre las amenazas contra dirigentes políticos, congresistas y defensores de derechos humanos en el occidente del país. En un panfleto que circula en los departamentos de Chocó, Cauca, Nariño y Huila, un grupo denominado, Autodefensas Unidas de Colombia – Bloque Central, se declara objetivo militar a defensores de derechos humanos, partidos políticos, miembros del Congreso de la República, periodistas, docentes y contra algunos servidores de las Defensorías Regionales”. Leyes hay, pero los responsables de las amenazas y crímenes contra defensores de los Derechos humanos se ríen de ellas. Para que leyes como la que acaban de aprobar en primer debate si cuando se llega en momento de una sentencia, el propio presidente sale enloquecido a los medios de comunicación a intimar impunidad a favor de quienes violaron los derechos humanos de los colombianos. “Las autoridades están en mora para que se evalúen las amenazas y se apliquen medidas urgentes de protección”. Lo único que hacen con gran énfasis es rechazar y decir que son mentirosos los informes de organismos nacionales e internacionales sobre Derechos humanos”. Esto si lo hace con exageración y resonancia.

“Las amenazas conocidas en último año han sido proferidas contra representantes de organizaciones sociales, tales como: Codhes, la Onic, Corporación Nuevo Arco Iris, el CRIC y Asfades. Contra algunos dirigentes políticos de los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo y Huila, y contra los periodistas Rosa María Agudelo (Cali), Fredi Calvache, Gustavo Valencia, Ricardo Motta (Cauca), Luz Adriana Morales (Buenaventura), Rodolfo Pantoja (Nariño), Hugo Abdón Zambrano y Hernán Estupiñán (Putumayo)”, afirma la Defensoría del Pueblo. El ministro de la Protección Social, Diego Palacio, “el año pasado las víctimas solo fueron 28 sindicalistas”. Contrario a lo que pidió Uribe, el Ministro del Interior y de justicia informó que se buscarán estrategias que lleven al esclarecimiento de hechos, identificación de autores y participes de desapariciones forzadas y desplazamiento, además de imposición de penas por estos delitos. ¿ O van o vienen?

No revivir odios piden a Uribe

Colombia y Yo — Fri, 11 Jun 2010 03:02:29 +0000

No revivir odio con lo sucedido en la retoma del palacio de Justicia, pidieron ciudadanos al presidente Uribe. El mandatario puede hacer intervenciones públicas todos los días hasta el final de su gobierno, pero esto no obligará a los jueces ni autoridades judiciales a echar pie atrás con la sentencia del Coronel Plazas. Tampoco los asusta por más generales que ponga a su alrededor en una especie de demostración de poder. Lo hecho en la televisión la noche anterior nos es más que un Show mediático que en nada incide en la determinación jurídica pero que posiblemente estimule deseos de venganzas, acciones de violencia y desconocimiento de la ley. La responsabilidad de la vida e integridad de la juez que dicto sentencia es directa del presidente a través de sus subalternos. Uribe está alborotando el avispero y por ese motivo podría salir mal librado el ex presidente Belisario Betancur a quien no puede proteger con discursos no acordes con la constitución y las leyes.

Luego de conocer la condena al Coronel en retiro Alfonso Plazas Vega por la desaparición forzada de 11 civiles del Palacio de Justicia y por la decisión de la juez de compulsar copias para que se investigue a Belisario Betancourt, presidente de la época, el representante Gilberto Rondón aseguró que si existen nuevas pruebas que impliquen alguna responsabilidad del ex mandatario en los hechos, el proceso debe reabrirse. Hace tan sólo 15 días archivó el caso por considerar que no existía delito alguno por parte de Betancourt y por la inexistencia de de pruebas o evidencias que indicaran que él participó de las desapariciones que se cometieron en el Palacio de Justicia. “Si hay nuevas evidencias que digan que la situación del ex presidente Belisario Betancourt cambia, es decir, que si hubo responsabilidad penal por parte del presidente habrá la necesidad de reabrir la investigación. La Comisión se esperan los oficios que envíe la juez para actuar en el caso. Recibiremos el oficio que envíe la juez y se le responderá que ya la investigación está archivada, salvo que existan nuevas pruebas que cambien la situación jurídica del presidente Betancourt, de lo contrario no se puede hacer nada”.

Otty Patiño, quien hizo parte de la Dirección Nacional del M-19, en épocas pasadas, pidió al Presidente Álvaro Uribe que, “en el debate desatado por la toma del Palacio de Justicia asuma un actitud de distensión y acatamiento a las leyes y no encienda los odios. No le produce ni alegría ni tristeza la condena a 30 años del Coronel Alfonso Plazas Vega por los desaparecidos del Palacio de Justicia porque se trata de un fallo judicial al que se llego luego de una larga y minuciosa investigación penal. Desde hace varios meses he venido recibiendo rumores según los cuales sectores militares quieren atentar contra quienes fueron miembros del M-19 y por eso le surgieron al Gobierno bajar los ánimos”. Después de su intervención por televisión, Álvaro Uribe Vélez rechazó la condena en contra del coronel (r) Alfonso Plazas Vega y señaló que “por este hecho ninguno de sus autores está preso”, en alusión al M19, en su época como senador redacto e hizo aprobar una proposición. “para que el indulto aplicado durante el proceso de paz con ese grupo subversivo, incluyera los delitos tipificados en el holocausto de la Corte”. Si no hubo cárcel para el M19 fue porque Uribe lo propuso y consiguió que su idea fuera aprobada por el congreso. En las actas de plenaria que datan del 20 de mayo de 1992, la proposición No. 161 dice textualmente lo siguiente: “Desígnese por la Mesa Directiva una Comisión Accidental, con representación de todas las fuerzas políticas, la buscará un acuerdo con el Gobierno para tramitar con celeridad un instrumento jurídico que haga claridad en el sentido de que la amnistía y el indulto aplicados al proceso de paz incluyan aquellos delitos tipificados en el holocausto de la corte, a fin de que no subsistan dudas sobre el perdón total a favor de quienes se han reintegrado a la vida constitucional. 20 de mayo de 1992 Álvaro Uribe Vélez”

Los familiares de los desaparecidos en la retoma del Palacio de Justicia le pidieron al presidente Álvaro Uribe respeto por su dolor y por las decisiones judiciales, el poder judicial en Colombia sigue siendo atacado e irrespetado con la intervención del Presidente de la República. “Nosotros responsabilizamos de lo que le pase a la juez, de lo que le pase a los abogados, o de lo que le pase a cualquiera de los familiares de los desaparecidos directamente a las fuerzas militares de Colombia en cabeza del Presidente Álvaro Uribe”, El fallo contra el Coronel Plazas Vega no es suficiente, para los familiares de los desaparecidos, quienes siguen reclamando la verdad y sobre todo saber en dónde están sus cuerpos.

El abogado, Hugo Quintero, quien acompañó este jueves a la juez del Coronel Plazas para solicitar nuevas medidas de protección relató que, “Hay unas coincidencias muy extrañas de una gente que terminó donde ella estaba, luego ella se desplazó a un lugar lejano donde iba a almorzar con su hijo y allá llegaron y eso fue dos semanas antes del fallo”. La primera vez que se pidieron medidas de protección ante un juez con funciones de Control de Garantías, fue en enero de este año, debido a la posibilidad de un atentado contra su vida revelado por un fiscal antiterrorismo, sin embargo, desde septiembre de 2009 comenzaron a llegar sufragios contra la juez Jara. “El sufragio anuncia misas por el eterno descanso de su alma, e involucran a su hijo menor, y le anexan un anónimo que firma supuestamente ‘Comando Vladimir Baquero’, que es de ingrata recordación para la rama judicial porque fue uno de los primeros comandantes paramilitares que perpetró la masacre de La Rochela”, sostuvo el jurista. El presidente Uribe pidió “a los órganos del Estado y a todos los colombianos a pensar en una legislación que rodee de garantías a las Fuerzas Armadas, en el marco de su debida eficacia y absoluto respeto a los Derechos Humanos”. Un pedido muy similar al hecho 20 de mayo de 1992, al congreso para conseguir un indulto aplicado para el M-19. Que no haya castigo y que la fuerza pública haga lo que haga siempre se le aplauda. En honor a la democracia lo que sí sabemos es que el fallo judicial no cambiará el presidente con discursos a través de los medios de comunicación. No es el lugar no la forma legal, constitucional y adecuada.