Colombia y Yo

El Estado de Derecho venció en franca lid, al Estado de Opinión que el presidente inventó para presionar beneficios para sus intereses personales. Pasado el momento del impacto, se está llegando al criterio de que “La Corte no está en contra de las mayorías, simplemente esté a favor de las leyes y  la verticalidad de su aplicación. Lo que pasa es que, en un Estado de Derecho, las cortes, también deben someterse a la ley y si no lo hacen recibir castigo”. La polaridad sigue. Mientras para la oposición el panorama esta despejado y libre, para los uribistas siguen apareciendo impactantes nubarrones que amenazan tormenta. Uribe ni todo su gobierno podrá hacer nada diferente a cruzarse de brazos y ver como van cayendo uno a uno en un pozo de fango. Algo parecido a lo que sucede con la parapolítica. No siempre ser servil deja ganancias.

Durante la aprobación del referendo reeleccionista en el Congreso los uribistas celebraron su victoria. Por la televisión se vio como el ministro del Interior abrazaba de felicidad a los congresistas para celebrar que fuero capaces de pasar por encima de la Constitución y las leyes. Hoy lloran amarguras. Los errores se pagan, y es así que los errores con los que algunos reeleccionistas viciaron el referendo van tener consecuencias jurídicas. No se puede violar la ley gratuitamente. Quienes las desconocieron  y estimularon su desconocimiento desde altos cargos públicos, podrían verse en problemas con la justicia y sus carreras políticas podrían llegar a su fin. La sentencia de la Corte Constitucional será el motor que impulsará las investigaciones judiciales y disciplinarias que iban a paso lento contra los violadores de leyes para buscar la reelección presidencial que fracasó por ese motivo.

Los primeros son los 86 congresistas que en la Cámara de Representantes votaron afirmativamente el segundo debate del proyecto de referendo. Lo hicieron en aquella madrugada del 17 de diciembre de 2008 desconociendo las advertencias que se les hacían. No sólo votaron “a espaldas del país”, como muchos puntualizaron entonces y a pesar que el proyecto no tenía el certificado del Registrador Nacional, fundamental para que la ley siguiera su camino. La Corte Constitucional dijo que “el Congreso no tenía la competencia de decidir sobre el referendo porque no cumplía con uno de sus requisitos previos”. Aquí hubo presencia de altos funcionarios del gobierno estimulando el desconocimiento de la ley. A los 86 representantes, la Corte Suprema de Justicia los investiga por su responsabilidad en el delito de prevaricato que tiene consecuencias penales y disciplinarias. La

Procuraduría “se ha demorado mucho en abrir investigación” a estos 86 congresistas, es un criterio ganaralizado.

El ideólogo del referendo y sus promotores estaban contentos con el concepto de la procuraduría. Saltaban de la dicha. Ya no lo hacen, porque saben que tienen una investigación penal contra él, y siete de sus principales sirvientes en la promoción de la iniciativa.  Será el coletazo directo que tendrá que asumir tras el fallo de la Corte, organismo que halló procedimientos irregulares. “La corte alertó a los investigadores sobre la triangulación que hubo entre los propios promotores del referendo para no mostrarle al registrador la violación de las normas legales sobre los topes de financiación en que incurrieron. Ven la existencia de posible responsabilidad en el delito de fraude procesal, que contempla penas entre prisión de cuatro a ocho años, y sanciones e inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas de cinco a ocho años”.

Los cinco voltearepas de Cambio Radical no han podido dormir muy tranquilos. Creyendo  estar amparados en la reforma política, que permitía el ‘voltearepismo’. Supusieron haberse habilitado, pero, no fue así. Quienes traicionaron su causa, “nunca renunciaron a Cambio Radical” y el fallo de la Corte Constitucional puntualiza que vulneraron el régimen de bancadas y lo que es peor, que pudieron haber incurrido en doble militancia. “Un cambio de partido, en las condiciones específicas y como partes de una cadena de vicios e irregularidades que se realizó, no puede ser un instrumento para desconocer la Constitución”. La doble militancia es una conducta sancionable hasta con la “pérdida de investidura” o lo que es lo mismo, la muerte política. El exorbitado amor por Uribe, que no les permitió pensar, los podrá enterrar políticamente para siempre. Ahora, falta ver si el gobierno cumple con la promesa del ministro de Interior Fabio Valencia Cossio, de colaborar en los millonarios gastos que estos eventuales procesos significarían o hará lo que hicieron con Yidis. Se le van todos encima para tratar de desprestigiarla y pulverizarla. ¿Los ministro y el presidente tendrán fuero impunidad?

Nota.- “El que las hace las paga”. Todos los errores y abusos tarde o temprano se tienen que pagar. Entre más tarde lo haga, será más caro.

Con mucha habilidad, como si se tratara de equilibristas, algunos “dirigentes” uribistas hacen un esfuerzo grande por acusar a la Corte Constitucional de ser los responsables, hasta el momento, del fracaso del referendo reeleccionista, pero no se miran a si mismos. Tratan de taparle a la opinión pública que los verdaderos responsables fueron quienes creyeron que podrían pasar por encima de las normas legalmente establecidas impunemente. Quienes le fallaron a los cuatro millón es de personas, que dicen están  detrás de la ley referendo, fueron sus promotores al no haber actuado con pulcritud y verticalidad, entre ellos, el propio presidente Uribe y su ministro del Interior. Los únicos responsables del “sabor amargo” que les queda en la boca a ciertas personas fueron quienes actuaron “para atropellar el trámite, el transfuguismo, el cambio de la pregunta hecha al soberano, la incorrecta convocatoria a sesiones extras y la violación de los topes de financiación”. Los Magistrados han demostrado que están actuando como la constitución lo ordena y con un respeto casi sagrado hacia los 52 o más millones de colombianos. Demostraron que su ética profesional y su moral no son factibles de “comercialización”.

“Nosotros tenemos que ser respetuosos de la justicia, esas son las instituciones, a mí me decepciona porque cuando un tema tan importante sobre el que se ha manifestado el pueblo con cuatro millones de personas que quieren una reelección es derrotado, es decepcionante”, dijo el ex ministro de agricultura, hoy investigado administrativa y penalmente. El mismo quien ostenta la candidatura conservadora. El ponente de la sentencia, magistrado, Humberto Sierra Porto, consideró que “los vicios que se presentaron a lo largo de la formación de la propuesta hacen que sea inconstitucional… hubo errores gravísimos”. Esas culpas no las cometió la Corte Constitucional, los consumaron intencionalmente y a sabiendas, quienes tramitaron  e impulsaro la ley. Muchas advertencias fueron hechas a su debido tiempo, pero, poca importancia se les dio a los llamados. Pasaron por encima de todo sin importarle  la normatividad obligatoria de cumplir.

La ponencia da especial importancia a la violación de los topes de los aportes personales, así como al hecho de que la expedición del certificado del registrador nacional del Estado Civil no llegó a tiempo antes de la discusión de la iniciativa en el Congreso. De $340 millones brincaron a más de dos mil millones porque les dio la gana. El cambio de texto que distorsiona la voluntad popular. Se engaño a esos 4 millones de colombianos a quienes les dijeron una cosa y luego le salieron con otra. No fue la voluntad de un pueblo sino de un pequeño grupo de políticos en transe de hacerse simpáticos a Uribe. Tiene herido de muerte la ley del referendo la realización de una sesión en el Congreso el 17 de diciembre de 2008 sin haber sido convocada en el Diario Oficial. Eso hace inconstitucional cualquier ley. Le apostaron a un grave error que constituyó el “transfuguismo”, irregularidad que se presentó durante la votación de la iniciativa. Esos errores, los colombianos sabemos que no los cometió la Corte sino los uribistas quienes en determinados momentos se creyeron autorizados a violar las leyes impunemente. Así se decepcione, Andrés Felipe Arias, la Corte Constitucional no podría avalar el desacato de la ley como desgraciadamente si lo hizo el procurador de bolsillo que tiene el presidente.

El presidente Uribe ya se dio cuenta por dónde va el agua al molino, de ahí la serie de reuniones de carácter político partidista urgente que sostuvo el día anterior, abandonando por completo la labores de gobierno. Mostrando un gesto de reflexión poco usual en él, dijo que, “Sobre este tema de la Corte Constitucional aportaré prudencia para contribuir al tranquilo discurrir de las instituciones”. A pesar de que dice que el presidente aun no le ha dado permiso para ser candidato, el ex ministro de Defensa y actual presidente del Partido de la U, no descartó una futura coalición con Germán Vargas Lleras. El problema político con él era la reelección.  Hoy se recuerda la forma tan grotesca como lo trató cuando Vargas anuncio que sería candidato por fuera del uribismo. La Corte,  de ahora en adelante, todos los jueves y viernes, a partir de la otra semana, se reunirá y discutirá el referendo hasta elaborar un fallo final e inapelable. Para eso disponen de 60 días, pero es probable  que Colombia lo conozca antes. La última palabra la tienen los nueve magistrados integrantes de la Sala Plena, quienes a no dudarlo actuarán en forma vertical y jurídica, lejos de la politiquería con la  que los quisieron contaminar. El presidente de la Corporación de Justicia les ha dado una seña a los demócratas cuando afirmó que se usará menos tiempo del posible y que actuarán estrictamente en derecho sin ninguna otra consideración. Que no se dejarán asustar ni intimidar de nadie por poderoso o peligroso que sea, que ya están acostumbrados a ello y  que quienes lo pretenden hacerlo, están perdiendo el tiempo. En otras palabras, hay poco que discutirle a la ponencia por lo que “saldrá rápido”.

Nota para la conciencia nacional.- Los culpables al descalabro de la ley de reelección  fueron sus impulsores, esos quienes se creyeron en determinado momento por encima de la ley y que por ser una montonera mayoritaria le iban a tener miedo. No busquen responsables en la Corte Constitucional porque allí no los van a encontrar. En el congreso, en el ministerio del Interior y en la Casa de Nariño, los encontrarán. Son los mismos están asustados lanzando pestes y despotricando del honor y la dignidad de quienes actúan con rectitud y apego a la ley.

Les sobra razón a los voceros de la iglesia católica cuando aseguran que un presidente Álvaro Uribe no puede dejar en manos de “Dios” la toma de determinaciones políticas de la trascendencia de la reelección. A Dios lo que es de Dios y al César, (Álvaro), lo que es del César. Uribe, según el secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, está dejando en manos del Creador cuestiones que son netamente responsabilidad del mandatario colombiano, le esta sacando el cuerpo a la honradez y claridad. Un Estado no se puede manejar echando una bola a rodar por un precipicio haber qué pasa. Además, destacaron, Colombia no es un país confesional sino un estado laico. Si fuera confesional, se da un ejemplo, no hubiese permitido que se aprobara la ley de aborto, a la cual se opone la iglesia católica y Dios a través del quinto mandamiento que establece, “no matarás”. Todos los colombianos entendemos que la invocación a Dios en esta caso, es un truco platico del mandatario, para aparentar mucha religiosidad y tratan de captar la opinión de católicos y cristianos en general.

El Secretario de la Conferencia Episcopal, Monseñor Juan Vicente Córdoba, puntualizó que el presidente Álvaro Uribe, como jefe de Estado, no puede acudir a “Dios nuestro Señor” para definir su futuro en la Casa de Nariño. Esas son cosas materiales que nada tienen que ver con la espiritualidad que implica la presencia del Creador. “No nos queremos poner nosotros a decir ni si, ni no, porque un pastor no divide a su rebaño y si decimos sí, los de no se van de la Iglesia o se ponen en contra de la propia Iglesia; si decimos no, los de sí se sienten que sus pastores no los apoyan. Un pastor no sectoriza, un pastor une, por eso nosotros no nos definimos si sí, ni no”. La Iglesia no tomará partido en la eventual reelección del presidente Uribe. Será cada obispo a titulo personal, quien se pronuncie públicamente o en privado. Si la iglesia como iglesia no se mete en ese estercolero de la reelección de Uribe, no es correcta que sea invocado Dios, que es el mismo Dios de los que se oponen. Al fin y al cabo son colombianos y en pleno uso de sus derechos políticos que no se le pueden recortar a nadie.

El jerarca de la iglesia católica consideró que, “El presidente como persona puede ser de otra religión y como persona puede alabar a su Dios y decir que pone en manos de su Dios en lo que quiera. Como jefe de Estado no. Como jefe de un estado laico no se puede poner en manos de Dios ya que Colombia no es un estado confesional. Es impudente y casi obra del demonio que use a Dios para conseguir aprobación de determinadas leyes que lo van a beneficiar sino a él. Si dijera que los obispos y los pastores definan la reelección seria una equivocación. Entonces el nuestro no sería un estado laico. Si el jefe de un Estado se une a una Iglesia o una creencia religiosa para la toma determinaciones políticas o administrativas, lo vuelve confesional”. La recomendó sacar a Dios de este berenjenal humano salpicado de infinidad de dudas y que creará enfrentamiento entre los colombianos. El Secretario de la Conferencia Episcopal que son la Corte Constitucional y el pueblo los únicos que decidan si el presidente Uribe es reelegido para un tercer mandato.

Buen número de obispos y arzobispos colombianos han expresado su pensamiento sobre la reelección de Uribe. Cardenal Rubiano considera que, “no es buena y que por el contrario le podría causar daño a la democracia y estimular la corrupción administrativa. Que la democracia requiere de movilidad y que no es sano que una persona o un criterio político se perpetué en el poder. Dentro de los aspirantes a la Casa de Nariño hay gente muy capacitada que lo haría igual o mejor que Uribe”. Como asegura en secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, es la Corte Constitucional y el pueblo los que den el fallo final. El resto, incluido Dios, nada tiene  que hacer ahí. Colombia es un “Estado Laico” y no se puede usar a Dios para unas cosas y dejarlo de lado para otras. Reitero, para establecer el aborto, al que se opuso la religión, Uribe no invocó a Dios, por eso, hacerlo ahora que es para benficiar sus desesperadas ansias de poder, es un abuso. Es usar viejas y ya conocidas técnicas engañosas del culebrero antioqueño para poder vender sus pomadas que no sirven para nada.

Nota.- Como todos los colombianos lo esperaban se dio el “concepto” de la Procuraduría sobre la legalidad de la  ley de la reelección de Uribe. Por ser un incondicional del presidente, sus políticas y como forma de agradecimiento por haberlo postulado para el cargo, fue positivo. Sus justificaciones no fueron muy claras. El funcionario trató de enredar cuando explicaba el por qué en la televisión y llegó a sostener que las irregularidades en el tramite no son malas si se trata de favorecer al presidente. Este concepto no es obligatorio para la Corte Constitucional y lo puede aceptar o hacer a un lado, tirarlo a la bolsa de la basura.