Expertos en seguridad de nacionalidad Venezolana sostienen que, “muchas agencias poseen documentación de las actividades que desarrollan las Farc en el Alto Apure constatando que hay células guerrilleras. Es gente trabaja muy a fondo sobre logística para el narcotráfico, secuestros y reclutamientos. Los grupos guerrilleros colombianos se mueven a lo largo de la frontera con pleno conocimiento de las autoridades venezolanas y en ocasiones con su apoyo directo como indirecto. Eso se ha incrementado en los últimos tres años, cuando simultáneamente han entrado en crisis las relaciones colombo venezolanas”. Otra verdad, esa colombiana, es que en más de un centenar de ocasiones el gobierno de Uribe ha hablado de “tener pruebas”, pero nunca las ha mostrado ni entregado a las autoridades competentes. El gobierno de Venezuela siempre ha desmentido esas afirmaciones. Los uniformados colombianos no se pronunciarán sobre el tema porque es netamente político y le corresponde al ejecutivo.

En las últimas horas, Uribe y sus ministros sostuvieron que, “El Gobierno Nacional tiene evidencias que acreditan la presencia en la República Bolivariana de Venezuela de algunos cabecillas del grupo terrorista de las Farc”. Señaló a, “Iván Márquez; Rodrigo Granda, alias Ricardo; Timoleón Jiménez, alias Timochenko y Germán Briceño, alias Grannobles de las Farc y Carlos Marín Guarín, alias Pablito del ELN”. Como novedad el gobierno mostró algunas coordenadas que ubicarían posibles campamentos. Expertos en temas de seguridad, de nacionalidad bolivariana, advirtieron que la presencia de las Farc en Venezuela, “es una realidad y responde a necesidades tácticas y estratégicas de la guerrilla que pretende fortalecerse desde el exterior”. Jhon Marulanda indicó que, “en varios estados venezolanos en límites con Colombia, sobre todo en zonas montañosas de Apure y Zulia, se ha comprobado la presencia de las Farc, en campamentos ocupados por pequeñas células que no pasan de 25 hombres, quienes atraviesan la frontera, entran y salen permanentemente”. Otro tanto han sostenido gobernantes regionales y locales, periodistas y ganaderos de ese país, mostrando videos y fotografías abundantes. “Los cabecillas y guerrilleros rasos se resguardan en Venezuela para garantizar sus negocios con el narcotráfico, secuestrar y esconder gentes y otras actividades”. La presencia de las Farc se fortaleció desde cuando el presidente de Venezuela sirvió de mediador en un intento de negociación entre Colombia y la guerrilla. Estos grupos van y vienen a lo largo de la frontera. Las Farc tienen 1.500 hombres en 28 campamentos en Venezuela”.

Desde hace ya varios meses el presidente Alvaro Uribe ha dicho que el gobierno tiene datos que indican que miembros de las rebeldes FARC viven en Venezuela. El ministro de la Defensa, Gabriel Silva, afirmó que jefes del ELN, como Antonio García, Pablo Beltrán, entre otros, también estarían en Venezuela. Colombia nunca ha mostrado tales evidencias, mientras el gobierno de Venezuela siempre lo ha desmentido. No ha pasado de las palabras que según el adagio popular, “se las lleva el viento” El vicepresidente, Francisco Santos, dijo que los colombianos no pueden seguir engañados y que era necesario probar que en Venezuela viven algunos de los principales jefes de las Farc y el Eln. “Es la reafirmación de lo que se sabía hace rato, de lo que ya se sabe hace rato. Todo el mundo lo sabe que están allá y esto es simplemente la ratificación absolutamente clara y contundente de cómo los señores de las Farc y prácticamente todo el Comando Central (Coce) del ELN vive tranquilamente allá”. ¿Qué busca Uribe con esta arremetida en el momento de su salida?, preguntan los sectores políticos. ¿Dañarle los proyectos a Juan Manuel Santos frente al problema con Venezuela?

Es interesante tener en cuenta que el ex director de Inteligencia Militar de la Guardia Nacional Venezuela, Ovidio Poggioli, reveló que, “Después de que llegó el presidente Chávez a la presidencia las unidades de inteligencia de la frontera fueron retiradas (…) lo que facilitó que toda la zona fronteriza se convirtiera en un aliviadero de la subversión colombiana” El ex comandante del frente número 2 de la Guardia Venezolana que operaba en Táchira, Zulia y parte de Apure, corrió la cortina de ciertas verdades tapada, al firmar que, “desde 1997 la presencia subversiva colombiana en la frontera con Venezuela era una realidad. La guardia nacional venezolana realizaba labores de inteligencia para detener a estos grupos guerrillero, pero se ordenó suspenderlas. Es muy factible que estos jefes de las Farc e inclusive del Eln utilicen a Venezuela como madriguera de escondite”. La madre de un policía secuestrado hace 11 años por las Farc, en el municipio de Puerto Rico, Meta, denunció que, “Mi hijo está vivo en Venezuela en calidad de secuestrado por el grupo armado ilegal de las Farc”. Germán Vargas Lleras, ex candidato presidencial, hace algún tiempo presentó en el Congreso colombiano fotografías y pruebas de que los jefes guerrilleros se esconden en campamentos en Venezuela, muy cerca a la frontera nororiental y que desde allí ordenan cometer ataques contra las Fuerzas Armadas colombianas. Coinciden con las coordinadas conocidas ayer.

¿Este nuevo episodio será “llover sobre lo mojado”?

El homicidio de siete militantes de partido político Polo Democrático Alternativo, en los últimos tres meses, obligó a su dirigencia a denunciar eso delitos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. El estado de inseguridad y desprecio de las autoridades por frenarla es visible. En el país hay experiencia con otros partidos de izquierda que fueron aniquilados por los sectores de extrema derecha al punto de no dejaron ni el rastro de lo que fueron. Entre ellos la Unión Patriótica. “Contra los integrantes de Polo no cesan las acciones de intimidación. Han recibido amenazas por parte de grupos armados al margen de la ley, terroristas de extrema derecha, quienes volvieron a pasearse por Colombia, como “Juan por su casa”. Estamos a un nivel similar a de la época bárbaras de Pablo Escobar y del maridaje letal entre políticos corruptos y paramilitares de la ultima tercera parte fin del siglo 20.

La Presidenta del Polo Democrático Alternativo, Clara López, anunció la conformación de un Pool de abogados para preparar y presentar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, una solicitud formal de medidas cautelares para la protección de la vida de los dirigentes y representantes del Partido en los cargos de elección popular. Otro tanto para quienes hicieron dejación democrática de sus posiciones con motivo de las elecciones parlamentarias que acaban de pasar. López Obregón solicitó una reunión con el Ministro del Interior y justicia, “para darle a conocer esa denuncia internacional de los sucesivos crímenes contra sus militantes y realizar el seguimiento al acta de la reunión sostenida con él donde se discutió sobre medidas de protección al candidato Gustavo Petro y al ex Presidente del Partido, Carlos Gaviria. Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, estaremos haciendo una solicitud formal de medidas cautelares para la protección de la vida de los dirigentes y representantes del PDA en los cargos de elección popular”. Con darle a conocer el documento al ministro no se le está pidiendo permiso ni cosa parecida, simplemente se le demostrará a los colombianos y al mundo que no es nada secreto ni clandestino. Simple y sencillamente se le pedirá al gobierno aplicar la Constitución Nacional en donde establece que es su obligación imperativa, inaplazable y inexcusable, es garantizare la vida, honra y bienes de todos y cada uno de los colombianos, sin excepción alguna.

Los últimos caídos con balas fratricidas son: Ibio Efrén Caicedo, educador Afiliado a la asociación de instructores de Antioquia, Rogelio Martínez, líder campesino de San Onofre en Sucre, Iván de la Rosa, líder cívico en Barranquilla, comprometido con la campaña presidencial de Gustavo Petro, Rogelio Tunusco líder en Buga en el Valle, Francisco Antonio Abello, líder en San Juan Paprieto en el Magdalena, Carlos Wagner Valencia, Concejal del Municipio de Tulúa e Inocencio Rengifo, Concejal de Cantón de San Pablo, en el Chocó. Un ejemplo de la forma como murieron: “El cuerpo de Inocencio Rengifo, concejal por el municipio Cantón de San Pablo, fronterizo con Panamá, fue encontrado a la orilla de un riachuelo con un impacto de bala en la cabeza”. El concejal “no había informado ninguna amenaza en su contra”, aseguró el oficial y las autoridades dijeron que “desconocen quienes pueden ser los autores del crimen”. Es el típico procedimiento de los paramilitares de otras épocas aciagas para Colombia. Por lo menos un centenar de dirigentes del Polo Democrático que han recibido amenazas de grupos armados ilegales como “Los Rastrojos” y “Águilas Negras”, integradas por narcotraficantes y ex paramilitares, según las autoridades.

Este partido cuenta con unos 3.000 dirigentes en todo el país y la dirección nacional la forman 260 personas. No se necesita ser militante de él para que duelan esos crímenes. Cualquier demócrata recibe el impacto directamente. En Colombia se viene insistiendo, absurdamente, en una democracia de un solo partido como sucede en Cuba y es por eso que las autoridades nacionales no toleran que haya colectividades que actúen y piensen diferente a ellos. Siempre ha sido su política satanizar y señalar a quien abrace partidos de esencia social. Democracia de un solo partido no es democracia, simplemente es una dictadura. Si en Colombia es imposible, está muy ajustado que se encuentre y halle justicia en el exterior en organismos internacionales. Asesinando gente no se defiende ni se hace patria.

El artista antioqueño, Fernando Botero cuya vida transcurre entre Nueva York, Paris y Roma, afirmó que conocida la realidad del 2010 de su patria, “no descarta retomar el tema de la violencia en Colombia para sus pinturas, que ya ha abordado en cuadros que mostraban a jefes guerrilleros, paramilitares o barones de la droga”. ¿La violencia colombiana le ha vuelto a servir de inspiración como en décadas pasadas?’. ”La verdad es que es algo que a mí siempre me impresiona, la situación de seguridad en Colombia y de violencia…” Expertos aseguran, “es necesaria que las políticas de seguridad que existen en el país sean reestructuradas profundamente. No solo son terrorismo los crímenes y acciones provenientes de la guerrilla, también lo son aquellos concebidos por el narcotráfico, los paramilitares emergentes, algunos elementos de la fuerza pública y la delincuencia común”.

El presidente de la sala administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, magistrado Hernando Torres, divulgó que, “son setecientos los jueces que fueron amenazados en Colombia en los últimos cuatro años. Los más afectados son los jueces especializados, de garantías, de ejecución de penas, además de los magistrados de la Sala Penal de los tribunales superiores y de las Altas Cortes. Los representantes de la rama judicial han recibido amenazas de los actores ilegales del conflicto armado, del narcotráfico, de la delincuencia común, sin desconocer presiones de fuerzas del Estado en diferentes regiones del país, en ciudades capitales y poblaciones con complejidad en el orden público”.

Obispos de diferentes regiones de Colombia manifestaron su preocupación por el incremento de los homicidios. Monseñor Julio Cesar Vidal denunció que, “los profesores de Montería están amenazados por parte de las pandillas. Es un problema de falta de oportunidades para los jóvenes. Más que una respuesta de tipo militar tiene que ser una respuesta de tipo educativo y de oportunidades de trabajo. El problema de violencia en las ciudades se debe a los grupos emergentes, esos grupos que integran las rutas del narcotráfico son los que más asesinatos cometen y han disparado los índices de homicidios”. El obispo auxiliar de Bogotá, Francisco Nieto, señaló que “el gobierno ha puesto interés en la seguridad del país, sin embargo, ese esfuerzo ha llevado a otras realidades como las bandas emergentes criminales, que integran, especialmente, niños y jóvenes. La prioridad no son las armas, es el diálogo y es la inversión social lo que necesita urgentemente el país. Urge brindarle atención a la población que está sumida en la pobreza y en la miseria, que son las principales causas de la violencia. La violencia es un problema de educación y de oportunidades, más que una respuesta de tipo milita. El Gobierno tiene que darle a los colombianos una respuesta de tipo educativo y acompañada de oportunidades de trabajo”.

Las comunidades indígenas del occidente y centro del país afrontan un permanente peligro de desaparecer por causa del conflicto armado. La Organización de Naciones Unidas constataron los riesgos de exterminio a que están sometidas comunidades como los Awá y los Embera. Catalogaron como grave, crítica y profundamente preocupante la situación loa pueblos aborígenes. Preocupa ver la expulsión paulatina de los habitantes en cabildos, resguardos y comunidades campesinas y afro descendientes. El desplazamiento de los pueblos indígenas es el factor más grave y que pone en peligro la sobrevivencia de pueblos que va camino de extinción. “El Estado colombiano no ha cumplido eficazmente con las recomendaciones que formularon desde de la ONU a favor de las comunidades indígenas que están en medio del fuego cruzado en el conflicto armado”.

En una semana, el departamento de Antioquia, ha sido impactado por tres masacres que dejan a menores de edad entre las víctimas mortales, una mujer embarazada y un bebé de 18 meses. “Al parecer, los actos violentos responden a la guerra que sostienen algunas bandas emergentes por el control del micro-tráfico en la zona”. El hecho más reciente ocurrió en el municipio de Uramita, cuando 17 integrantes de una misma familia fueron sorprendidos por una granada que habría lanzado un grupo ilegal armado. Luego del primer ataque los sujetos dispararon en contra de las víctimas indefensas, heridas o moribundas. En Cali los enfrentamientos entre pandillas siguen siendo el drama. Este año han dejado más víctimas mortales que en 2009. “En lo corrido del año se han presentado 900 muertes violentas, en las cuales el 11% de las víctimas son menores de edad. Las capturas a menores de edad también han aumentado. Entre enero y junio de 2009 hubo 778 arrestos, este año van 975, 26 de estos por homicidio•, señala el informe oficial. Esto es solo una muerta de la violencia que vive el país y como se puede observar fácilmente, los hechos criminales no son de la guerrilla vienen de otras partes. Está bien la acción militar y policial contra las Farc, pero, hay que tener en cuenta que no solo ellos son generadores de violencia y terrorismo. Narcotraficantes y paramilitares llevan la delantera.

Según la Senadora, para lograr estos acuerdos con la guerrilla “se viene trabajando muy fuertemente en una mirada de largo alcance que incluya lograr llegar a una negociación política en este país. En este proceso que se prepara, juega un papel muy importante la Iglesia Católica”. Después de una reunión con la organización social que ella lidera, Colombianos por la Paz y con Monseñor, Leonardo Gómez, obispo de Magangué (Bolívar) y otros voceros de la Iglesia Católica para discernir sobre el tema de los secuestrados, se decidió “reactivar (…) el intercambio epistolar con las Farc y el Eln”. Esto no le ha gustado mucho a los extremistas de derecha liderados desde determinado sector del gobierno de Uribe, que bendito sea Dios, finaliza el siete de agosto. “El jerarca de la Iglesia católica, monseñor Gómez, precisó que “sí hay perspectivas para la liberación de los 19 miembros de la Fuerza Pública que continúan en cautiverio, gracias a los diálogos que ha adelantado la congresista. Lo que se habló la última vez es que entrega individual no habrá, sino que se piensa que sea de todo el grupo, unilateral. No se excluyen otras posibilidades como que las Farc dejaría libres unilateralmente a diecinueve rehenes”. Los familiares de los policías recibieron la noticia como una nueva luz de esperanza, al contrario de las afirmaciones del gobierno.

El don de la palabra que solo lo tenemos los humanos, pero lamentablemente no se ha utilizado en forma adecuada tanto por parte del gobierno displicente como de las criminales Farc. Solo se habla para agredir y polarizar a los colombianos frente a un eventual acuerdo de paz como si lo hubo con los otros salvajes y ultra criminales integrantes de los paramilitares de ayer y de hoy. “Serían condiciones diferentes (para posibles liberaciones), que no voy a mencionar porque creo que no es prudente”, considero la senadora liberal. “En las últimas comunicaciones las Farc han abierto las puertas a una discusión política para la salida del conflicto, que podría incluir el abandono del secuestro como arma de guerra y el respeto del Derecho Internacional Humanitario, las minas antipersonal, los niños en el conflicto”. Gómez Serna, manifestó que, la Iglesia se mantiene en oración para que pronto se den los acuerdos de libertad. Hay que abrir la esperanza y por eso estamos orando”. El ministro de Defensa, Gabriel Silva Luján dio una respuesta que ya habitual cuando se tratan estos temas: “Nosotros tenemos muy poca confianza en supuestos pronunciamientos de las Farc, ustedes saben que el narcoterrorismo se aprovecha para usar a la gente de buena voluntad para engañar al país, lo que más nos duele es que es otro ejemplo del abuso del dolor de las familias de nuestros soldados y policías sometiéndolos a falsas esperanzas. Exigimos nuevamente que liberen a nuestros hombres sin condiciones, ese es el verdadero acto humanitario, lo demás como se dice popularmente es paja”.

El ministro no se quiere separar de la politiquería a pesar que ya la temporada pasó. No nombra ni reconoce la labor de la principal gestora en el proceso de liberación en sus declaraciones. La desconoce en forma grotesca e hiriente. “No tenemos duda de que la Iglesia tiene la mejor intención y la ha tenido, de colaborar, de ayudarnos a recuperar a nuestros hombres, aquí realmente lo que es una infamia es que la Farc se aprovechen de la buena fe de la Iglesia y de otros, y sobre todo le produzca tanto dolor y tanta decepción a las familias engañándolas y creándoles falsas expectativas”. Monseñor Leonardo Gómez, reiteró que confía en que la guerrilla de las FARC libere de manera unilateral a 19 policías y militares que están secuestrados desde hace varios años y que los diálogos que ha realizado la congresista Piedad Córdoba han dado frutos. Desconocernos no es de gente decente. La realidad es que la iglesia católica a través de sus jerarcas confía y el gobierno desconfía.

Como es costumbre, el presidente Álvaro Uribe, con más temblor que una persona que sufre de Parkinson sale a los medios de comunicación a negarlo todo y tratar de darle a la fiscalía, los jueces y las Cortes imagen de delincuentes. Torcer las verdades investigativas que no lo favorezcan. Convoca al combo de periodistas de la Casa de Nariño, seleccionados por serviles e inscritos para recibir dádivas a pedirle explicaciones a quienes a quienes lo hacen bien. Todos los colombianos, por ignorantes que sean, sabemos ninguno de los organismos judiciales tienen por qué darle ni en publico ni en privado al señor Álvaro Uribe Vélez sobre sus logros o fracasos, lo que si tienen que consignarlos en los expedientes. Si le informan a Uribe antes que al expediente cometen un delito y posiblemente eso es lo que busca el presidente para caerles encima y aplastarlos, pero no son tan ingenuos. De esa forma, el saliente mandatario, aparentar ser la víctima de imaginarias acciones delictivas del poder judicial contra su gobierno. Le creerán los ignorantes y castrados mentales. Gracias a que ese comportamiento ha sido tan repetitivo surgió una conciencia nacional s y poco le creen “al impecable presidente de Colombia”, que lo es según su propia opinión y la de sus subalternos. Hoy la Fiscalía en forma interina funciona y está dejando resultados positivos en las investigaciones que más atraen a los colombianos y organismos internacionales. Por su gravedad, protagonistas y mala fe.

Álvaro Uribe está haciendo retos y de un momento para otro le podría salir volver a salir el tiro por la culata. El presidente afirma que, “Cuando he tenido discrepancias con la Corte Suprema de Justicia, las he expresado públicamente”. Ese comportamiento es el que en algunos sectores se reconoce parte fundamental del complot del Estado contra la Corte Suprema de Justicia. Afirmar que, “Nunca he instigado a través de medios de comunicación”, es la afirmación que más sorprende, cuando todos vemos y oímos a diario las salidas en falso del mandatario “porque la justicia investiga”. El colmo del cinismo de las declaraciones de Uribe: “Quisiera que los medios de comunicación de Colombia dijeran si en alguna ocasión, en estos ochos años, la Presidencia o el Presidente de la República los ha manipulado o los ha intentado manipular en cualquier sentido, bien sea para una campaña de desprestigio contra la Corte Suprema de Justicia, que nunca lo hemos hecho, o bien sea que hayamos tratado de manipular a los medios de comunicación con otro propósito”. La libertad de prensa en Colombia no existe, dada la manipulación del gobierno es en todos los sentidos que llegan hasta las manazas”, afirman los gremios de prensa.

“Les pregunté a la Fiscalía, al DAS, a la Corte Suprema: por favor, ¿cuál es la investigación que hay contra el Presidente de la República…” ¿Por que señor Uribe no le pregunta a la Comisión de la Cámara de Representantes que es la única entidad que puede investigar al presidente legalmente? El DAS le respondería que no tiene ninguna investigación y otro tanto la Corte Suprema de Justicia, pero la Comisión de Acusaciones si podría informar que hay cerca de 170, todas paralizadas porque el gobierno lo le da presupuesto ni le permite nombrar gente idónea, además que políticamente la tiene manipulada como tiene manipulada la procuraduría. Es ridículo que los jueces del presidente se reúnan en desayunamos y almuerzos con el acusado, con toda la frecuencia del mundo, a recibir instrucciones del acusado sobre qué hacer con los expedientes en su contra. Parece que “el impecable presidente de Colombia”, no existe.

Los dos líderes estaban amenazados y tenían supuestas medidas de protección que no sirvieron, por lo que espera que las autoridades investiguen y sancionen rápidamente a los responsables. “En su reciente informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia, la Alta Comisionada había alertado sobre el alto riesgo que corren los defensores de derechos humanos que defienden a las víctimas, especialmente si procuran la restitución de tierras… El impacto de estos asesinatos en las víctimas que reclaman sus derechos y no cuentan ni con medidas de protección ni con la publicidad de casos conocidos puede ser tremendo. La Oficina espera que haya un protección real, no virtual o teórica del derecho a la vida de los defensores de derechos humanos amenazados en el Cauca, en Sucre y en otros lugares del país”.

Organizaciones internacionales denuncian que no existe “seguridad Democrática” para defensores de derechos humanos en Colombia. Esto funciona para un determinado sector de la población, pero no es generalizada como los impuestos. Hoy existe una nueva ola de amenazas contra organizaciones sociales y no se ve una dinámica para contrarrestarla. Da la impresión que el gobierno para para otro lado y tolera. Por lo menos 12 organizaciones no gubernamentales de Estados Unidos y Europa que expresan su preocupación frente al riesgo por las amenazas que sufren los activistas en Colombia.”La sanguinaria banda paramilitar Los Rastrojos sostiene amenazas contra 60 organizaciones defensoras de derechos humanos, así como intimidaciones contra el padre Javier Giraldo. 80 organizaciones han sido amenazadas por parte de las Águilas Negras. Existen registros de 125 casos de amenazas en contra de defensores de derechos humanos, de las que 32 resultaron en asesinatos.

Observando los comentarios que los canales de televisión, estaciones de radio, periódicos y revistas les permite a sus lectores virtuales a sus noticias, hay algunos de personas que defienden las políticas del gobierno y el candidato Juan Manuel Santos y agreden e incitan a otras personas hacerlo. Vi una que me horrorizo, al encontrar una que aseguraba que, “quien no es uribista, no tienen derechos en Colombia” e invitaba a impedirle el paso a Mockus a la presidencia porque, “se trataba de un comunista enemigo de la patria”. Entendemos que se trata de personas de muy baja capacidad intelectual y moral, engañadas por discursos con doble moral que veladamente han creado en ellos esa creencia como son el 90% de ese sector político de ultra derecha que quiere perpetuarse en el país y que creara Álvaro Uribe Vélez. El problema es grave, porque el peligro no solo son las bandas criminales de los paramilitares, también lo encierra este tipo de personas que sin darse cuenta les fue lavado su cerebro contra quienes creen en la democracia y los derecho. La preocupación de las Naciones Unidas hacia Colombia se justifica por el descuido de los funcionarios encargados de garantizar la vida de las personas. La displicencia hacia esta obligación legal y constitucional en el desempeño de sus funciones es repugnante.

Un ex mayor de la Policía Nacional acusó ante un grupo de juristas al hermano del presidente Uribe, Santiago Uribe, de montar una estructura paramilitar responsable de varias ejecuciones en el departamento de Antioquia. La revelación la hizo el diario The Washington Post. “Un oficial retirado de la Policía Nacional acusó a Santiago Uribe Vélez, hermano del presidente Álvaro Uribe, de haber creado y mantenido en los ’90`s una estructura paramilitar que cometió varios crímenes de lesa humanidad en complicidad con fuerzas policiales en el departamento de Antioquia, denominada los doce apóstoles. También dijo que el presidente habría apoyado las actividades ilegales de su hermano. La denuncia del mayor retirado Juan Carlos Meneses Quintero se hizo en Buenos Aires hace tres semanas ante un grupo de representantes de organizaciones internacionales que monitorean violaciones de derechos humanos en Colombia entre quienes estaba el premio Nobel de Paz en 1980, Adolfo Pérez Esquivel… Santiago Uribe Vélez, hermano menor del presidente Álvaro Uribe, dirigió en los años 90 a un temible grupo paramilitar que inicialmente mató a ladrones insignificantes, simpatizantes de la guerrilla y a sospechosos de ser subversivos… el grupo criminal se entrenaba en la finca La Carolina, donde la familia Uribe tenía un negocio agrícola… Meneses, fue amenazado de muerte pero se encuentra fuera del país y por eso decidió que la verdad de estos salvajes y criminales episodios, vergüenza nacional, no siguieran la oscuridad. El ex mayor empezó a colaborar con los grupos paramilitares tan pronto fue nombrado director de la policía de Yarumal. En ese entonces, “Santiago Uribe era el estratega y financiaba al grupo”. Declaró que fueron mucha las “reuniones entre los dos para discutir cuál debía ser el siguiente asesinado”. Meneses se aseguraba de que no hubiera agentes del orden donde se producía las matanzas. El entonces senador Álvaro Uribe, luego gobernador de Antioquia y hoy presidente de Colombia sabía lo que estaba pasando. La justicia colombiana archivó en su momento la investigación. Según el Post y muchos juristas colombianos, las afirmaciones de Meneses podrían ser motivo suficiente para que los investigadores reabran el caso. Meneses y algunos de los implicados fueron encarcelados brevemente pero nadie fue condenado. Por el “trabajo”, dijo el ex policía, le pagaban unos 2.000 dólares (4 millones de pesos). El diario también incluye el testimonio anónimo de otro funcionario en Yarumal en el que habla de cómo comenzó a crecer el número de muertos en la zona. “Primero eran adictos y criminales menores, luego más y más muertos”.

El premio Nóbel de Paz, el argentino, Adolfo Pérez Esquivel, dijo que las denuncias sobre la participación del hermano del presidente Álvaro Uribe, Santiago Uribe, en la creación de un grupo paramilitar, serán elevadas ante la justicia colombiana. “Nos hemos reunido varios juristas de reconocida trascendencia internacional para escuchar el testimonio y estamos trabajando para elevar a la justicia colombiana el informe y si la justicia no se pronuncia o se investiga lo correcto será llevarlo ante la justicia internacional. Primero hay pasos que dar. Primero a la justicia colombiana para que los jueces puedan determinar… es la justicia del país la que tendrá que investigar y determinar la veracidad de la denuncia del mayor Meneses para que esto pueda ayudar a resolver los problemas que vive el pueblo colombiano”. El pueblo colombiano tiene la palabra y el próximo domingo definir sobre si seguir con un gobierno que promete ser lo mismo que el de Uribe con de episodios oscuros, el desconocimiento de la ley y el uso legal e ilegal de las armas o un gobierno que garantice la legalidad por encima de todo, la separación de poderes y la rectitud de todos sus funcionarios y castigo para todos los criminales bien sean de extrema derecha o extrema izquierda.

De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia llegó a través de la línea nacional del ente acusador el pasado 26 de abril. La persona que se comunicó no quiso revelar su identidad pero aseguró que conoce de un plan para atentar contra el candidato, organizado por un grupo indeterminado de personas. También alerta sobre la necesidad de reforzar la seguridad. La Fiscalía continuará verificando los hechos que denunció el anónimo agotando todas las instancias, para corroborar o descartar totalmente la hipótesis. “No encontramos una información que corrobora esta idea del plan. Pero naturalmente tenemos que seguir investigando”. dijo el funcionario. En Colombia no es raro que sucedan estas cosas, muchos son los crímenes de prohombres que han aspirado a la presidencia y que se han negado la férula de los políticos tradicionales y los han asesinado quedando luego en la impunidad. Ejemplos: Galán y Gaitán y otros que hacen una lista bastante larga. Mockus ha roto los cálculos electorales de los tradicionales omnipotentes del Estado y el poder. Según el Ministro de Defensa, “”Mockus tiene una seguridad muy robusta. Además, él es un candidato muy disciplinado y eso facilita la labor de protección”. Eso no es suficiente, mas vale prevenir que luego lamentar.

El atentado se está fraguando “…por el auge y popularidad que el candidato ha alcanzado en los últimos días y que lo pondría de Presidente de los colombianos sin pasar a la segunda vuelta… la razón que justificaría la decisión de atentar contra el candidato, está en la falta de voluntad y conocimiento de éste (Antanas Mockus) en los temas de seguridad del país y que su gobierno dejaría a los colombianos a merced de los grupos terroristas como las Farc y que no estarían dispuestos a permitirlo”. Las investigaciones hasta el momento las han orientado a establecer, “que grupo o grupos al margen de la ley estarían detrás de la ejecución de este posible atentado (tener en cuenta ideología)…”. Indudablemente que detrás estarían los grupos político/ criminales de extrema derecha quienes desde un principio de la campaña han demostrado su desagrado con el arrollador avance del partido verde y del estilo con conciliador, legal, analítico y amable de Mockus. El Ministro precisó que, “En ocasiones esas versiones salen por desinformar y fomentar el desconcierto. No hay que descansar, igual estamos atentos todos los días y dialogamos casi a diario con los candidatos para darles tranquilidad… En todos los casos la gente tiene derecho a saber los planes de estos criminales, para que se pueda avisar a tiempo cualquier hecho irregular, la ciudadanía es la columna vertebral de la seguridad”.

El candidato presidencial del Partido Verde, Antanas Mockus, se declaró preocupado por el informe de la Fiscalía. “Tengo confianza en las autoridades, yo siento que Colombia me respeta, yo siento que el gobierno me protege… No quiero ser un mártir, por eso matizo lo que digo y rodeo con mucho cariño a cualquier colombiano, incluso al que me amenaza… Nosotros confiamos plenamente en la policía, que nos ha dado todos los cuidados y garantías y la responsabilidad que debe tener el gobierno y las responsabilidad que debe tener el Estado colombiano de permitir que nosotros podamos hacer la política en con seguridad”. Alguien sugirió tener extremo cuidado con cierto venezolano recientemente contratado para reestructurar la campaña de Santos, especialista en “publicidad negra” y quien por dinero no tiene escrúpulos de inventar y divulgar cualquier situación de cause repugnancia y terror dentro de los electores. Es un venezolano del que no se sabe si tiene autorización legal y constitucional para intervenir en la política interna de Colombia y sobre todo generando Publicidad negra y terrorismo político, es como para dudar. ¡Ninguna teoría puede ser desechada!

Como ejemplos de violaciones de derechos humanos el organismo internacional argumenta sobre los enfrentamientos públicos de la rama judicial con el Gobierno, las dificultades en materia de seguridad para los magistrados y los inconvenientes para elegir fiscal, así como la demora en los procesos de liberación de policías y militares en poder de la guerrilla… Algunos funcionarios públicos civiles y militares, han continuado realizando declaraciones contra defensores y defensoras de derechos humanos, acusándoles o sugiriendo a las gentes ignorante y violenta que su trabajo es contrario a los intereses del Estado o que son simpatizantes de la guerrilla. Tales señalamientos aumentan los factores de riesgo de los defensores y defensoras y profundizando la desconfianza entre el Estado y la sociedad civil…” El Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su sesión13, fue destinatario de esta y otras amplias informaciones. Se está mostrando la enfermedad para de manera conjunta poder aplicar las soluciones. Tapar es complicar a impedir que lleguen las soluciones que son requeridas y Colombia pueda salir de este plano de señalamientos que humillan y avergüenzan.

Kyung-wha Kang precisó que, “Las amenazas y asesinatos contra sindicalistas, periodistas, personas lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas (LGTB) y contra quienes promueven sus derechos, son motivo de especial preocupación. Las personas que representan y apoyan (…) especialmente si procuran la restitución de tierras usurpadas, han sido amenazadas e incluso asesinadas. También han recibido intimidaciones quienes, “trabajan por la paz, líderes comunitarios y funcionarios que promueven y defienden los derechos humanos”. El informe muestra cómo el conflicto armado interno sigue planteando graves desafíos, incluido “el total desprecio del derecho internacional humanitario por los grupos guerrilleros. Esta situación se ve exacerbada por la violencia contra los civiles por grupos armados ilegales que surgieron tras la desmovilización de los paramilitares, los vínculos entre los grupos armados ilegales y el tráfico de drogas, agregó ACNUDH. Subrayó los efectos de la violencia en las comunidades indígenas y afrocolombianas, reclutamiento de niños por grupos armados y al aumento de casos de violencia sexual por parte de estos grupos, lo que calificó de alarmante”.

Colombia registró graves amenazas contra los implicados en los procesos judiciales relacionados con los asesinatos extrajudiciales, que van desde la presión contra los abogados y los testigos, a las amenazas de muerte y asesinatos. Aumentaron de las amenazas contra defensores de derechos humanos. Se celebraron los avances en el diálogo entre el gobierno y la sociedad civil sobre la mejora de las garantías para los defensores de los derechos humanos. Se congratuló de los pasos tomados para acabar contra la impunidad al valorar la decisión de la Corte Constitucional de declarar las desapariciones forzadas como un crimen permanente, en concordancia con los estándares internacionales. “Es fundamental que todos los casos de violaciones de derechos humanos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas sean vistos por tribunales civiles”. El gobierno de Álvaro Uribe no ha sido el más destacado en esta materia, por el contrario dentro del común de las gentes hay otras creencias de que son azuzadores y tolerante. No ha habido claridad plena sobre la chuzadas que realizo el Das, lo complot organizados contra las Cortes, etc. Uribe no destaca en DDHH, es de lo mas malito que ha habido en la historia del país.

Según el religioso, detrás de las intimidaciones podrían estar personas que él en el pasado ha denunciado por la violación de derechos humanos. Según el resto de colombianos eso es verdad.”Yo lo que leo es que es un grupo que se siente molesto por las denuncias que uno hace y, de pronto, por acciones judiciales que están en el momento sobre el tapete en el país”. De eso no cabe la más mínima duda. Giraldo denunció al general del Ejército Rito Alejo Del Río de estar implicado con las bandas paramilitares y de llevar el terror a la región del Urabá, en los departamentos de Antioquia y Chocó. Hoy está en la cárcel por muchos años. Denunció internacionalmente una alianza conformada por militares, paramilitares y narcotraficantes que asesinó selectivamente a unas 200 personas. Se trata de casos de ejecución extrajudicial, homicidio intencional y desaparición forzada, que, “en su casi totalidad permanecen en la impunidad”. Uno de los hechos de mayor repercusión fue una matanza de ocho vecinos de una humilde comunidad campesina, entre ellos un menor de edad y un bebé, así como dos líderes del asentamiento. El crimen masivo fue cometido en febrero de 2005 por paramilitares que acompañaban como guías a militares que hacían operaciones en la zona. El gobierno sindicó a la guerrilla y su versión la difundió de manera profusa, incluidos discursos presidenciales y ministeriales, por sitios oficiales en Internet y todos los medios de comunicación existentes, pero luego se probó que no fue así. El documento se retiró de la red cuando la investigación judicial estableció que la matanza fue cometida por paramilitares varias decenas de militares. Los funcionarios callaron. En la actualidad, por este motivo, 11 uniformados están en la cárcel como coautores de ese homicidio colectivo. Lo apuntado son solo muestrarios de los logros del sacerdote para desenmascarar violadores de los derechos humanos y de lesa humanidad. Giraldo advirtió de que la fiscalía ha recibido unas 150.000denincuas sobre ejecuciones extrajudiciales en el país. La misma entidad dice tener abiertos 50.000 expedientes por desaparición forzada. El resto están en la impunidad. ¡Simplemente repugnante!

Los colombianos de bien, quienes aman la democracia, la paz y la libertad, la Patria y quienes condenan el crimen por que lo consideran malo venga de donde venga, han señalado que, “Rechazamos estas amenazas contra el padre Giraldo, quien ha intentado defender los derechos humanos, a los colombianos humildes y olvidados del Estado y el gobierno y no dejar en la impunidad los crímenes e infracciones contra el Derecho Internacional Humanitario que se han cometido y se siguen cometiendo en Colombia… estas amenazas son ciertamente una respuesta a su indeclinable compromiso con las víctimas de esta violencia”. Los primeros grafitis aparecieron el pasado 22 de abril, día en el que Giraldo habló de la situación colombiana de derechos humanos en un congreso mundial sobre trabajo en desaparición forzada y exhumación de víctimas reunido en Bogotá. “Colombia no uribista solicita a las autoridades que se determine quiénes son los autores de estas amenazas y reclaman que se definan las medidas de protección, con la misma celebridad con que se está trabajando contra quienes supuestamente amenazaron por Internet al hijo del presidente. Que se enjuicien y reduzcan a prisión a sus responsables. No es posible dejar seguir prosperando este tipo de abusos contra quienes no actúan solo para exaltar hipotéticas bondades del actual gobierno y sus secuaces. No podemos seguir en el mismo cuento de que, porque no se tapan los crímenes de estado, de los paramilitares y los traficantes, se es marxista y terrorista. Este virtuoso sacerdote jesuita no puede seguir en la mira de los extremos derechistas responsables de tanta sangre derramada inocentemente.